Padres buscan que Scioli intervenga
Según mencionó a NCO una de las madres, la entidad está funcionando como colonia de vacaciones durante el verano y, pese a no estar permitido y no contar con la infraestructura adecuada, acepta la incorporación de chicos con capacidades especiales. “La directora está denunciada por encerrar en el baño como penitencia, con la luz apagada, a cuatro alumnos de cuatro años”, denunció una de las trabajadoras sociales que interviene ante el pedido de los damnificados.
Nora Adámoli
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Una de las madres damnificadas, que optó por no dar a conocer su nombre completo por temor a represalias contra su hijo, remarcó que el jardín es un materno infantil privado, que acepta niños a partir de los dos años.
Ubicado en Catriel 3961, la mujer contó que, cada tanto, “se presenta una inspectora y revisa las instalaciones. Dice que todo está bien y que se trabaja correctamente, pero por empezar, hay maestras que están trabajando en negro y a las que se le debe dinero”.
“Es necesario que alguien vaya a controlar esto. Si es posible, el gobernador. Tienen que penarse todas las irregularidades que encontramos en este lugar, mirar los papeles, a ver si realmente se trabaja como corresponde”, mencionó.
Su nene, que sufre de TGD, asistió a la institución hasta noviembre último cuando sucedió un episodio que todavía no puede olvidar: “La directora lo llevó al baño y él comenzó a gritar. Ya no pide para hacer pis. No quiere ingresar a ese baño y grita constantemente. Eso es algo de lo que no pudo recuperarse”.
Con respecto a la documentación, que junto con la obtenida por otros padres, sería presentada ante la Provincia gracias a la ayuda de una trabajadora social que está tomando nota del caso, el jardín no figuraría como integrador tal como lo promociona en la práctica.
“Tengo los recibos guardados, que están sellados a nombre del jardín Nahuali, ubicado en Catriel 3961. No es integrador. Hace dos años que mi hijo concurre y como mis sobrinos conocen a la directora, hubo un contacto y fue ella quien nos pidió que hiciéramos ver al nene por los médicos. Finalmente, el diagnóstico lo supimos cuando el chico ya estaba concurriendo a la entidad que ahora funciona como una colonia de vacaciones, hasta que comiencen las clases el año próximo”, dijo.
Asimismo, señaló que el niño tenía clases tan sólo tres veces por semana, con una maestra que no era titular en la institución. “La llevaba el centro integrador. Mi hijo está matriculado en una escuela especial para que pueda estudiar, del mismo modo que la docente debería ser de una escuela de estas características. Los miércoles, él no iba porque tenía equinoterapia y fonoaudiología. Los lunes, cuando sí tenía que cursar, también quedaron suspendidos porque la maestra no podía asistir”, remarcó.
Sin embargo, esto no es lo más escalofriantes: “El jardín tiene una denuncia penal y cuatro exposiciones civiles. La directora también fue acusada por haber encerrado en penitencia en el baño, con la luz apagada, a tres alumnos de cuatro años y por colocar un niño bajo la canilla para calmar el llanto. Es un horror lo que vivieron esos nenes”.
“Mi hijo no quiere entrar en ese baño. No sé si fue porque se asustó con los gritos que pegaban los chicos, porque se cerró la puerta con fuerza o porque ella lo encerró realmente”, dijo.
La discapacidad, en números
Argentina tiene alrededor de 300 mil niños, niñas y adolescentes menores de 15 años con capacidades especiales, y muchos de ellos son víctimas de prejuicios y obstáculos cuando tratan de acceder a sus derechos básicos, una situación que amenaza con agravarse en el país porque los niños que crecen en la pobreza tienen diez veces más posibilidades de sufrir algún tipo de discapacidad, coincidieron expertos y organizaciones sociales consultados por Periodismo Social.
Las faltas más notorias para estos niños son la inclusión en escuelas regulares, en actividades recreativas en general y el acceso a servicios de estimulación temprana, rehabilitación y detección precoz. En el año 2004, cuando se apunta esta información, Misiones fue un ejemplo que ilustra la situación: la provincia contaba con un solo neurólogo infantil disponible en su red pública.
Las personas con algún tipo de discapacidad, en aquel momento, eran 2.176.123 y representaban el 7,1 por ciento de la población del país, según los datos de la primera Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI). De ese total, 11,5 por ciento son niños, niñas y adolescentes menores de 15 años con derechos a un desarrollo integral en condiciones de equidad y a ser incluidos en la sociedad como ciudadanos activos.
A esto, debemos sumar que según la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 23 menciona que el menor que tenga problemas mentales o físicos “tiene el derecho a vivir como los otros niños y a estar junto a ellos, tiene el derecho a ser atendido y tiene el derecho de ir a la escuela, de prepararse para el trabajo, de divertirse”.
