N° de Edición 6831
La Plata

Usurpan más de dos propiedades a diario en La Plata y la solución demora años

Solamente en 2018 se abrieron 868 causas por intromisiones. El problema es nacional, Y los damnificados ya se organizaron en un grupo -PUA- que reclama medidas de fondo. Las historias detrás de las casas tomadas: denuncias, amenazas y hartazgo.

 

Usurpan más de dos propiedades a diario en La Plata y la solución demora años
Usurpan más de dos propiedades a diario en La Plata y la solución demora años

Es una acción “sistematizada”, perpetrada por grupos de varias personas organizadas -en muchos casos con conexiones en las esferas política y judicial- que mantienen una mecánica de trabajo específica, utilizando los “vericuetos” de la Ley para imponerse a las víctimas.nacional

El párrafo que antecede podría explicar un sinnúmero de delitos, pero refiere a uno en particular que afecta a miles de habitantes de la Provincia: la usurpación de viviendas y terrenos. En el artículo 181 del Código Penal se encuadra en la modalidad conocida como despojo, alteración de términos o límites y la turbación de propiedad. Y, según números oficiales, en La Plata ocurren, en promedio, más de dos casos a diario.

La Ley especifica que “será reprimido con prisión de seis meses a tres años al que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, anteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.

El texto no contempla un rasgo fundamental de la maniobra de intromisión. Esa carencia es usufructuada al principio por los usurpadores, que se amparan luego en otras leyes para permanecer en el lugar. La artimaña más utilizada tiene dos partes. En principio, uno o varios sujetos ingresan por la fuerza.

El dueño del lugar entonces radica una denuncia, acusando a quienes se encuentran en el interior del domicilio; quienes prometen marcharse al día siguiente o exigen dinero para irse en el momento.

Si la trama sigue el primer paso, comienza el siguiente, con nuevos usurpadores que entran “sin forzar” aberturas. Es decir, son “invitados” por quienes ya están tomando la morada. A estos últimos, la Ley Penal no los contempla dentro de una acción de intromisión, por lo que la causa pasa al fuero Civil. La otra técnica consiste en llevar menores o mujeres embarazadas para evitar el desalojo.

“El tema de las usurpaciones en un problema grave en La Plata. Es algo sistematizado, son grupos que se encargan de eso y no solamente usurpan, después construyen y se encargan de vender los terrenos. Juegan con la necesidad de los compradores, quienes se ven estafados”, aseguró Darío Ganduglia, Secretario de Seguridad municipal, a EL DIA.

La problemática es compartida por sus pares de los municipios linderos de Berisso y Ensenada (ver aparte). El funcionario del primero, Hugo Dagorret, señaló que “a nosotros no nos afecta en forma constante, es más bien por épocas y ahora que vienen las elecciones estimamos que vamos a tener un incremento. Está todo organizado”.

Martín Slobodián, por su parte, explicó que “nos pasa habitualmente; cuando vemos el delito en flagrancia podemos actuar, pero cuando pasa algún tiempo la cosa se pone difícil y por los intervalos de la Justicia mucha gente abandona su reclamo”.

USURPADOS UNIDOS

En 2018, según datos de la Procuración General, en La Plata se recibieron 820 denuncias por apropiaciones ilegales.

La cifra, desglosada en días, asombra: son al menos dos querellas iniciadas en cada jornada. El dato a tener en cuenta, también aportado por fuentes oficiales, es la fluctuación en el número que subyace del informe de los últimos cinco años: en 2014 se abrieron 868 causas por intromisiones, y en 2015 fueron 891. El descenso fue sustancial en los dos años siguientes: en 2016 se registraron 771, mientras que en 2017 subió a 777.

Es claro que una situación tan compleja no se circunscribe a un sector poblacional determinado; son incontables (y el término no es caprichoso: no hay datos certeros de cuántos son) las víctimas de este delito diseminadas por todo el país.

La falta de respuestas, los extensos procesos judiciales -la mayoría sin resolución favorable para el usurpado-, la violencia a la que son expuestos, generaron en los propietarios un sentimiento de impotencia que decantó en la organización.

De a poco, se fueron juntando a través de las redes sociales o los servicios de mensajería telefónica hasta crear el grupo “Propietarios Usurpados de Argentina”.

Eliana Pérez, María Teresa María Teresa Díaz, Graciela Giordano, Marcelino Medina, Giselle Iglesias y Alejandro Martín Sebastián son parte de la asociación. Sus casos son muy distintos entre sí; esa diferencia otorga una visión clara de dos cuestiones atadas a la usurpación de la propiedad privada: el mecanismo utilizado, mencionado con anterioridad, y la falta de garantías que tienen los dueños de la escritura propietaria.

Eliana vive con su marido en Lisandro Olmos. Hace cinco años la echaron de su trabajo y con el dinero que percibió por la indemnización se compró una casa en Punta Lara. “La verdad es que me salió barata, estaba bastante maltrecha pero la arreglamos y la pusimos en condiciones habitables”, le contó la joven a EL DIA. El inmueble está ubicado en 9 bis y 134. Eliana y su pareja vivieron un tiempo allí, pero luego la pusieron en alquiler. Durante cuatro años la administraron de esa forma, hasta que en octubre del año pasado la inquilina que estaba en ese momento le avisó que no renovaría el contrato. Como la vivienda solía alquilarse con bastante rapidez, el matrimonio no se preocupó mucho.

La señora “se fue un jueves” y ellos fueron el sábado siguiente a ver en qué condiciones estaba la casa. Cuando vieron gente en la puerta, enseguida se dieron cuenta de que algo no andaba bien. “Pasaron menos de dos días y ya me la habían tomado. Son mis vecinos de la vuelta y según dicen en el barrio se dedican a esto”, explicó Eliana.

Desde ese día, “vivimos un calvario”, aseguró. “Es una pérdida mensual terrible para nosotros, necesitamos esa casa. Es mía y ya le pusieron un cartel de venta”, reclamó. Ahora le exigen “plata” para devolverle la propiedad. En el medio hubo golpes, amenazas y “una justicia carente de garantías para quienes somos dueños y víctimas”, sostuvo la mujer.

María Teresa, en tanto, refirió que su lucha comenzó en 2005. “Son dos propiedades que están en el mismo lote, en pleno centro de Dolores. Están usurpadas por personal del Servicio Penitenciario y los defiende un concejal de la ciudad”, declaró. Pasaron 14 años y en ese lapso ella se encontró “con abogados corruptos, fiscales que no se mueven y una indefensión absoluta de quienes somos damnificados”.

Del otro lado, la respuesta es que “todos tenemos el derecho a una vivienda adecuada” y que se trata de un “conflicto social por falta de viviendas dignas para la gente”. En parte, esa situación planteada es verdad: el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010 indicó que más de quinientos mil hogares (equivale a más de dos millones de personas) se encuentran en una situación de “tenencia irregular de su vivienda”. El derecho de la gente incluida en esa cifra de poseer un lugar donde vivir, es irreprochable.

Ahora bien, ¿es la usurpación una acción válida? La respuesta, determinada por la Justicia, debiera ser “no”.

500 mil

hogares se encuentran en una situación de tenencia irregular de vivienda en el país, según datos del último censo, de 2010. Esto equivale a más de dos millones de personas. En este panorama se sostiene el argumento en favor de las usurpaciones.

Fuente: El dia.

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