Número de edición 8393
La Matanza

Ley de Medios: Desde hoy Cablevisión cambia su grilla

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A  partir de este lunes 27 de enero Cablevisión realizará una reorganización de la grilla de los canales que pueden encontrarse en su servicio de cable analógico y digital como parte de su adecuación a la Ley de Medios. TN estará en el canal 8 y la TV  Pública entre Telefé y el Trece. En febrero comenzarán a tratarse otros expedientes entre ellos Telecentro-Pierri y Grupo Uno (Vila-Manzano)

De acuerdo a la actuación AFSCA 26124/13, a partir del lunes 27 de enero, Cablevisión debe realizar cambios en su grilla de programación, e incorporar  los canales Paka Paka, Telesur e IncaaTV, los cuales se encontraban en el servicio Digital desde 2011. Para poder cumplimentarlo, los canales Glitz, Cosmopolitan TV, Sony Spin y Studio Universal, actualmente en el servicio Clásico, pasan a Cablevisión Digital. Además, ciertos canales se reubican en la grilla de programación, TN pasará al canal 8, la TV Pública estará en el número 11, entre Telefé y El Trece. También cambiarán de lugar el Canal 9, que pasará al número 13, y América TV, al 9”, informó la empresa con un comunicado en su página oficial.

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El titular de la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), Martín Sabbatella, señaló que “la verdadera novedad en el expediente del multimedio es el compromiso que realizó Cablevisión para adecuar la grilla de sus canales de cable al orden establecido por la normativa y sumar a su programación a Telesur, Paka-Paka, Incaa TV, CN23 y 360TV”.

Ahora se espera que a partir del 15 de febrero próximo, cuando la empresa termine de ajustar las grillas en localidades del interior, la Afsca finalmente comience a analizar las propuestas de adecuación de Clarín y otros once grupos de medios, entre ellos Telefé-Telefónica, Telecentro-Pierri, Radio Continental-Prisa y Manzano-Vila.

En total son 40 los expedientes que fueron presentados antes del 7 de diciembre. Uno de ellos por Fintech  (el socio minoritario de Clarín en Cablevisión). De esos 40 planes, 15 fueron desestimados porque no hay motivos de adecuación, 14 fueron aprobados  y 11 quedaron pendientes. Entre los más destacados de estos últimos se encuentran el grupo Clarín, Telefé, el grupo Uno (Vila-Manzano), Telecentro y el grupo Prisa.

«Los expedientes pueden ser tratados en la primera reunión de directorio o después, juntos o separados, pero queremos que sea en febrero», adelantó el funcionario. «Queremos que los 40 (expedientes) hayan sido resueltos en ese mes para que a mediados de este año, dentro del 2014, todas las empresas estén adecuadas dentro de los límites de la ley», puntualizó Sabbatella.

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Un poco de historia

En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, se redacta una propuesta basada en veintiún puntos.

El proyecto fue aprobado por los diputados luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. El 29 de octubre de 2013, la corte suprema de justicia de la nación declaró su constitucionalidad.

¿Qué dice la ley?

Democratización y universalización

La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Servicios de interés público

Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.

Órganos colegiados

Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.

Abono Social

Los servicios de televisión por cable deben disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.

Desmonopolización

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, la ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo puede tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permite que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.

Titulares de las licencias

La ley establece que para ser titular de una licencia se ponderan criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluye a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.

Participación de cooperativas

A diferencia de la ley anterior, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.

Plazo de las licencias

La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título. Al mismo tiempo esas licencias son controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.

Más contenidos nacionales

Los servicios de televisión abierta deben emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Los servicios de televisión por cable no satelital deben incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deben incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deben emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida debe ser de origen nacional. Quedan eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.

Igualdad de oportunidades

Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.

Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos

Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.

Publicidad

Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.

Nuevas tecnologías y servicios

A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada.

Radio y televisión estatales más participativos

Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reune a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.

Medios municipales y provinciales

Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.

Más voces de la sociedad civil

Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios son autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM así como de señales de televisión abierta.

Medios universitarios y educativos

Las universidades nacionales pueden ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deben dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.

Televisión e infancia

Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.

Cine nacional

Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.

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