Con la quinta audiencia testimonial, continuará este miércoles 12 de septiembre el juicio a los responsables del centro clandestino de detención conocido como la Brigada de San Justo. El mismo funcionó en calle Salta al 2400 durante la última dictadura cívico militar.
Cabe consignar que en la cuarta audiencia testimonial llevada a cabo el miércoles pasado, declararon los familiares de los seis vecinos de Ituzaingó que estuvieron detenidos allí: Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández, Juan Alejandro Fernández, Rubén Enrique Cabral y Hermann Von Schmeling.
Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández y Juan Alejandro Fernández eran estudiantes secundarios. Tenían entre 16 y 18 años. Militaban en la UES y tenían un gran compromiso con la comunidad, en la zona de Villa Udaondo. A su vez Hermann Von Schmeling, padre de Sonia, tenía 38 años y era directivo de la empresa C.A.D.E.C.A.. Fue secuestrado por la dictadura en dos oportunidades y tenía un gran compromiso con la comunidad de Villa Udaondo, en especial con lo que hoy es la Unidad Sanitaria 17 de Octubre, la por entonces salita del barrio.
Rubén Enrique Cabral tenía 24 años, era trabajador de la empresa IBM y militante de la Juventud Peronista. Fue secuestrado en su casa de Villa Irupé, en septiembre de 1977. Todos permanecen desaparecidos. “Aún hoy con mis 48 años, siempre voy a esperar el regreso de mi padre y de mi hermana”, aseguró Herman Von Schmeling, hijo y hermano de Hermann y Sonia Von Schmeling, quien tenía 7 años al momento del secuestro de sus familiares.
Por su parte, Marcela Fernández, hermana de Jorge y Alejandro Fernández, recordó: «Yo nací en una familia bien constituida, católica practicante, pero el 19 de septiembre de 1977 todo lo que estoy contando se destruyó, yo tenía 10 años en ese momento. Mi madre hace una semana me dijo que todavía los espera. Adriana Martín, ex detenida de la brigada de San Justo, cerró los testimonios afirmando: «Me culpé muchas veces por estar viva, muchas veces pensé: ¿por qué me dejaron viva a mí, si mis compañeros no están”?
En el juicio hay más de 20 imputados, entre policías, civiles y militares. Uno de ellos es el ex jefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. También se supo que según un relevamiento realizado por la Municipalidad de Ituzaingó, los vecinos del distrito detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar son 68 en total.
Los genocidas pueden seguir los juicios por televisión
Los jueces Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo resolvieron que los imputados puedan no asistir a los tribunales de 8 y 50 y que sigan las audiencias por videoconferencia. En la última jornada se pudo advertir que muchos de los imputados no aparecían en la pantalla donde se muestran los Tribunales a donde deben concurrir, el más cercano de su lugar de residencia o las unidades penitenciarias donde algunos pocos están alojados.
Acorde con los tiempos que corren en relación a los Derechos Humanos, descriptos por el gobierno nacional como un “curro”; las medidas tomadas por distintos Juzgados Federales en todo el país otorgando beneficios a los represores, como excarcelaciones o prisiones domiciliarias y la trabajosa continuación de los juicios por los delitos de genocidio cometidos durante la última dictadura militar que siguen impulsados tenazmente por los organismos, más no por el Estado, en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata las cosas no son diferentes.
En la primera jornada del juicio solo concurrió a La Plata el represor Leopoldo Luis Baume. Los demás estaban en: Tribunal Federal de Mar del Plata, Tribunales de Comodoro Py en Ciudad de Buenos Aires, y los penales de Campo de Mayo y Ezeiza. En la sesión del pasado miércoles, la mitad de los imputados no aparecían en pantalla. Incluso, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que seguía la audiencia desde el penal de Ezeiza, ataviado con un chaleco de color amarillo estridente, en un momento se levantó y se fue, sin que el Tribunal lo advirtiera, casi como si estuviera en el living de su casa y se hubiera aburrido del programa que miraba por televisión.
“Ahora, directamente, los eximen de tomarse la molestia de ir al Tribunal más cercano. El cuerpo, entonces, lo ponen solo las víctimas y los testigos. Juicios fáciles, sencillitos, sin complicarse con traslados del servicio penitenciario. Cuando haya sentencia, el imputado se entera en su casa, o en el cafecito de la esquina, total, quién se va a fijar si cumple o no los requisitos de la domiciliaria”, expresó por la red social Facebook la abogada querellante en representación de la Liga por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos La Plata, Guadalupe Godoy.
Sólo 4 de 19 represores están detenidos en unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario. El resto está con el beneficio de la prisión domiciliaria o directamente llegaron al juicio excarcelados.
Otro detalle es que el “cuarto juez” que debe conformar el Tribunal, fue designado a último momento y sin comunicárselo a las partes. Esta figura es de suma importancia en juicios de estas dimensiones y por lo prolongado del proceso. Si en el transcurso del debate alguno de los jueces titulares sufriera algún inconveniente y no pudiera seguir, la continuidad del proceso está asegurado con este juez suplementario, que habiendo presenciado todo el debate podría ocupar el lugar y fallar.
El cuarto juez en el juicio Brigada de San Justo es casi un fantasma. No va a las audiencias en La Plata y también lo sigue por videoconferencia. El miércoles supuestamente estaba en su despacho del TOCF de San Martín. Pero no se lo vio. Solo se reproducía una ventana que decía abajo “San Martín” pero no había ningún ser vivo en la imagen.
