Investigarán casos de ciudadanos extranjeros que cobran doble beneficios, en su país, y en la República Argentina, especialmente de Paraguay.
Esta semana se concretó en el Juzgado Federal Nº1 una nueva denuncia por irregularidades en el pago de beneficios sociales (caso IFE) por parte del Estado Argentino a ciudadanos paraguayos que no residen de manera permanente en el país, y que simultáneamente perciben prestaciones sociales en su lugar de origen a través de los programas Pytyvo y Ñangareko.
En un trabajo minucioso y detallado, los denunciantes Gabriel y Martín Hernández lograron constatar y elevar a la justicia más de 130 casos de extranjeros en esta situación.
Siguiendo con esta línea investigativa, desde el Congreso de la Nación el diputado formoseño Mario Arce (UCR – Formosa) propuso ir más lejos solicitando acciones conjuntas entre el Gobierno argentino y los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile), y la intervención de distintos organismos de control.
En este sentido con el apoyo de una veintena de diputados de todo el país el día jueves elevó varias propuestas legislativos, que incluye el cruzamiento de datos entre países, la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), la creación de una comisión investigadora y la declaración por parte de funcionarios provinciales.
Cruzamiento de datos entre países
En primer lugar se insta a las autoridades del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a realizar el cruzamiento de datos de los registros de beneficiarios (ANSeS) con los registros de los países limítrofes, en especial la República del Paraguay, con el fin de detectar casos de personas que perciban doble beneficio en un país y en otro.
“La idea es que si se constata la incompatibilidad se pueda dar de baja automáticamente cualquier beneficio mensual o circunstancial, ya que esto le representa un fraude al Estado y un gasto fiscal enorme”, resaltó Arce.
Intervención de la AGN
En segundo lugar, se propone a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (compuesta por diputados y senadores) que incluya en el Plan de Acción de la AGN una auditoría para iniciar un proceso de investigación sobre fondos y la participación de organismos públicos en el otorgamiento ilícito de beneficios sociales y previsionales.
“La Auditoría General de la Nación funciona como órgano técnico de control externo de todo el sector público nacional”, explicó Arce.
Comisión investigadora
En la tercera iniciativa los diputados nacionales impulsan la Creación de una Comisión Especial Investigadora sobre Fraude Electoral, Asistencial y Previsional en Zonas de Frontera cuyo autor en su momento fue el exdiputado nacional y uno de los denunciantes, Martín Hernández.
Respecto a la posición del Gobierno de Formosa desacreditando la denuncia penal, Arce dijo: “No sorprende que quieran seguir tapando una realidad porque cada vez que se tocan estos temas denotan nerviosismo y salen a victimizarse diciendo de que son operaciones mediáticas llevadas a cabo por la oposición”.
“No denunciar, ni tener la voluntad de investigar como Estado provincial teniendo todas las herramientas para hacerlo, resulta raro y los pone como mínimo en la situación de cómplices, porque naturalizan una evidente defraudación a las arcas públicas al que todos los ciudadanos argentinos contribuyen”, manifestó.
Y recordó que “en Formosa del 2015 al 2019, durante el Gobierno Nacional de Juntos por el Cambio se efectuaron cientos de denuncias, hubieron 4800 imputados, 3700 beneficiarios dados de baja, 1000 constataciones efectivas hechas por Gendarmería, donde se verificaron domicilios falsos o inexistentes y Anses se constituyó como querellante, la mayoría otorgada en los 12 años del kichnerismo”.
Acompañan estas iniciativas los diputados Gerardo Cipolini, Alicia Terada, Jorge Vara, Estela Regidor, Ingrid Jetter, Luis Pastori, Jorge Rizzoti, Martin Grande, Virginia Cornejo, Atilio Benedetti, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Julio Enrique Sahad, José Riccardo, Ximena García, Gonzalo Del Cerro, José Carlos Núñez, Jorge Enríquez, Álvaro de Lamadrid, Carlos Fernández y Hernán Berisso.
Fuente: Parlamentario.
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