Patoterismo: Repudio generalizado a la agresión a Tiempo Argentino
El diario Tiempo Argentino denunció en edición especial de ayer, a los agresores y los destrozos que causaron en la redacción y en Radio América. Organismos de derechos humanos, organizaciones y partidos, medios y colegas repudiaron el ataque a la libre expresión y el accionar estatal.
Por: Valeria Virginia Villanueva
villanueva.valeriavirginia@gmail.com
El ataque a las oficinas que comparten la redacción del Diario Tiempo Argentino y Radio América conmocionó al país y a medios internacionales no sólo por el carácter violento y antidemocrático –más por tratarse de una empresa recuperada por sus trabajadores- sino además por la connivencia policial y el silencio desde el gobierno nacional.
Según denunciaron los trabajadores de la cooperativa Por más Tiempo, en las primeras horas del lunes 4 de julio “el supuesto empresario Mariano Martínez Rojas entró a la fuerza junto con una patota de alrededor de 20 personas” al edificio de Amenábar 23, Capital Federal, “atacó a 3 trabajadores y destruyó instrumentos clave para el funcionamiento de la redacción, con el claro objetivo de impedir la salida del diario y el lanzamiento de la web”.
La crónica -reconstruida con lujo de detalles a partir de los registros fílmicos y fotográficos de los presentes en una edición especial lanzada el martes 5- se completa con la policía impidiendo el ingreso a los periodistas que acudieron al lugar, mientras dentro actuaban los patoteros que se fueron libres y escoltados por los efectivos.
Complicidad estatal
La liberación de Martínez Rojas -quien en enero “se autoproclamó nuevo dueño” de ambos medios pero nunca pagó sueldos ni se responsabilizó de su cargo- y de su patota, significaron un insulto para las víctimas del ataque, al igual que el accionar policial.
Asimismo, consideraron “cómplice” al Ministerio de Trabajo tras concurrir el lunes mismo a la convocatoria de la cartera laboral nacional para tratar el problema con su titular Jorge triaca, pero ser recibidos por el Director de Promoción de Empleo, Juan María Furnari, con una respuesta indignante: sólo ofrecerles subsidios.
El único apoyo gubernamental que recibieron consistió en un escueto comunicado de la Secretaría de Medios porteña y una publicación en Twitter del director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, además de palabras de solidaridad de algunos legisladores.
La fiscal y un patovica domiciliado en La Matanza en la mira
Si bien la fiscal en lo contravencional y penal de la Ciudad, Verónica Andrade, imputó y llamó a dar testimonio a Martínez Rojas y su banda por “usurpación y daños”, asumió que fue suya la orden de liberar a los agresores, ya que hay una denuncia del mismo Martínez Rojas por usurpación contra los miembros de la cooperativa Por más Tiempo.
En declaraciones a medios, Andrade reconoció que no se hizo presente en el lugar de los hechos y que “si se llevaba detenidos a los agresores también se tenía que detener a los trabajadores”.
Además, en la edición especial del Diario que salió ayer a la venta, identifican como “profesional de la violencia” a Juan Carlos Blander, dueño de una empresa de seguridad de grandes recitales acusado de venta ilegal de entradas y con antecedentes de agresión a periodistas quien, de 3 domicilios en Buenos Aires -además de uno en Formosa, donde atropelló y mató a un transeúnte- posee uno en San Justo y otro en Ramos Mejía.
Repudio y reclamo
De los 200 comunicadores que empleaba Tiempo Argentino, hoy son poco más de 100 los que mantienen la cooperativa formada hace 3 meses, según expresaron sus autoridades en medios nacionales, que reconocieron el carácter crítico de su postura editorial.
Ese mismo rasgo fue el resaltado por la agencia de la CTA autónoma que rechazó el “atropello” a los trabajadores y valoró la labor “autogestiva y al servicio de las luchas que el campo popular viene llevando adelante contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri”.
Organismos de derechos humanos compararon el ataque con los efectuados por un gobierno de facto: “nos remite en forma directa a los accionares de la última dictadura cívico militar todas las veces que censuraron medios de prensa y reprimieron a sus trabajadores”, afirmaron desde APDH la Matanza, mientras que la Asociación Ex detenidos desaparecidos de Zona Oeste apuntó contra la complicidad policial.
Al respecto, los trabajadores exigieron protección a la integridad física al gobierno nacional y a la Justicia que investigue a los empresarios del grupo 23, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, “cuyo vaciamiento mediático fue apenas el principio de un conflicto que esta madrugada escribió una nueva página negra en el periodismo argentino”.
