Informe CORREPI. El dato surge del último informe de la CORREPI sobre la situación represiva en el país, donde advierten sobre el recrudecimiento de la violencia institucional de cara al ajuste. “A mi hijo lo mató la ‘seguridad’”, repudió la mamá del joven Corzo, de Morón, víctima fatal del gatillo fácil en 2003.
Por: Valeria Virginia Villanueva
villanueva.valeriavirginia@gmail.com
Cada 27 horas, un joven muere a manos del Estado, ya sea por el gatillo fácil, por represión en situaciones de desalojo, por tortura en los lugares de detención o secuestros y desaparición. Así lo comunicó el abogado Ismael Jalil desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en base al informe de la Situación Represiva Zonal que elabora la organización partiendo desde 1983.
A partir del regreso de la democracia, sólo en zona oeste del conurbano bonaerense, más de 500 vidas se cobró el brazo armado del Estado en episodios de violencia y abuso de poder. En el país, la cifra supera los 5 mil muertos. Las victimas en su mayoría son jóvenes de barrios carenciados, los llamados “nini”, que no estudian ni trabajan.
Los datos -que forman parte del 20º informe nacional que presentará la CORREPI el próximo 2 de diciembre en Plaza de Mayo- se dieron a conocer durante un acto que se realizó el pasado viernes 18 desde las 17 en la plaza junto a la estación de Merlo. Allí se convocaron agrupaciones de izquierda, organizaciones sociales, centros culturales y familiares de víctimas, entre ellos, de Rodrigo Corzo, cuyos padres con total impotencia denuncian que su hijo, con apenas 27 años, fue víctima fatal de la seguridad.
“Nosotros no creemos que sea una cuestión de formación de las fuerzas de seguridad”, aclaró el abogado representante de CORREPI y descartó: “no tenemos la más mínima expectativa, ninguna posibilidad de confiar en el brazo armado de la clase que domina y por lo tanto somete a los pobres”.
Al respecto, Jalil concluyó que “si es una sociedad que engrosa en pocas manos la riqueza que produce, si la respuesta, es poner más policías y más gendarmes, ya sé cuál es el final: aumenta la capacidad represiva del estado y por lo tanto mayor cantidad de muertes”.
Reprimir para ajustar
“Verdes, azules, celestes, pitufos, aceitunas, federicos, locales y gorras, cientos de formas de nombrar a estos desclasados que hoy ejercen la represión” para “actuar discrecionalmente en el ejercicio del control social”, afirmaron miembros de la CORREPI ante los presentes.
“Las políticas de ajuste fueron desarrollándose en base a despidos, persecución gremial y vaciamiento de diferentes ministerios”, detallaron al tiempo que marchaba la CGT y organizaciones sociales al Congreso Nacional esa misma tarde. Además, advirtieron sobre el plan de saturación que se está llevando a cabo en la provincia con el cuerpo de gendarmería nacional, en especial aumentando la presencia en zonas pobres.
Entre los casos más resonantes de violencia institucional que hubo en zona oeste durante 2016, se encuentran la represión en desalojos de tomas de tierra en La Matanza, Merlo y Moreno, que se desarrollan sin orden judicial, sin seguir el protocolo adecuado y con extrema violencia.
Rodrigo Corzo, víctima de gatillo fácil
“A mi hijo no lo mató la inseguridad, sino la fuerza de seguridad”, manifestó a NCO Eli, mamá de Rodrigo, cuyo asesinato en 2003 fue la primera caratulada como gatillo fácil. “Le pegaron un tiro en la espalda cruzando el Acceso Oeste altura Santa Rosa, cuando iba a casa de la novia, un sábado a la noche. A él lo asesina la policía de Hurlingham, el comando de patrulla”.
“Dijeron tantas barbaridades, que se contradijeron -relató Narciso, el papá-. Dijeron que a Rodrigo le dieron la voz de alto para identificarlo y que no lo hizo y empezó a escaparse”, “a metros había un móvil de la 1ª de Morón, otro de la 7ª, si él se iba escapando daban voz de alto”, especuló, pero no había razón alguna para que escape.
“No solamente le robaron la vida, le robaron la ropa, la plata, en ese momento, en el 2003 tenía casi 200 pesos, nos entregaron $1,30. Tenía toda la ropa nueva, me dijeron que me la iban a dar cuando terminara el juicio, no me la dieron, no la tiraron, se la robaron”, dijo Eli y su marido insistió: “cuando se empezaron a caer las pruebas apareció el celular, los documentos, pero no apareció la plata”.
“Estaban todos los papeles del auto, pero desapareció todo. Y le pusieron un monedero con documentos de una mujer y le plantaron un arma, cuando la única arma que manejo en sus 27 años fue una caña de pescar”, explicó el padre y la madre agregó: “trabajaba en la supervisión de una fábrica, estudiaba, estaba para empezar ingeniería en la UTN de Haedo. No sabía que había pagado la inscripción, me enteré cuando llamaron para que empiece las clases”.
Trece años pasaron del hecho pero el dolor de la ausencia del hijo con un futuro prometedor no se saldó, menos aún con la pena reducida que recibió el asesino, el Oficial Cristian Alfredo Solanas, quien en todo el juicio que se llevó a cabo en febrero de 2007 no dijo una sola palabra, ni para defenderse o arrepentirse.
El inspector Solanas fue condenado a 16 años de prisión, pero según los jueces era una condena excesiva para un policía, con lo cual terminó con 10 años de prisión. Hoy está libre, viviendo con su familia en Luján. En tanto, el efectivo chofer del automóvil desde el cual disparó esa noche, recibió la pena de 3 años de cárcel por encubrimiento agravado, ante los ridículos y contradictorios argumentos que brindó durante las audiencias.
“Es difícil condenar a un policía porque entre ellos se cubren”, concluyen los padres de Rodrigo en referencia a la connivencia con el poder judicial y ejecutivo. “El Estado los capacita para matar, no para protegernos”, opinó la mamá, y su marido concluyó: “¿Qué podés esperar de un policía?”.
