N° de Edición 6735
Zona Oeste

Todavía se discute la responsabilidad política de quienes deben hacer el saneamiento del Riachuelo ordenado por la Justicia.

El saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, uno de los acuíferos superficiales más contaminados del mundo, avanza lentamente a pesar de haber intervenido directamente la Corte Suprema de Justicia al hacerse parte de un reclamo de connotaciones históricas. La responsabilidad de ejecutar las obras es compartida por el Gobierno nacional, el bonaerense, las intendencias y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un ente específico con supervisión judicial.

A pesar del fallo inédito del máximo Tribunal, emitido en 2008 y el peso ejecutivo de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo creado al efecto hace tres años, prácticamente son ínfimos los avances en las obras proyectadas para solucionar el grave problema sanitario que afecta a más de seis millones de personas que viven en las inmediaciones de los 64 kilómetros de extensión de esta cloaca abierta. Tampoco las organizaciones ambientalistas ni los militantes ecológicos y políticos que tanto combaten a la minería, se han movilizado para exigir las soluciones que están dispuestas, además del sentido común. Resulta evidente que el Riachuelo no tiene rédito electoral -menos si debe ser compartido con un color opuesto- y por ello el tema recién reapareció después de las elecciones. Precisamente, en su primera actividad oficial, luego de su reelección, la presidenta Cristina de Kirchner al hablar en un acto en Lanús, le reclamó al gobierno de Mauricio Macri, sin nombrarlo y con el eufemismo “al otro lado del Riachuelo”, que “pongan la misma fuerza, las mismas inversiones” para sanearlo, recibiendo la réplica de inmediato, ya que no se trata de voluntarismo sino de cumplir con la intimación del plan de trabajo de Acumar, el ente presidido por el kirchnerista Juan José Mussi.

Así siguen las chicanas políticas por el Riachuelo, sin que sean reubicadas las 10.000 familias que habitan a lo largo del río, en medio de basurales a cielo abierto, ni tampoco las 19.000 empresas instaladas en la zona, las que vierten sus deshechos contaminantes al agua, que finalmente desemboca en el Río de la Plata, donde se han comprobado altos niveles de polución frente al área capitalina.

Las actuales gestiones llevan ocho años dilatando soluciones y no pueden culpar a las anteriores. Ya superan con creces los 1.000 días de la apuesta menemista.

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