N° de Edición 7271
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Durante 2011 se lograron cuatro extradiciones de represores

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Con la entrega del represor Baraldini


Con la entrega este domingo del represor Luis Enrique Baraldini, por parte de autoridades bolivianas, son cuatro las extradiciones que se produjeron durante 2011 de ex militares que hoy son sometidos a la justicia argentina por delitos de lesa humanidad.

En julio, fue extraditado del Paraguay el médico militar y apropiador Norberto Bianco, acusado por su actuación en el plan sistemático de robo de bebés nacidos en cautiverio, en particular por asistir partos de detenidas-desaparecidas entre 1977 y 1978 en el hospital que funcionó en la guarnición militar de Campo de Mayo como maternidad clandestina.

Bianco estaba detenido desde 2008 en Paraguay hasta que se logró su extradición pedida por el juez federal de San Martín, Alberto Martín Suárez.

El represor, de 65 años, crió como propios al hijo de los desaparecidos Norma Tato y Jorge Casariego, quien recobró su identidad en 2007, y a una mujer que todavía no conoce su filiación.

En octubre pasado, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas la elevación a juicio de la causa contra Bianco.

Delgado dio por acreditado que Bianco tuvo actuación en la «atención de pacientes embarazadas, acompañó a enfermeras en sus controles, asistió cesáreas, participó en el traslado de parturientas y permitió que los nacimientos no fueran debidamente registrados».

En septiembre, también fue extraditadio del Paraguay el comandante retirado de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos.

La detención de Britos, sobre quien pasaba un pedido de captura internacional por parte del juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, se concretó en la localidad de San Lorenzo, próxima a la ciudad de Asunción del Paraguay, lugar donde residía, y se encontraba detenido desde el 26 de agosto de 2009.

A Britos, de 62 años, se lo investiga por supuesta co-auotoría del delito de tormentos, cuando se desempeñó con el grado de Primer Alferez, y cumplía funciones de Oficial de Logística, en el Escuadrón 24 “Chilecito” de Gendarmería Nacional, en La Rioja, en el año 1977.

En noviembre pasado, el juez Herrera Piedeabuena lo procesó por considerar que Britos actuó como co-autor inmediato del delito de «imposición de tormentos» -dos hechos-, en perjuicio de Teresa Elida Robles de Maza y Juana Lucía Zamora de Pereyra.

Además, lo procesó como partícipe necesario del mismo delito en perjuicio de Andrés Abelardo Angel, Santiago Nicolás Maza, Marcelino Reyes Leiva y Nicolás Silvestre Olivera.

En octubre, en tanto, fue extraditado del Brasil el ex mayor Norberto Tozzo, acusado de participar en los fusilamientos de al menos 22 presos políticos en la denominada Masacre de Margarita Belén.

A partir de esta extradición, Tozzo se sentará en el banquillo de los acusados en la segunda parte del juicio por la Masacre.

Tozzo estaba detenido desde 2008 en la Prisión Federal de Ary Franco en Río de Janeiro.

En junio de 2003, Tozzo había sido detenido, pero en julio fue liberado tras un polémico fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.

Desde ese momento permaneció prófugo, hasta que fue detenido el 17 de septiembre de 2008 por Interpol, escondido en el “Ipanema Tower”, un hotel de lujo de Río de Janeiro, registrado con un nombre falso.

Tozzo formó parte del Destacamento 124 de Inteligencia con asiento en Resistencia, que dependía directamente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

La última entrega de un represor se produjo ayer cuando Luis Baraldini de 73 años, que vivía en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, fue detenido el 24 de diciembre.

Baraldini fue entregado ayer a las autoridades diplomáticas argentinas, para ser trasladado luego a la cárcel de Marcos Paz.

El ex oficial de caballería tiene causas por delitos de lesa humanidad en La Pampa y en el juzgado de Daniel Rafecas.

Entre 1976 y 1979, siendo mayor, fue jefe de policía de la provincia de La Pampa, y además jefe de la subzona 14, teniendo a su cargo el centro clandestino de detención que funcionaba en la comisaría primera de la ciudad de Santa Rosa.

Luego de cumplir funciones en La Pampa, Baraldini fue trasladado en los años ochenta como agregado militar en Bolivia, donde fue profesor de oficiales de ese país.

En 1984, fue detenido cuando se investigaban las torturas y secuestros en la provincia, pero fue liberado y la causa judicial no prosperó cuando se dictaron las «Leyes del Perdón».

Baraldini fue miembro de los “carapintadas” que se alzaron entre 1987 y 1990 contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aclaró ayer que el proceso de entrega de Baraldini fue simplificado gracias a que presentó un documento falsificado al ser identificado, lo cual permitió que las autoridades bolivianas lo expulsaran del país y se evitaran de ese modo los trámites de extradición, que de todos modos habían sido iniciados.

Garré detalló que Baraldini estaba prófugo desde el 2003 y que en 2009 en Bolivia, participó de una «tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales, junto con grupos de extrema derecha locales y otros ex oficiales argentinos carapintadas».

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por Balardini por violaciones a los derechos humanos en el Primer Cuerpo del Ejército, ligadas al caso del fallecido represor Guillermo Suárez Mason.

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