Así lo informaron desde el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. La novedad se conoció ayer, pero según afirmaron, ocurrió el pasado domingo 7 de junio cuando Vanesa Orieta, hermana del joven, despertó con su auto quemado en la vereda. “A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio, les expresamos lo mismo: Necesitamos protección” aseguraron.
Sospechas confirmadas
Tras conocerse recién este hecho sumado, al pedido de nulidad del juicio a un ex policía involucrado y juzgado por este caso, las fotos ilustran cómo quedo el Fiat Regata propiedad de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga y por ello aseguran que se trataría de otra amenaza de varias que resumieron en un texto: “Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes. Nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, y cada día lo sabemos más” destacaron.
En esta perspectiva, agregaron a través de un escrito que “empezamos a buscar a Luciano con la certeza de que fueron ellos y con la seguridad de que iba a ser muy difícil: ellos lo asesinaron y desaparecieron, pero un sistema organizado los protege desde todos los frentes. El peligro que corremos se convirtió en cotidiano, y también las amenazas a nuestra integridad. Estamos una vez más en la penosa situación de tener que volver a denunciar que todas nuestras vidas corren peligro. El hostigamiento no se detiene. El 7 de junio amaneció incendiado el auto de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano”.
Historial de amedrentamientos
Luego, resumieron aquellos amedrentamientos vividos durante la lucha por la aparición de Arruga, donde relataron que “en febrero de 2009, cuando Vanesa y su amiga fueron al destacamento de Lomas del Mirador a exigir información sobre el paradero de Luciano, el policía que las atendió apoyó un arma arriba de la mesa. Se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: Autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas.
“¿Tu hija está bien?, le preguntó un hombre desde un auto de último modelo a Mónica Alegre cuando cruzaba la calle para ir a hacer compras a pocos meses sin Luciano. Vanesa Orieta fue recibida por la fiscal Roxana Castelli -primera funcionaria de la Fiscalía a cargo de la causa- en presencia de uno de los ocho policías implicados en la desaparición de Luciano. Un testigo que declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio: ‘No hablés porque te vamos a matar’. A mediados de 2009, una integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos” añadieron.
No obstante, narraron que “en abril de 2011, Mónica Alegre -mamá de Luciano- y sus dos hijos se despertaron a las seis de la mañana con la casa llena de humo. Tardaron en comprender lo sucedido: alguien les había metido una madera en brasa adentro de una pila de frazadas junto a la ventana. Les querían prender fuego la casa.
Otras amenazas
Esa misma semana, un compañero recibió en su casa a un patrullero del que bajó uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano: “Desaparecé porque te vamos a matar”. Fue interceptado, a los pocos días, por un móvil de la comisaría de Lomas del Millón cuando repartía cuadernos en el barrio 12 de Octubre”.
“Un efectivo le preguntó nombre, documento, domicilio e intentaron subirlo a la fuerza. Nuestro compañero se negó y por eso el policía lo empujó violentamente contra el vehículo y cargó su arma a la vista de todo el barrio. La impunidad siguió: Como él no fue llevado gracias a la intervención de varios vecinos, después fueron amedrentados aquellos que lo defendieron. En esos meses pudimos saber a ciencia cierta que en distintas comisarías del conurbano bonaerense, se guardan fotos de familiares y allegados a la familia de Luciano, e incluso se les pide información sobre nosotros a jóvenes del barrio privados de su libertad” aseveraron.
Bajo esta misma línea, contaron que “en agosto de 2012, el hermano menor de Luciano, con 16 años, fue interceptado y amenazado en la calle por un policía de civil y un uniformado -ambos sin identificación- que circulaban en un auto sin patente y lo venían siguiendo. A días de cumplirse 4 años sin Luciano, después de una reunión en la casa de un integrante del grupo, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo y paseado por una decena de barrios del conurbano. No le robaron nada y después de varias horas lo largaron en la casa de la reunión, a cuadras del punto de partida. Durante el viaje lo amenazaron de muerte todo el tiempo, lo tabicaron en su propia casa para registrarla y llamaron a otros integrantes del grupo sin dejar en claro nunca qué querían”.
“En septiembre de 2014 dos testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo que mató a Luciano. Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a buscar. A menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza”, subrayaron.
La lucha actual
Seguidamente comentaron que “ahora, a días de la primera condena por torturas en democracia a un policía bonaerense en la Provincia, en el contexto de la campaña-fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano y luchando por la implementación de la ley que ganamos en la calle por la expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para crear un Espacio para la Memoria independiente, en el marco de estos sucesos es que nos despertamos la mañana del 7 de junio con la noticia de que habían incendiado el auto (un Regatta) de nuestra compañera Vanesa”.
“A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo: Necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nos negamos a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad, ya que ellas son las que nos persiguen” exclamaron.
Por último, concluyeron que “integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: “La seguridad se negocia”. Pero no vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe”.
Por último señalaron: Exigimos la seguridad para toda la familia y los amigos de Luciano Arruga. La situación es insostenible, corremos peligro real: responsabilizamos al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires por los ataques a nuestra integridad y nuestra lucha”.
El caso
El 31 de enero de 2009, cuatro meses después de ese episodio, el chico fue visto por última vez tras salir de su casa y su familia estuvo convencida de que había sido secuestrado y asesinado por la Policía.
Con un recurso de habeas corpus la Justicia descubrió en octubre último que Luciano había muerto la misma madrugada de su desaparición como consecuencia de un accidente automovilístico. El adolescente murió atropellado por un auto en Av. Gral. Paz y Emilio Castro, en el límite de la Capital Federal con el Partido de la La Matanza, cuando cruzó corriendo la autopista, al parecer en un intento por escapar de alguien no identificado.
Luego fue llevado sin documentos al hospital Santojanni, donde murió un día después de ser operado. Su cadáver, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, recién fue hallado el año pasado tras un habeas corpus concedido por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, de la sala IV de la Cámara de Casación Penal.
