N° de Edición 6870
Opinión

San Justo: Exclusivo para NCO; Nueva Ley de Riesgos del Trabajo: sorprende por su pobre contenido y es evidente inconstitucionalidad.

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Por Dr. Juan Carlos Szeles

El 25 de octubre de 2012, fue promulgada la ley 26773, que modifica parcialmente la llamada Ley de Riesgos del Trabajo, conocida comúnmente como “LRT”, (ley 24557), que como sabemos, pretendía tratar sobre lo relativo a los accidentes y las enfermedades que se producen en el ámbito laboral y su prevención.

Era esperada desde hace tiempo una nueva legislación, pero ahora de “excelencia”, que regule un tema tan importante en materia de relaciones laborales, pero las expectativas se vieron claramente defraudadas.
Como sabemos, la vieja ley 24557, fue seriamente reprobada, por diversos motivos, y especialmente por su incompatibilidad con la Constitución Nacional, hasta tal punto, que ha sido probablemente la norma que lo largo de la historia legislativa de nuestro país, ha tenido la mayor cantidad de planteos y censuras por estar en contra de nuestra norma fundamental.
Entre los cuestionamientos que se le hacían al viejo sistema, se le criticaba por olvidarse del tema fundamental de la prevención, por crear una vía de reclamo solo administrativa, por excluir del tema al jueza natural, por la falta de resguardo del derecho de defensa del trabajador, por la falta de seguridad y certeza del sistema para el empleador, porque había creado sujetos encargados del sistema con ánimo de lucro (ART), por la eximición de responsabilidad civil del empleador, etc.

La mayoría de las objeciones efectuadas, finalmente tuvieron eco en la justicia, llegando al nuestro más importante tribunal, la Corte Suprema de Justicia, de la Nación, que en una segunda evaluación del tema con la actual integración, en el año 2004, determino en el caso más trascendente caratulado “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA”, la inconstitucionalidad de su art. 39 inc. 1ro., que vedaba al trabajador el acceso a la justicia y reparación integral.

Desde entonces, se sumaron varias sentencias (Casos “Castillo”, “Milone”, “Llosco”, “Arostegui”, “Lucca de Hoz” y otros), que descalificaron distintos aspectos de la vieja LRT y como contrapartida, señalaron cual sería el contenido una norma que tuviese consonancia con la Constitución Nacional y los Tratados y Pactos Internacionales que también hoy son Ley Fundamental de la Nación, a partir de su incorporación con la reforma vigente desde el año 1994 (art. 75. Inc. 22).

Sin embargo, la nueva norma aquí comentada, no solo resulta solo una modificación parcial de la cuestionada LRT, sino que además, su contenido seguramente sea cuestionado severamente por su inconstitucionalidad, en tanto parece ignorar los mencionados precedentes judiciales.
Podemos decir que se trata de una ley “parche”, que modifica solo algunos artículos de la vieja norma mencionada, y cuyo aspecto tal vez más importante lo constituye la eliminación del llamado “Cumulo” y su reemplazo la llamada “Opción”.

Esta nueva situación impone al trabajador, “elegir” desde que recibe una notificación de la ART poniendo a su disposición la indemnización prevista en el sistema, entre la aceptación de la propuesta de pago, o la decisión de recurrir a la Justicia para obtener la reparación que le es debida. Determina de tal forma una opción excluyente, debe ser una u otra, nunca ambas y por lo tanto limita también el acceso irrestricto a la justicia para los trabajadores.

También dispone, insólitamente, que las acciones civiles, sean tramitadas en dicho fuero (Civil) y con exclusión de la legislación de fondo, forma y principios del Derecho del Trabajo.

En definitiva, esta norma, ratifica en lo fundamental la cuestionada ley anterior, agregando además disposiciones, todas las cuales contrarían la reciente jurisprudencia, con lo cual es de imaginar que seguirá existiendo alta litigiosidad y posiblemente otra vez sea declarada inconstitucional en muchas de sus regulaciones.

Tal situación, implica no solo una regresión respecto de los derechos de los trabajadores, sino que continúa con la incertidumbre de los empleadores, que seguirán sin saber en concreto cual es la ley aplicable sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que conducta asumir en consecuencia.
Es dable esperar seguramente a la brevedad una nueva norma que reforme el sistema, pero esta vez realmente en forma correcta e integral, que considere toda la doctrina, jurisprudencia, y antecedentes sobre el tema, que respete la Constitución Nacional y los Pactos y Acuerdos Internacionales que la integran, que ponga énfasis en la “prevención”, e implique “seguridad jurídica y justicia” para todos.

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