N° de Edición 7124
Opinión

Existe riesgo de un golpe de estado en la Argentina

Existe riesgo de un golpe de estado en la Argentina

Últimamente ha irrumpido en la realidad argentina la preocupación sobre el futuro democrático de nuestro país.

Por Leandro Mijaloski (*)

Hasta hace algunos años existía el consenso de que la democracia Argentina había alcanzado un determinado nivel de maduración que hacia alejar la posibilidad de un quiebre institucional. Sin embargo, algunos sucesos recientes, tanto en el ámbito nacional como internacional, han abierto un margen de duda sobre dicha afirmación. ¿Existen fuerzas antisistema con posibilidad de crecimiento tal,  que puedan significar una amenaza para el orden democrático? ¿Las normas de convivencia democrática tienen el mismo grado de aceptación por todos los partidos políticos? Y finalmente; ¿Estamos realmente exentos de un quiebre institucional? En las próximas líneas, intentaremos hacer un acercamiento sobre estas cuestiones y reflexionar sobre futuro democrático de nuestro país.

En los últimos años el contexto internacional se ha mostrado adverso y amenazante sobre la consolidación democrática de los países de América Latina. Ya pasaron algunos años de aquellos quiebres institucionales producidos en Honduras (2009) y en Paraguay (2012), y por aquel entonces solo se los veía como una desviación en los procesos de consolidación democráticos de la región. Pero luego sucedieron más casos que ya no pueden ser analizados como una desviación, si no como un claro retroceso en el estándar democrático regional.

Hacia finales de 2015 se iniciaba un proceso de ”impeachment” en Brasil que culminaría en mayo del 2016 con la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. Si bien dicho proceso estaba contemplado constitucionalmente, la presión que ejerció el poder económico, mediático y judicial fueron determinantes para garantizar el objetivo perseguido, sacar al PT del poder.  Así podíamos ver en Brasil, la primera victoria de una estrategia de “lawfare regional” (guerra judicial), que se proponía debilitar a líderes populares constitucionalmente elegidos. El camino continuo hasta condenar a Luiz Inácio Lula Da Silva e impedirle presentarse como candidato a la Presidencia. Así le quitaban al PT toda posibilidad de volver al poder, así debilitaban una potencia, así, Brasil volvía a jugar un juego que no era el suyo.

El 2019 fue otro año donde ocurrieron varios acontecimientos que pusieron en jaque la estabilidad democrática regional. El “estallido social” en Chile ocurrió a partir de octubre de 2019 y el mundo pudo ser testigo de la vigencia de elementos totalitarios que persisten desde la Dictadura de Pinochet. El grado de represión violenta ejercido por Carabineros y por el Ejército Chileno, se encuentran en las antípodas del ideal de un Estado Democrático. A la violenta represión, se le sumo denuncias de todo tipo sobre el accionar de las fuerzas, asesinatos, robos, saqueos, detenciones arbitrarias y hasta abuso sexual, eran la consecuencia de la violación de los Derechos Humanos que realizaban los uniformados en complicidad con las máximas autoridades políticas. Si bien en el caso chileno no se puede hablar de un quiebre institucional, el estallido social dejo en evidencia el agotamiento de una “democracia tutelada”, donde el derecho a huelga no se encuentra garantizado como un derecho constitutivo de la Democracia.

También en octubre del 2019 Perú iniciaba su propia crisis democrática a causa de una pugna por la designación de los Jueces Supremos, que derivo en la disolución del Congreso por parte del Presidente Martín Vizcarra. La crisis se arrastra hasta la actualidad con constantes enfrentamientos entre el Poder ejecutivo y el Poder Legislativo.

El último caso aún más resonante, es el derrocamiento del Presidente de Bolivia Evo Morales en noviembre del 2019. El quiebre Institucional fue evidente, y la violencia desatada contra los seguidores de Evo, mostraban una triste imagen antidemocrática. Ante la renuncia del Presidente Evo Morales, no se respeto la línea sucesoria establecida constitucionalmente y el Poder Ejecutivo paso a ser usurpado y constituido en trofeo de guerra de una disputa política que no se dirimió por los mecanismos democráticos. La Senadora de la oposición Jeanine Añez fue proclamada Presidenta interina y pandemia mediante, dilató hasta el próximo 18 de octubre el llamado a elecciones. Capítulo aparte será analizar la transparencia de dichas comicios.

En todos los países analizados los militares jugaron un rol central, ejerciendo un papel tutelar sobre los procesos políticos de cada país. En algunos casos, también las fuerzas de seguridad jugaron un papel desestabilizador importante.  En Brasil tuvieron un poder de influencia notable sobre la Justicia y llegaron a realizar declaraciones  públicas amenazantes, para impedir la postulación de Lula en la última elección. El Jefe del Ejercito de Brasil, el general Villas Boas, manifestó días antes de que se conociera el fallo contra Lula,  que la fuerza a la que representa  “repudia  la impunidad”, en un claro mensaje de presión hacia la Justicia.

En Perú también el Ejército sirvió de apoyo al Presidente para que avanzara con la disolución  del Congreso. En Chile los Carabineros y el Ejército encarnizaron las represiones sobre las manifestaciones populares sin respetar protocolos de actuación y hasta cometiendo los delitos antes mencionados. Esos hechos dejaron en evidencia el nivel de autonomía con el que operan y la falta de conducción política de las fuerzas. Por último, Bolivia es el caso más ejemplificador del nuevo avance militar sobre la esfera política en América Latina. El Ejército Boliviano fue el actor central en la destitución de Evo Morales e incluso fue cómplice de los actos violentos ocurridos contra los seguidores de Evo.

Este denominador común entre los países sirve para observar un resurgimiento del poder de las fuerzas armadas sobre la esfera política, que representa una seria amenaza para la consolidación democrática. El control político de las Fuerzas Armadas y de seguridad, representa un elemento fundamental para la clasificación de un régimen político como democrático. Es por ello, que este resurgimiento regional de la influencia militar sobre los destinos políticos de los Estados, disminuye considerablemente los estándares democráticos de la región, y se constituye en una seria amenaza considerando los antecedentes históricos regionales. Este resurgimiento militar en la región no es un elemento aislado, si no que se encuentra relacionado con el endurecimiento de la política exterior de los Estados Unidos que se ha dado en el último tiempo. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos consolidó un viraje en la política exterior intentando recuperar la centralidad perdida de la superpotencia en años anteriores. En América latina aumentó la injerencia en los asuntos internos de los países y las embajadas de los Estados Unidos comenzaron a reforzar vínculos con dirigentes y militares afines a sus intereses. La fuerte influencia de los militares estadounidenses sobre los altos mandos castrenses latinoamericanos, generan una fuerte dependencia tecnológica, doctrinaria y por sobre todas las cosas, ideológica. Y este aspecto es el que representa un riesgo para la consolidación democrática regional.

El contexto interno de la Argentina también presenta realidades preocupantes para el futuro democrático del país. Ciertas tendencias consolidadas en los últimos años, hacen que el país no se encuentre ajeno a la realidad regional anteriormente descripta. Los antecedentes históricos de nuestro país, nos muestran que la derecha Argentina nunca fue muy amigable con el respeto de las normas democráticas. El sufragio calificado de fines del siglo XIX y principios del XX, la “Década Infame” y el “fraude patriótico” de los ´30, el bombardeo a la plaza de mayo, la proscripción del peronismo y la recurrencia a los golpes militares para lograr lo que no podían a través del voto popular, pueden ser relacionados  con sucesos actuales que también gozan de características autoritarias y antidemocráticas.

Si bien en la actualidad las Fuerzas Armadas Argentinas no tienen el rol protagónico que tuvieron en el pasado, todavía resta una profunda reforma en su instrucción  y formación, que le imprima un sello democrático que las aleje de sus históricos posicionamientos políticos antipopulares. También dicha reforma debe ser encarada de manera urgente en las fuerzas de seguridad y concretar el efectivo control civil de las mismas. La democracia Argentina, ya no puede contar con fuerza formadas bajo doctrinas retrogradas, autoritarias y desprofesionalizantes.

En referencia a los sucesos actuales anteriormente mencionados, hemos visto como a partir del segundo mandato de Cristina Kirchner, el ataque mediático traspasó todas las barreras y los grandes medios de comunicación apostaron a la revitalización de la “grieta”. Cualquier apuesta a la división de una sociedad, tiene el riesgo intrínseco de facilitar la consolidación de posiciones y prácticas extremas o “antisistema” que permiten el debilitamiento democrático. A partir de diciembre del  2015 con la llegada de Macri a la Presidencia, la persecución mediática se transformó en Lawfare o guerra judicial, en la que los principios del Estado de Derecho quedaron archivados bajo el manto de una Justicia Federal más preocupada en la defensa de intereses políticos, que en actuar como garante de un sistema republicano. Se abusó de las prisiones preventivas, se armaron causas a partir de fotocopias o de informes periodísticos sin prueba alguna y se extorsionó a dirigentes políticos y sindicales con el armado de causas judiciales. Todo esto parece poco frente al uso ilegal que se realizó de los servicios de inteligencia para la persecución y el espionaje de todo tipo de dirigentes, empresarios, periodistas, sindicalistas, etc. Este espionaje ilegal, se constituye en un acto de violación de los principios de convivencia democráticos y es una muestra de cómo la derecha Argentina se encuentra dispuesta a la utilización de recursos que atentan contra la consolidación democrática en nuestro país. El Juez Auge, que investiga una de las causas de espionaje en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, expresó en uno de sus fallos:

“Las prácticas ilegales investigadas […] constituyen un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales y de institucionalidad republicana que toda la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país”.

Todo este tipo de acciones representan un claro retroceso en la consolidación de las normas democráticas. Además, lo que dejaron de manifiesto, es que no todos los partidos políticos tienen el mismo grado de compromiso con las reglas de juego democráticas que sirven para garantizar el fortalecimiento y la perdurabilidad del régimen político. En el mismo sentido, van las últimas manifestaciones recientes con el objetivo de repudiar la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por Covid 19. Convocadas por el sector más reaccionario de la derecha Argentina que utiliza consignas abstractas que en realidad esconden una visión autoritaria y antidemocrática, motivadas aun más, por la falta de aceptación de la derrota electoral del año pasado.  Estas manifestaciones no deben ser tomadas a la ligera, ni tampoco subestimar su efecto social. Desde la 125 a la fecha, la derecha Argentina viene experimentando un cambio en la manera de hacer prevalecer sus intereses políticos. Pasó a tener presencia en “la calle” y a disputar ese espacio que históricamente era del Peronismo y del campo popular, con el claro objetivo de no ceder ni un poco en la redistribución de la riqueza.

Analizado el contexto regional y los antecedentes históricos de nuestro país, entendemos que la Argentina no se encuentra exenta a un golpe de Estado, ya que un sector marginal de la clase dominante está dispuesta a la utilización de cualquier método para defender su posición social. La presencia en “la calle” de la derecha debe encender las alarmar, porque sumado al dominio mediático que tienen, pueden ganar la simpatía de algunos sectores medios disconformes e ir logrando el consenso suficiente para lograr un quiebre institucional. Y de esa manera, volver al país a una etapa de acumulación financiera que privilegie sus intereses de clase y lograr definitivamente dominar al hecho maldito del país burgués: el Peronismo.

(*) Licenciado en Ciencia Política (UBA) Opinión Publica y Comunicación Política (FLACSO).

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