La Legislatura provincial sesionará este miércoles para convertir en ley un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo que busca poner fin al funcionamiento de prostíbulos en la provincia, como una medida para combatir la trata de personas.
El proyecto fue elaborado tomando como base una iniciativa anterior redactada por el diputado provincial Jesús Salim, quien trabajó en su elaboración junto a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven desaparecida en 2002 víctima de una red de trata de personas.
Las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad y Justicia le dieron el visto bueno al texto que será debatido este miércoles y se espera que sea aprobado por el cuerpo legislativo.
La iniciativa, que consta de 11 artículos, prohíbe en todo el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá «la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello», según señala el texto.
También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como «Prostíbulos cero».
Uno de los artículos establece que «en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria».
Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
La iniciativa oficialista implica graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y que las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa.
Además, prevé la creación de un «comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual», cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria.
Finalmente, dispone que el Ministerio de Desarrollo Social provincial asista desde distintas áreas a las víctimas.
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven secuestrada hace 10 años, cuya lucha por encontrar a su hija se transformó en un símbolo de la lucha contra la trata de personas, se reunió con el gobernador José Alperovich para ofrecer su ayuda.
«Queremos ser parte de esto, porque hemos trabajado mucho para contrarrestar estos delitos», explicó Trimarco.
«Podemos decir cuáles serán las necesidades y problemas que se van a plantear con el cierre de los prostíbulos, y cómo se podrían resolver», señaló y destacó que «el gobernador es una persona que sabe escuchar y trabajar y por eso va a hacer las cosas bien».
Entre otros puntos, la madre de Marita propone que los servicios del equipo de profesionales de la Fundación María de los Ángeles, que ha fundado y preside, se sumen a la iniciativa oficial.
«Es la institución adecuada para intervenir porque nos están llamando de todo el país para trabajar y estamos a punto de firmar convenios con algunas de ellas», señaló la mujer, premiada en Estados Unidos y en Europa por su lucha contra la trata.
Trimarco sostuvo que la temática es compleja y explicó que «si se saca una ley de cierre de prostíbulos habrá muchas otros aspectos en las que se deberá trabajar».
En ese sentido, el abogado de la Fundación María de los Angeles, Carlos Garmendia, destacó que acordaron con Alperovich que «una vez aprobada la ley vamos a colaborar con su reglamentación, volcando nuestra experiencia en el tema».
Consultado por Télam, Garmendia señaló que en la capital tucumana funcionan actualmente 17 prostíbulos, mientras según los datos aportados por el legislador Guillermo Gassenbauer, quien presentó el proyecto impulsado por el Ejecutivo, se estima que siguen funcionando 15 locales.
«Algunos ya fueron cerrados, pero se reinventaron con una nueva nominación, mientras que otros funcionan en forma temporaria para evitar ser identificados», señaló Garmendia.
