El primer ciclo político Cambiemos concluye con números muy desfavorables para los mayores que padecen cada mes los ajustes de un escenario inflacionario alto.

El presidente Mauricio Macri se irá en diciembre si el pueblo sostiene y afianza lo que votó en agosto pasado, dejando a 8 de cada 10 jubilados por debajo de la línea de la pobreza. El 80 por ciento de nuestros mayores cobrarán muchísimo menos que la canasta básica, la que se calcula que para esa fecha estará en torno a los 40 mil pesos.
Al brindar por las fiestas, los invisibilizados del sistema habrán tenido un 8,7 por ciento como último aumento del año. La jubilación mínima, que la perciben unos 3,7 millones de trabajadores pasivos, estará en 14 mil pesos; es decir que ni con dos haberes en un mismo hogar podrán alcanzar el mínimo de subsistencia para poder vivir.
Todo esto, me hace reflexionar sobre una noticia que días pasado se publicó en el portal web de la AMIA. Bajo el título: “87 por ciento de los adultos mayores en Israel están satisfechos con sus vidas”[1], el sitio web de la comunidad judía señala que “la gran mayoría de los mayores de 65 años, el 87 por ciento, se considera satisfecho con sus vidas, el 31 por ciento considerando que están ‘muy satisfechos’ y 56 por ciento ‘satisfechos’” y resalta que: “El 57 por ciento de ellos considera que su estado de salud es bueno o muy bueno”.
Nuestro país, que fue pionero en protección en materia previsional y de salud para adultos mayores, hoy vive la situación más crítica de los últimos años. Los sueldos no alcanzan, acceder a los remedios es un lujo y comer es una bendición.
Los jubilados que por obligación salen a trabajar para sostener a la familia y darles de comer a los nietos, que producto de la crisis económica sus padres se quedaron sin empleo, es una postal de las más recurrentes. Las plazas que se arman para el trueque se atestan de personas mayores canjeando lo que consiguen para el sustento diario.
Ana, una jubilada de 63 años, asiste miércoles y sábados a la plaza del barrio San Juan en Castelar Sur, de Morón en la provincia de Buenos Aires, con sus tejidos para cambiarlos por leche, arroz o algo de dinero y con eso pagarle los medicamentos a su marido enfermo de cáncer de pulmón. Hilda, con 77 años y que aún no consiguió su pensión, troca remeras, camisas y zapatillas usadas por fideos, polenta y comida porque, como dijo: “Estoy desahuciada. No tengo en donde caerme muerta”.
En esa situación, la diferencia entre países como Israel y la Argentina es abismal. La tarea para el próximo Gobierno, será muy difícil. Alberto Fernández, de reafirmar los votos logrados en las PASO, tendrá el deber de devolverle la dignidad a aquellos a los que este Gobierno pulverizó.
Con un aumento jubilatorio acumulado en torno al 51 por ciento para el 2019 frente a una inflación que, según los economistas, marcan que estaría en 55 puntos, la pérdida del poder de compra para este año estará -como mínimo- 5 por ciento por debajo y en el acumulado de últimos cuatro años, la caída en términos reales alcanzará los 22 puntos.
Alberto Fernández cuando asuma la presidencia no sólo deberá asignar el aumento prometido en campaña del 20 por ciento para todos los jubilados, sino que además tendrá que modificar la fórmula de movilidad previsional para devolverle a nuestros pasivos la dignidad que se merecen.
Una humilde propuesta para mejorar la vida de los más vulnerables es derogar la ley de reforma previsional sancionada en diciembre de 2017, la que les ató los aumentos conforme la inflación más la variación de los salarios y les hizo correr por detrás del alza de los precios.
Se debería instalar una modalidad mixta basada en la legislación anterior y la actual, aplicando el principio del “beneficio más favorable a los jubilados”. Una suerte de cláusula gatillo que les permitan mitigar la pérdida del poder adquisitivo en períodos de mayor inflación, empardándola con ésta, y de ganar cuando la economía y la recaudación sea prospera.
De esta manera, los 18 millones de desprotegidos del sistema de seguridad social podrán acceder al derecho de ganar, o de empatar, frente al flagelo de la suba de los precios, pero nunca de perder si les tocase volver a transitar por lo que pasaron con la gestión de Mauricio Macri.
Con esta propuesta, al finalizar cada año, el organismo previsional debería incorporar la “cláusula gatillo” y recomponer los salarios para que éstos jamás vuelvan a estar por debajo de la estampida de precios porque, como lo expresó Alberto Fernández: “las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente”.
¡No tenemos el derecho de sentirnos menos que nadie! Si en Israel casi 9 de cada 10 adultos mayores se sienten satisfechos con sus vidas, en la Argentina de la próxima década tenemos que fijarnos esa meta y, como bien señala el candidato del Frente de Todos en su spot de campaña, “si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos, siempre defender a los jubilados”.
Fuente: Digitales.