“Hay infinidad de casos que nunca llegan o aparecen varios años después” |

La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, se refirió al caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que se dirigía a Bahía Blanca a dedo y nunca llegó.

Además, mencionó otros sucesos de gatillo fácil, desaparición forzada y muertes en los sitios de detención; ahondando así en las múltiples formas de la violencia institucional.

Los últimos datos concretos de la organización política que defiende los derechos humanos revelan que hay 61 casos confirmados de muerte en todo el país.”De esos la mitad son en lugares de detención como cárceles, comisarías y la otra mitad corresponden a fusilamiento de gatillo fácil u otras modalidades equivalentes”, afirmó.

Desde el 20 de marzo al día de hoy, se detectaron 32 casos de muertes en comisarías y señaló: “Incluso, a veces, se trata de personas que no hubieran estado presas sin la cuarentena como sucedió con Florencia Magalí Morales”.

Se suma un caso sin trascendencia en los medios, el allanamiento ilegal por parte de policías, quienes ingresaron “a las patadas” en el domicilio de una familia Qom (Chaco) donde secuestraron a cuatro jóvenes, entre ellos una menor de edad, de la que abusaron. “Estos episodios que no terminan en muerte no hay manera de contabilizarlos, a pesar de que hemos denunciado a lo largo de la cuarentena”, especificó.

En este contexto, la titular de CORREPI enumeró al gatillo fácil, las muertes en lugares de detención, la represión a la protesta, las detenciones arbitrarias y el conflicto social como efectos propios del sistema capitalista.

RADIO PROVINCIA: ¿Qué sucede con todos estos casos que estamos viendo y que sabemos que aparecen a raíz de un problema estructural?

María del Carmen Verdú (M.C.V) : Hay que hablar de las represiones políticas de Estado, que hay variantes en su administración concreta de acuerdo a las características de cada período y a cada una de las gestiones de gobierno. Justamente porque no todas las gestiones lo aplican igual y porque hay posibilidad, en algunas casos, de avanzar a mayores reivindicaciones que nos permitan vivir un poco mejor donde es necesario tener en cuenta que sucede en el aquí y ahora.

El 20 de marzo se tomó la correcta decisión, desde el punto de vista sanitario, en cuanto al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero fue errónea la decisión acerca de cómo garantizar su cumplimiento porque en lugar de acompañar con las suficientes medidas de asistencia, materiales asistenciales, se dejó la implementación en manos de las fuerzas de seguridad en el mismo DNU 297/2020.

En esa fecha publicamos una nota sobre los criterios de seguridad para evitar lo que sabíamos que se venía, que eran más detenciones a partir de una ampliación de facultades de los policías para llevarte preso con todas las consecuencias que eso tiene.

RADIO PROVINCIA: “Ustedes vienen llevando una cuenta que siempre sabemos que es una ’subestimación’ porque hay un montón de casos y abusos que no se denuncian en los barrios”.

M.C.V: Correpi, es una organización que desde hace 26 años elabora el archivo y ninguna gestión de gobierno ha podido discutir su validez. Nos tomamos el trabajo de chequear la información y eso significa entrevistar a las familias, tomar contacto con gente vinculadas a los casos cuando son en otras provincias, con organizaciones, ir a tribunales a ver los expedientes. Por lógica todo eso no lo estamos pudiendo hacer en estas condiciones.

Hay que mencionar el caso de Walter Ceferino Nadal que no le pegaron un tiro sino que lo asfixiaron en el momento de la detención. Y las tres desapariciones forzadas porque a la de Luis Espinoza y a la de Facundo Astudillo Castro, ahora hay que agregar un tercera, la de Francisco Valentín Cruz, que no tuvo trascendencia.

RADIO PROVINCIA: Me imagino que hay una investigación y una causa judicial, ¿hay alguna detención?

M.C.V: El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2020 en Florencio Varela. Cruz, de 29 años padecía un trastorno psiquiátrico y fue levantado por un patrullero cuando deambulaba desorientado en una ruta en la provincia de Buenos Aires. La familia hizo la denuncia y una semana después apareció su cuerpo en un basural.

La versión de la policía es que dijo ‘por favor déjenme acá’. Y lo dejaron bajar de un patrullero para seguir de largo. Están identificados ambos policías Bonaerenses, Sergio Barbosa y Emanuel Peralta, del comando Patrulla de Florencio Varela. Hasta donde sabemos no hay avances en la investigación.

RADIO PROVINCIA: ¿Qué novedades conocen ustedes sobre el caso de Facundo Astudillo Castro?

M.C. V: Lo más grave hasta ahora sucedió el día sábado donde primero se instaló una pista falsa porque llegó información a la madre y a sus abogados que había restos humanos en un basural de la localidad, Buratovich, donde se lo vio por última vez el 30 de abril, a las 15:30.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con un “descomunal operativo” de la policía Bonaerense, ante lo cual el abogado se dirigió al jefe para decirle: ‘no se acerque, ni toque nada’. Está apartada de la investigación porque es la fuerza investigada.

En ese momento, el subcomisario no tuvo mejor idea que amenazar y decir: ’sé lo que tengo que hacer cuando bajen las aguas y esto pase’. Fue denunciado ante el juzgado y en una conferencia de prensa que realizó la familia en la puerta de la Fiscalía de Bahía Blanca el 14 de julio.

RADIO PROVINCIA: Hay otra serie de casos como el de la comisaría de Chascomús donde se sabe las condiciones de las detenciones que hay y que provocaron la muerte de Raúl Dávila. Por otro lado, el hecho sucedido en Chaco con la familia Qom.

M.C.V: La muerte en lugares de detención, en muchas ocasiones, se trata de personas que no hubieran estado presas sin la cuarentena como, Florencia Magalí Morales, de 29 años. Fue detenida en San Luis por hacer compras un día que no le tocaba por determinación de DNI, quién murió en la comisaría al día siguiente.

Cualquier muerte en una cárcel, Instituto de menores, dentro de un patrullero, bajo el poder de la persona de hecho o derecho del aparato de seguridad estatal es responsabilidad del Estado. No importa si se suicidio, lo mató otro preso o el personal policial.

Se establece en los Tratados Institucionales de Derechos Humanos, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana o de la Corte Europea y de nuestros propios tribunales que desde el momento que una persona está absolutamente desarmada y sin posibilidad de defensa alguna, el aparato estatal debe actuar como garante de su integridad física.

Los hechos que no terminan en muerte como la “situación espantosa que sufrió la familia Qom” no hay manera de contabilizarlos en cuarentena. Sacamos alrededor de 60 reportes en el primer período y en cada uno contábamos una docena de hechos más, dejando otros por fuera para no repetir.

RADIO PROVINCIA: ¿Consideras que es momento de discutir una ‘Ley contra la violencia institucional’?, ¿cuáles son para vos las bases para empezar a discutir el problema?

M.C.V: Hace más de 60 años, Rodolfo Walsh, escribía “La secta del gatillo alegre” y describía las mismas modalidades que hoy clasificamos en el archivo porque hablaba de torturas, de muertes en lugares de detención y de los aparentes suicidios.

Es cierto que los cuatro años de gestión macrista generaron un balance negativo como lo denunciamos en materia operativa, logística, de intervención en calles y barrios. Después, construimos la ‘agenda urgente’ con algunas medidas que no van a cambiar la estructura social, pero sí pueden evitar una detención arbitraria o una muerte de gatillo fácil.

Se la entregamos en mano a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y se presentó en diciembre del 2019, en el marco del Informe de la Situación Represiva en Plaza de Mayo. En la actualidad, tuvimos que agregar otros puntos que surgieron en la pandemia como por ejemplo la exigencia de derogación del protocolo de patrullaje.