El año pasado, reclamaron un cargo más en la cocina, lo que desagradó a la directora. Tras la muerte de Sandra y Rubén en Moreno, los acusaron de “sabotaje” por una pérdida de gas. La directora pidió remover “a todo el personal del turno mañana”. Así se hizo.
Alejandro Robles es uno de los auxiliares afectados. En diálogo con La Izquierda Diario, nos comenta cómo fueron los hechos.
En agosto del año pasado, realizaron obras en la Escuela Primaria Nº 27 de Barrio Aeropuerto de La Plata. Se trató de una cañería nueva de gas, que incluyó las de la cocina.
El gasista dio el ok y se inauguró la obra, aunque el trabajo que le mandaron a hacer fue parcial. Si bien las cañerías eran nuevas, mantuvieron los artefactos antiguos que tienen más de 20 años y no se les hizo mantenimiento.
Una vez que llegaron los primeros auxiliares, a las 7 de la mañana, prendieron la cocina para calentar el desayuno y se empezó a sentir olor a gas. Luego, una autoridad de la escuela suspendió las clases.
Estaba muy fresco aun, en la mente de todos, el crimen social de Moreno.
Primero, pidieron explicaciones al gasista, que se encargó de constatar su trabajo (las cañerías) y luego fueron contra los auxiliares. No sólo hacia los que encendieron la cocina esa mañana temprano sino también a los que llegaron después, a todo el turno mañana. Y los acusaron de realizar un “sabotaje”.
Esas son las palabras que están en el informe que presentó la directora del establecimiento, Marisa Delgado, al consejo escolar. Y es por esta razón que deciden trasladarlos a distintas escuelas de la zona.
Alejandro nos comenta que, anteriormente a este episodio, los auxiliares de cocina venían reclamando por un cargo más, ya que eran 4 trabajadores que se ocupaban de cocinar para 230 niñes y el reglamento dice que con 4 auxiliares corresponden hasta 170 cupos. Esta situación generaba rispideces con la directora.
Claramente, es una persecución porque estaban reclamando por un derecho laboral y terminan perdiendo su lugar de trabajo. Ellos son titulares en sus cargos y trabajan hace muchos años en la escuela.
Se enteraron del traslado (votado por los consejeros escolares macristas y peronistas) cuando se reincorporaron a sus puestos de trabajo en marzo, después del receso escolar. Sin investigación, sin entrevista, sin escuchar su versión de los hechos.
Alejandro remarcó la importancia de que esta situación se rechace y no se naturalice, porque marca un patrón de comportamiento en el que unilateralmente se decide el destino laboral de 6 trabajadores. Un traslado compulsivo, a la fuerza y sin oír sus reclamos por mejores condiciones de trabajo, siendo totalmente disciplinador.
A casi un año del crimen social de Sandra y Rubén, estas son las secuelas. Un estado que desfinancia y arregla con parches las condiciones edilicias desastrosas de las escuelas, mientras responsabilizan a sus trabajadores por la falta de mantenimiento y los sancionan por reclamar.
Fuente: La izquierda.
