El pasado miércoles se realizó en La Plata una nueva audiencia en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Allí, durante una intensa jornada que comenzó a las 10:30 y culminó cerca de las 19, prestaron declaración cuatro testigos, los sobrevivientes Norberto Liwski, su hija Julieta, María Amalia Marrón y María Dolores Serbia, todos vecinos de La Matanza.
Los genocidas Juan María Torino y Rubén Boan siguieron la audiencia a través de videoconferencia. No así los restantes imputados, que solo tienen la obligación de presenciar el debate en las audiencias de indagatorias e imputaciones.
Primer testimonio
Norberto Liwski es médico, tiene 72 años, es querellante en este juicio y ya dio testimonio en otros juicios de lesa humanidad. Comenzó su relato contando cómo fue su secuestro en la noche del 5 abril de 1978, cuando regresaba a su casa de atender a un joven discapacitado. Él era parte de la dirección de un centro de salud comunitaria ubicado en Ciudad Evita.
“Era en el Complejo 17, un lugar de confluencia de varios movimientos desde los años 60, cuando iban creciendo las familias sin techos del conurbano”, explicó. Allí el médico participaba muy activamente de las actividades.
En la audiencia Liwski relató pormenorizadamente las sesiones de tortura a las que fue sometido en la Brigada de San Justo. Apenas ingresó al centro clandestino de detención lo tiraron sobre una mesa metálica para torturarlo mientras una voz le decía “le voy a hablar de colega a colega, usted está muy mal herido, no ofrezca ninguna resistencia, colabore”.
En medio de las torturas se presentó otro hombre que le dijo “soy el coronel y soy el jefe, nosotros de usted sabemos todo, y lo vamos a torturar porque en esta dictadura no hay lugar a la oposición, se acabó el padrecito de los pobres”, en referencia a Carlos Mujica, con quien Liwski tenía una relación cercana. El coronel era José Raffo, alias el “Tiburón”, quien en 1985 era uno de los jefes de la división Drogas Peligrosas de la Policía Bonaerense.
Liwski mencionó varias veces al médico imputado en la causa, Jorge Héctor Vidal. El genocida Boan, alias “Víbora”, en una de las sesiones de torturas le preguntó a Vidal hasta cuándo podía resistir un cuerpo torturado y le anunció a Liwski que habría una próxima sesión que se haría “en presencia de sus hijas”, de quienes aseguraba que también estaban secuestradas junto a su esposa.
El médico estuvo detenido en la Brigada de San Justo, luego en la comisaría de Gregorio de Laferrere y en la cárcel de Villa Devoto. En 1983, un año después de su liberación, fue convocado por Chicha Mariani para trabajar junto a las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de niñas y niños apropiados. “Aprovecho este pasaje para rendirle un profundo homenaje a Chicha”, dijo emocionado, lo que motivó un aplauso cerrado en la sala.
Liwski confirmó que el genocida Vidal “está involucrado en la apropiación de hijas e hijos de personas desaparecidas. Supe que María José Lavalle Lemos fue apropiada por Teresa González y Vidal firmó su certificado de nacimiento. Lo mismo hizo con María Victoria Moyano Artigas, apropiada por Víctor Penna, hermano del jefe de la Brigada de San Justo. Y Paula Logares, secuestrada en Uruguay, fue apropiada por Rubén Lavallén de la Brigada de Investigaciones de San Justo y Jorge Héctor Vidal firmó el certificado falso de nacimiento”.
Su relato exacto, con fechas precisas de esos nacimientos y nombres de los responsables de las apropiaciones, deja en claro la magnitud del Plan Cóndor. “El secuestro del matrimonio Logares con su hija Paula se produjo en Montevideo, de acuerdo a los testimonios en Parque Rodó, y ellos fueron trasladados a la Brigada de San Justo, entre otros casos”, sentenció.
“En la Brigada de Investigaciones de San Justo estuvieron secuestrados muchos delegados y activistas de fábricas”, afirmó Liwski, y recordó especialmente “al tesorero de Smata”, gremio cuyo activismo -con la complicidad del burócrata José Rodríguez- fue especialmente atacado por los genocidas del Circuito Camps.
El médico finalizó su testimonio manifestando que “este juicio tiene el valor de que los responsables de crímenes de lesa humanidad tengan las sanciones que merecen. También significa un camino reparatorio para las víctimas directas e indirectas y para la sociedad toda. Los que podemos contar tenemos el deber de contarlo, por los que no pudieron, que sirva el testimonio para honrar su memoria y en sus nombres pedir justicia”.
Otras declaraciones
La segunda en declarar fue Julieta Liwski, una de las hijas de Norberto. Nació en 1974 en La Matanza, donde su padre trabajaba y militaba. Dio cuenta ante el Tribunal de las huellas de lo que esos años dejaron en ella y en su hermana.
La memoria de Julieta empieza a partir de las cárceles de Devoto y Caseros. “Yo jugaba con mi hermana a hacer hábeas corpus y solicitadas. Las visitas a las cárceles me marcaron y me duelen. Es una herida que va a estar siempre. Fueron alrededor de 250 visitas a las cárceles. Horas de espera, de requisa”, relató entre llantos. Y contó que después de varios años liberaron a Norberto y llevó tiempo reconstruir un vínculo, a pesar de que él les había escrito cartas que tiene guardadas.
De grande se dedicó al teatro y siempre sintió que había una parte con los lugares de encierro que le pertenecen. Ha trabajado en cárceles y en institutos de menores. Con lágrimas en los ojos pronunció sus últimas palabras invocando a Almafuerte: “No nos demos por vencidos ni aún vencidos”.
Luego testimonió la sobreviviente María Amalia Marrón, docente de 61 años. La mujer realizó una síntesis de los orígenes del complejo 17 en el barrio General Güemes: “Entraron numerosas familias en búsqueda de un lugar donde vivir y criar a sus hijos. La dinámica social era de producción de trabajo y cubrir las necesidades de salud y educación”.
“Yo comencé a ir al barrio con compañeras de la universidad porque me interesaba la niñez y la educación en expresiones artísticas para niñas, niños y adolescentes desde la educación popular”. La mayoría de las personas referentes del barrio fueron perseguidas. Muchos se fueron, otros fueron apresados, muchas familias se vieron desoladas y tuvieron que organizarse para vivir separadas”.
Marrón recordó que en marzo de 1978 se hizo una misa en la Catedral de San Justo para pedir por la libertad de una compañera y que, al salir, fueron interceptados por hombres armados y una voz les dijo “alto, acá perdieron todos”.
Ella y otras personas fueron arrastradas y llevadas del lugar. Fue trasladada en el asiento de atrás de un auto, con la cabeza baja entre las piernas. El acompañante del que conducía las iba apuntando. Fue llevada a la Brigada de San Justo, golpeada, tabicada, con sus manos atadas.
“Siempre con insultos y a los empujones me aplicaron picana en todo el cuerpo y preguntándome quiénes estaban conmigo en la misa. Esta situación se prolongó bastante tiempo. Mi estado era preocupante, crítico, ya mi cuerpo no resistía. Me enteré que solicitaron la intervención de otro detenido médico, Raúl Petruchi”.
Marrón mencionó a represores apodados “Tiburón”, “Víbora”, “Rubio”, “Eléctrico”, eran quienes la golpeaban. “Me resulta muy difícil expresar con palabras las cuestiones que tienen que ver con padecimientos físicos o describirlos, las secuencias de imposición y crueldad de las que fui parte fueron tremendas”.
“No había momentos en los cuales no se sintiera el terror. Recuerdo que repartíamos comida y panes en las celdas, si los tachos volvían llenos o no, podíamos saber si alguien volvía o no”, recordó con precisión.
A principios de junio de 1978 fue trasladada, al igual que Liwski y más personas secuestradas, a la Comisaría de Gregorio de Laferrere, donde pudieron recibir visitas. Finalmente en agosto fue trasladada a la cárcel de Devoto.
En el juicio la testigo recordó que su padre, al momento de su secuestro, fue a la Catedral de San Justo y habló con un cura que le dijo “que se quedara tranquilo, que a su hija la iban a devolver”. En ese mismo momento el cura hizo un llamado y dijo que a los dos o tres días su hija iba a volver. Lo que deja en evidencia la relación estrecha entre la jerarquía católica y los genocidas.
La testigo supo años después que en los documentos de inteligencia la describían como “delincuente terrorista”. Por su caso y el de otras personas se realizó un “consejo de guerra”, integrado por un coronel que de apellido Basili, otro de apellido Balcedo y otras personas que oficiaban de defensores y fiscales. El consejo de guerra se declaró incompetente y pasó a la justicia federal que terminó sobreseyéndola y dejándola a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1982.
Terminada la dictadura, Marrón declaró en el Juicio a las Juntas. Allí reconoció al comisario Raffo, a quien se le inició un proceso, pero gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promovidas por el alfonsinimo, quedó en libertad.
Detenida antes del golpe
La última testigo fue María Dolores Serbia, secuestrada la noche del 16 de marzo del 1976, cuando tenía 34 años. Vivía en Castelar con su madre y una tía y trabajaba en la Dirección de Adultos de La Matanza, donde su tarea era gestionar ante las fábricas de la zona, como Siam, Santa Rosa, Mercedes Benz y Chrysler, para que los obreros pudieran terminar los estudios. Esa tarea la convirtió en blanco de la represión.
Serbia fue secuestrada en su casa, por un grupo de hombres que la retiraron encapuchada mientras la interrogaban. El episodio, coincidente con el de otros testigos, confirma el modus operandi de las “zonas liberadas” para la acción de los grupos de tareas.
Cuando la secuestraron ella escuchó, mientras la subían al asiento trasero de un auto, que decían “vamos a la estancia”. La llevaron a un lugar en cuyo ingreso se cruzaba un pequeño puente de madera, donde se escuchaban ladridos de perros y el sobrevuelo de aviones. La alojaron en un box con el piso húmedo. Nunca pudo saber qué era ese lugar, pero por los detalles supone que se trataba del CCD “Puente 12”.
Allí fue duramente interrogada y el 21 de marzo fue trasladada sola en una camioneta a la Brigada de San Justo. Confirmó que era ese lugar por uno de los policías que le traía agua y la llevaba al baño. Allí, entre interrogatorios y torturas, se enteró del golpe de estado del 24 de marzo por las marchas militares que pasaban en la radio que sonaban constantemente.
Tras un intento de abuso por parte de personal militar, fue llevada a una celda en la Comisaría, donde uno de los efectivos se comunicó con su familia. Su hermano realizó gestiones y pudo confirmar que estaba allí. Finalmente fue derivada a la cárcel de Olmos (La Plata) el 13 de abril del 76, luego a Devoto hasta julio de 1977 y finalmente liberada desde la sede de Coordinación Federal de la Policía Federal en Buenos Aires.
Dolores contó que, además de ella, todo su grupo de trabajo fue perseguido y la tarea social que realizaban desmantelada. Serbia es la primera detenida que fue ingresada a la Brigada de San Justo, siempre entre los casos que forman parte de este juicio, ya que hay pruebas de detenciones y torturas de militantes en marzo y abril de 1975, bajo el gobierno de María Estela Martínez y en el marco del Plan Cóndor.
Los distintos testimonios dieron cuenta del rol de Vidal en las sesiones de las brutales torturas y en la apropiación de hijas e hijos de mujeres secuestradas y de los delitos sexuales cometidos por los genocidas de la Brigada de Investigaciones de San Justo.
