Desde la medianoche comenzó a normalizarse la prestación del servicio del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba, luego de nueve días consecutivos de paro de los choferes en rechazo al acuerdo paritario nacional acordado por la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estableció un incremento del 21%, y en reclamo por la normalización de la delegación gremial local que se encuentra intervenida desde el año pasado.
Se normaliza; El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Pablo Farías, destacó que desde las primeras horas de este miércoles “el servicio ha recuperado su regularidad. Las líneas están funcionando con normalidad”, y que sólo se mantienen los efectivos de seguridad en las puntas de líneas desde donde parten los colectivos.
En la tarde del martes los colectiveros resolvieron levantar la medida de fuerza, condición que exigió el municipio y los empresarios del transporte para iniciar una mesa de diálogo sobre sus reclamos y para evitar que haya más despidos, tomando en cuenta que se enviaron alrededor de 100 telegramas, por no acatar la conciliación obligatoria ni la declaración de ilegalidad del paro, trabajadores que no serán reincorporados según manifestaron los empresarios y el intendente capitalino Ramón Mestre.
Mientras tanto, distintos gremios se movilizarán este miércoles en los alrededores de la Legislatura unicameral, ubicada en la zona del centro de la capital, para manifestar el rechazo al proyecto que tratará hoy para regular las huelgas en los servicios públicos considerados esenciales.
La iniciativa parlamentaria fue impulsada por el gobernador Juan Schiaretti a partir del conflicto generado por los choferes del transporte urbano de pasajeros, y cuenta con el respaldo del bloque oficialista de Unión por Córdoba (UPC) y del interbloque Cambiemos.
El proyecto propicia procedimientos operativos para la prestación de actividades consideradas esenciales, como forma de garantizar a la población el ejercicio de sus derechos constitucionales básicos en un estándar mínimo de prestación en situación de conflictos laborales.
En ese sentido se propone la incorporación en el Código de Convivencia Ciudadana de una figura que tipifique acciones que puedan atentar contra la normal prestación de los servicios públicos.
