N° de Edición 7369
La Matanza

San Justo: Todas las miradas apuntas a Caprino

TESTESTE

Colaboración de Serpico Ness

Caprino, Sacayán y Frade fueron ternados para la ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de La Matanza. La actual defensora va por la re-reelección y todas las miradas apuntas a ella.

El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza anunció para este miércoles 7 de noviembre una nueva sesión legislativa donde se conocerá al ganador de la terna de candidatos que sobrevivieron en la postulación a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de La Matanza pero aún los diferentes bloques insubordinados, continúan unificando sus críticas hacia la gestión de la Defensoría que lleva 8 (ocho) años -desde su creación- a cargo de Silvia Caprino.

Las criticas incluyen un sector del radicalismo que se centró en la tibia actuación que tuvo Caprino para reclamar soluciones a principios de abril para los damnificados del temporal, problemática que vuelve hoy al tapete luego de las lluvias caídas el pasado 28 y 29 de octubre, provocando (Información Nº 329 / subsecretaría de Comunicación, Prensa y Difusión del municipio) más de 4.500 evacuados en el Distrito.

Cuando se conoció la sorprendente noticia que el Concejal por el radicalismo, Manuel Isidro Atencio, presentaría un proyecto de Ordenanza mediante el cuál se buscaba modificar la Ordenanza 13.368 para permitir que Caprino sea re-reelegida en el cargo, la críticas vecinales no tardaron en llegar. El edil se defendió: “Te voy a decir la verdad, quiero que esto se pudra para saber que hago. Si a mi me piden del partido que la avale y está generado el consenso pa´ que sea, yo la voy a bancar a Caprino. Ahora si salen a pedirme que no la avale, no la voy a avalar. Nadie dice nada, todo es radiopasillo”. Demás está decir que en público, el silencio fue unísono en la UCR.

Caprino, una ramense que no vió los edificios ilegales

Una de las grandes quejas a la gestión de Carprino, llega desde Ramos Mejía, por su actuación frente al tema de los edificios ilegales. Cabe recordar que en el marco de la décima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante realizada el 9 de noviembre de 2004, Caprino asumió como titular de la Defensoría, cuando cinco meses atrás -el 26 de mayo de 200-, el HCD aprobó por unanimidad una ordenanza que pretendía regular la construcción de edificios en la ciudad de Ramos Mejía pero que no fue enviada al gobierno de la provincia de Buenos Aires para ser avalada. Casi nacieron juntos…

Defensoría del Pueblo de La Nación

El 5 de marzo de 2009, la Defensoría del Pueblo de La Nación, por expresa indicación de Eduardo Mondino, se dirige a la Defensoría del Pueblo de La Matanza (Nota 2701) requiriendo su colaboración en razón de que en el caso podrían estar conculcados derechos ambientales individuales y colectivos, consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que el Defensor está obligado a proteger y garantizar en virtud de lo normado en el artículo 86 de nuestra Carta Magna. En tal sentido, solicitó, a título de colaboración, en la actuación N° 7270/06, caratulada “COMINGUEZ, Silvana sobre solicitud de intervención ante la presunta alteración del medio ambiente provocada por la construcción de edificios”. Además, le solicitó a la Defensora local indicar «el estado actual del trámite otorgado al expediente N° 1949/06 tramitado por ante la institución a su cargo a raíz de la solicitud efectuada por los vecinos de la Ciudad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, respecto de la presunta alteración del medio ambiente provocada por la construcción de edificios» y «toda otra información que sobre el particular estime pertinente».

La respuesta llegó el 23 de marzo de 2009, donde Silvia Graciela Caprino respondió: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la nota 2701 vinculada con el expediente 1949 del registro de esta Defensoría del Pueblo de La Matanza. Dicho expediente se encuentra anexado a los expedientes 1480, 1493, 2445, 2461, 4481, 4501, 5349, 6191 en razón del tema. De un análisis de los mismos surgen diferentes resoluciones que se han solicitado a dependencias municipales a los fines de clarificar la situación relacionada con la construcción de edificios en la localidad de Ramos Mejía. Conforme surge de las respuestas, las construcciones fueron efectuadas respetando los marcos legales. Cabe aclarar que en ningún caso vecinos de la localidad denuncian posibles contaminaciones producto de la construcción de edificios. Por otro lado hemos tomado conocimiento de que muchas construcciones han sido denunciadas judicialmente en diferentes fueros del Departamento Judicial de La Matanza, hecho del que estamos efectuando un relevamiento a los fines de cesar nuestra intervención en esos supuestos, conforme lo normado por la ordenanza 13.368. Sin otro particular y a su disposición para brindar todo otro dato que sea de vuestro interés, lo saluda atentamente”.

Caprino le omitió detalles a Mondino

Las ordenanzas referidas a la construcción de los últimos 20 años no estaban convalidadas en el Poder Ejecutivo Provincial (Ordenanza Nº 8670/87; Nº 9963/93, Nº 13492/06, Nº 14899/06 y la Nº 15135/06). Recién ante la presión que ejercían los vecinos en los medios de comunicación, sumado a la presentación de una demanda por ilegitimidad de normas presentada en el Juzgado Nº 1 de La Matanza, que luego fue girada al Departamento Judicial de Morón, dichas Ordenanzas fueron presentadas en La Plata para su convalidación. Finalmente, en febrero de 2007, el ex gobernador Felipe Solá firmó el Decreto Nº 214 pero excluyó de aprobación y convalidación, los artículos cuestionados por los vecinos.

En el N° de Actuación 4481, un damnificado denunció «textualmente» en la Defensoría local, «daño ambiental” (aunque se sobreentiende, ya que tras la aplicación de las ordenanzas no convalidadas se modificó el FOT y el FOS, la densidad habitacional, el retiro de fondo, los usos complementarios, provocando todo tipo de desajustes en el planeamiento de la ciudad y su infraestructura sin haber cumplido con los requisitos correspondientes para que estuvieran vigentes) por una construcción lindera ilegal. Un mes antes de la nota 2701 de la Defensoría del Pueblo de La Nación, el 5 de febrero de 2009, Asesoría Letrada del Municipio de La Matanza había dictaminado (8338/08) que la obra Alvarado 607 de Ramos Mejía (expediente N° P 3785/06) “fue registrado al solo efecto de su incorporación al padrón de contribuyentes”.

Cabe aclarar que si bien la Ordenanza 13.368 (creación del Defensor del Pueblo del Municipio de La Matanza) establecía: “Si iniciada la actuación se interpusiera por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el Defensor del Pueblo debe suspender su intervención”, agrega: “Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas”.
Además, en su artículo 1° inciso d, establecía: “Será obligación del Defensor del Pueblo de La Matanza elevar al Defensor del Pueblo de La Nación las denuncias por la afectación de derechos y garantías individuales y colectivas del pueblo de La Matanza comprendidos en la Constitución y en las Leyes de la Nación…”.

El 17 de febrero de 2009, Caprino solicitó a la Subsecretaría de Planificación Operativa y Control Comunal le informe sobre dos expedientes (4481/07 y 6191/08) y les recordó «no haber recibido respuesta alguna a la fecha, encontrándose los plazos establecidos por la Ordenanza 13.386 totalmente vencidos”. La dirigente radical no ventiló que las distintas reparticiones del municipio no le contestaban y menos, denunció el incumplimiento de la normativa, al menos en los medios.

La TV fue la mejor Defensoría del Pueblo para los ramenses

El 19 de agosto de 2008, la Defensoría resuelve “solicitar al área correspondiente (del municipio) un informe detallado acerca del estado de las obras y edificios denunciados (N° de Atención: 6191): 25 de mayo 102, Alvarado 333, Alvarado 607, Avellaneda 174, Avenida San Martín 34, Avenida San Martín 34, Av. San Martín 1495, Bartolomé Mitre 320, Bartolomé Mitre 420, Bartolomé Mitre 450, Bolívar 529, Bolívar 799, Carlos Calvo 186, Castelli 770, Corrientes 90, Emilio Mitre 451, Gral. Acha 56, Lamadrid 996, Lavalle 32, Lavalle 329, Rondeau 599, Saavedra 253, Sargento Cabral 44, Sargento Cabral 266, Vicente López 146, Vicente López 239, Urquiza 354, Urquiza 1323 y Urquiza 1391.

El vecino denunciante no tuvo respuesta de la Defensoría pero las novedades, llegaron estrepitosamente. La construcción denunciada Carlos Calvo 186 directamente se derrumbó el 5 de octubre de 2009 y con la segunda visita del programa CQC a Ramos Mejía, el Intendente firmó los decretos 2139, 2140, 2141 y 2142 donde intimó a demoler lo irregularmente construido en Vicente López 146, Alvarado 333, Saavedra 253 y Alvarado 333. En los Considerando de dichos decretos, figuran los expedientes de los vecinos denunciantes pero no la actuación de la Defensora del Pueblo al respecto.

Cromañon no nos enseñó nada

A pesar que “El Defensor del Pueblo podía iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Publica Municipal y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar intereses difusos y colectivos”, en enero de 2008, Cristian Contreras –un joven de 17 años- falleció al derrumbarse una obra ilegal -en la que trabajaba sin estar registrado- ubicada en Lartigau 1557, en Ramos Mejía. El arquitecto Reinaldo Fabián Alen, acusado de estrago culposo seguido de la muerte del albañil, fue declarado culpable por el Juzgado Correccional Nº 1 de La Matanza 30 meses después. Fiscalización de Obra y Regulación Catastral (ex Obras Particulares) del municipio y la UOCRA no vieron nada a pesar que algunos días hubo volquetes en la obra pero tampoco se conoce la actuación del Defensoría ante este lamentable episodio.

Datos llamativos

Si bien el decreto provincial 214 del 19 de febrero de 2007, establece en su artículo 2°“como requerimiento previo a la aprobación de obras que apliquen las nuevas densidades propuestas por parte del municipio de factibilidad de dotación de servicios de infraestructura reglamentarios”, recién el 13 de octubre de 2009 (ante el N° de Actuación 6191) y a pesar de las denuncias que había en su haber, la DPLM resuelve“solicitar al área correspondiente (del municipio) un informe detallado de las obras nuevas que han solicitado factibilidad otorgada por la Empresa AySA del año 2004 a la fecha.
Con el aumento de la presión vecinal y la presencia de medios nacionales, el Intendente Fernando Espinoza suspendió el 16 de abril de 2008 “la presentación y el trámite de los permisos de obra nueva y ampliación que no se encuentren iniciados por Mesa General de Entradas, en la localidad de Ramos Mejía y que superen los 10 metros de altura, cualquiera sea su destino, uso y dimensiones del lote”. (Decreto 877/08, que se prorrogó y al que le siguió el Decreto 19/09 hasta llegar la zonificación particularizada de Ramos Mejía).

La secretaria de Planificación Operativa y Control Comunal, atento a lo peticionado por la Defensoría del Pueblo local el 11 de agosto de 2008, entregó copia de registro informático correspondiente a expedientes de obra ingresados a dicha dirección de fecha 02.01.08 hasta el 25.06.12. Aquí llama la atención que no figure la obra Corrientes 47, de Ramos Mejía (expte: k 5560-08) que fue denunciada en el Colegio de Técnicos de la Pcia. de Bs. As. Distrito II ya que en la fecha de permiso (14.08.08) que figuraba en el Cartel de Obra Reglamentario, el mes fue borrado (simulando un 3) para quedar excluida del Decreto 877. La obra fue visitada por CQC en 2009 y tiempo después, demolió dos pisos en cada uno de los cuerpos aunque aún supera ilegalmente los diez metros de altura. Nunca se supo que medias tomó al respecto la Defensoría del Pueblo.

El 13 de noviembre de 2008, el mismísimo Concejo Deliberante local, a través de la zonificación particularizada de Ramos Mejía (Ordenanza 17.786) reconoció en el Considerando: “que en particular la localidad de Ramos Mejía cuenta con una infraestructura que no ha sido redimensionada en relación al crecimiento registrado y al futuro de sus habitantes” pero no hay responsables. Repetimos que Mondino requirió colaboración a Caprino en razón de que en el caso podrían estar conculcados derechos ambientales individuales y colectivos, consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional que sentencia: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…»

Conclusión

El escándalo urbanístico destruyó gran parte la identidad de Ramos Mejía y los vecinos continúan preguntándose: ¿Quién se haría responsable por el daño producido?. La respuesta es simple y se encuentra en el artículo 28° de ley nacional 25.675 que sentencia: “El que produce el daño ambiental es responsable de su restablecimiento al estado anterior o en su defecto, la indemnización sustitutiva” y el artículo 6° de la ley provincial 11.723 establece «la responsabilidad del Estado provincial y municipal al respecto”.
Después de los cuatro decretos de demolición, de la aplicación de ordenanzas de hecho pero no de derecho -durante 20 años-, de lamentar una muerte y encima gracias al HCD, la localidad de Ramos Mejía cuenta con una infraestructura que no ha sido redimensionada en relación al crecimiento registrado y al futuro de sus habitantes vale recordar que El Defensor del Pueblo cesa en sus funciones por ejemplo, «por mal desempeño y/o incumplimiento de los deberes del cargo» establecido en la ordenanza 13.368.

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