N° de Edición 7358
La Matanza

San Justo: “Estás funcionarias son ineptas y soberbias”

TESTESTE

Pag.6 y 7_Pueyrredon y Mosconi
Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace un par de días, varios empresarios de la construcción se acercaron a la redacción del NCO para contarme sobre las grandes y graves dificultades que están enfrentando respecto al accionar de dos funcionarias municipales (que en su momento fueron cesanteadas de la municipalidad de Morón) a cargo de un área muy sensible y varias veces cuestionadas.
En todo el municipio hay un rumor, muy pero muy fuerte, sobre el trabajo que desarrollan estás funcionarias, hay muchas cosas para comentar, desde que una de ellas esta nombrada en otra dependencia y trabaja en el área cuestionada, hasta la incorporación, casi indiscriminada, de personal. También hay muchos comentarios sobre una oficina (propiedad de una de ellas) ubicada en Avenida Rivadavia al 18000 a pasos de la estación de Morón, dónde se realizarían reuniones para destrabar “situaciones conflictivas”.
Las declaraciones que siguen son textuales (por cuestiones legales voy a guardar la grabación) y muestran la indignación de hombres que han trabajado durante muchos años en San Justo y otras localidades y, que ven, que sus trabajos peligran por la “insensatez” de algunas funcionarias.
“Vengo hablar porque no aguanto más y esto lo hago por mi hijo y por mis nietos”, arrancó diciendo uno de ellos y ante las represalias que puedan producirse, dado que ellos deben seguir con estás funcionarias, en la nota pondremos nombres ficticios, cabe aclarar, que en caso de ser necesario se dará a difusión estos nombres, que de por sí, tienen mucho peso y respeto por parte de la comunidad.

“Es una Vergüenza”

José Q. nos cuenta que “Es una vergüenza lo que esta sucediendo en O. P. (dependencia municipal últimamente muy cuestionada), te citan a las 10 de la mañana y te hacen juntar orina hasta las 16 horas” e indignado agrega “Hace 40 años que trabajo en La Matanza y nunca vivimos nada parecido los profesionales de la construcción, nos hacen juntar orina, tardan de 3 a 6 meses en aprobar un plano de la obra de una casa ni te cuento lo que sucede con un edificio, para eso hay que ir a Morón a una inmobiliaria y ponerla toda junta. Si pagas, podes construir lo que sea”.
“Estas señoras (por llamarlas de alguna manera) le han puesto un cepo total a la construcción, más del 40% de las obras están paradas y esto representa muchos millones de pesos de inversiones inmovilizados y miles de trabajadores sin trabajo” remarca Juan F. y añade que “Los planos de una casa más de un mes no pueden tardar, uno tiene la plata ahora para construir ó refaccionar la casa, pero dentro de tres ó seis meses, cuando te entregan los planos, con la inflación existente se puede hacer menos de la mitad de lo planificado”.

Multas exorbitantes

Esteban H. afirma que “Estamos hablando de viviendas unifamiliares no de edificios ni nada parecido; las multas que ponen son exorbitantes, por un tabique que no figura en el plano te mandan 20 mil ó 30 mil pesos, por arreglar el frente y poner un alero para no mojarse cuando llueve te mandan 40 a 60 mil pesos. Estas señoras creen que uno cag… la plata, nosotros ganamos la plata honradamente y trabajando, no como algunas que la ganan coimeando” y manifiesta que “Hay que hacer notar las diferencias, en Morón por un alero fuera de plano, el juez de faltas me cito y como pidiendo disculpas me puso una multa mínima, aduciendo que iba a invertir al distrito y eso tenían que tenerlo en cuenta. Acá te matan y lo que es peor, no tenemos la opción de defendernos ante estos atropellos, hacemos notas y nadie nos da bola”.
“A una jubilada que no podía hacer el cerco perimetral de material (lo tenía de alambre tejido) le querían hacer una multa que duplicaba el valor de la casita. No tienen respeto por nada ni por nadie. Estás funcionarias son ineptas y soberbias, no tienen excusas y los que están arriba de ellas, los jefes de ellas, no nominales, no les permiten hacer nada. Los profesionales hablamos con él durante dos ó tres meses hasta que nos dimos cuenta que no puede hacer nada, se lo preguntamos y él nos reconoció que no puede hacer nada contra estas personas” sostiene Fabián J.

“Antisiniestrales para locales chicos antes de habilitar”

José Q. explica que “Antes, sólo para galpones y comercios arriba de los 500 m2 pedían planos antisiniestrales, ahora te lo piden para cualquier cosa. Te piden esos planos cuando estas construyendo un localcito y nadie sabe que negocio va a ir a ese local, es una locura pedir un antisiniestral antes de habilitar un comercio, aún antes de saber que tipo de comercio va haber en ese local y estoy hablando de locales de 2 x 2 ó 3 x 5, locales que están destinados al comercio minorista como una verdulería o un kiosco. Ese plano hay que pedirlo cuando se va habilitar no cuando se esta construyendo el local”.

«Hay muchas empresas que ya no quieren construir en La Matanza»

“Estamos en manos de personas que no saben nada, que no conocen La Matanza y que no les importa La Matanza. Al que viene a invertir al distrito habría que ponerle alfombra roja y darle todas las facilidades para que invierta (obviamente dentro de la ley), pero no, esta mujeres te ponen un obstáculo tras otro y encima te quieren coimear” asegura Juan F y ejemplifica que “La actividad esta muy parada, por el cepo al dólar muchas inmobiliarias no pueden hacer operaciones y encima estas señoras que traban la construcción, la situación va de mal en peor, hay un gran déficit de viviendas en La Matanza, nos hay casas ni departamentos para alquilar. Las inmobiliarias reciben entre 10 a 15 personas por día buscando alquilar y no hay. Hay muchas empresas constructoras que no quieren construir en La Matanza, están cansados que estas funcionarias los maltraten y humillen, no quieren venir al distrito y se están yendo para Morón, 3 de Febrero e incluso Ituzaingó” y añade que “La situación es insostenible, hasta los colegios profesionales han intervenido en el tema y nadie les dio bola”.

“Hay cosas que no se puede entender, dicen que quieren recaudar y hay miles de planos de subsistencia parados, hay algunos que lo tienen 4 ó 6 años dando vueltas y con esto la municipalidad pierde plata, ¿Por qué no lo pasan a catastro para inscribirlo y se les cobre el impuesto?. No se entiende, esto es algo que no pasa en ningún lado, hasta hubieron muertos por esto, gente que discute por no poder subdividir y vender” remata Fabián J.

Algunas (de las muchas) obras cuestionadas

Pag.6 y 7_Avda. de Mayo y Rosales

A partir de la publicación de la nota “Dualidades” el pasado 17/12, muchos se han acercado con ejemplos de las sinrazones del área cuestionada.
* Una obra en la calle Perú y Pte. Perón, dónde el plano esta firmado por un jubilado de San Martín, es decir, la firma esta “truchada” y la construcción se excede en 4 pisos. Se dice que hubo un arreglo dos veces millonario y el mismo que fue en “verdes”.

* La obra de Pueyrredón y Mosconi, se excede en dos pisos, pero ya arreglaron y los departamentos están terminados y muchos, vendidos.
* El bar que se esta construyendo en Avenida de Mayo y Rosales, ocupó todo el espacio disponible y, más de uno, aseguran que los planos fueron aprobados y firmados, previa visita a la oficina de una inmobiliaria en Morón. Aclaremos, antes había una colchonería.

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6 comentarios

  1. DEDICADO AL 54% ………

    LA COLUMNA DE LA SEMANA

    La degradación moral

    domingo, 23 de diciembre de 2012

    Por: LUIS DOMENIANNI

    Los saqueos de supermercados, que volvieron a mostrar el peor rostro del vandalismo, se iniciaron en la sureña ciudad de Bariloche.

    Lamentablemente, el pronóstico quedó verificado. La semana pasada titulábamos esta columna con “Faltaba la violencia” en referencia a los hechos protagonizados frente a la Casa de Tucumán, en Buenos Aires, y los acontecidos en el Obelisco porteño. Esta semana, la violencia abarcó el país.
    No fue aislada. Ni geográfica, ni política, ni socialmente. Fue la consecuencia inevitable de una degradación moral que vive el país y que se precipita de arriba hacia abajo.
    Fue una violencia completa, observable desde todos los ángulos. Sin dudas fue delincuencial porque se trató de saqueos. Fue social, porque fue protagonizada en gran medida por sectores sumidos en la marginalidad. Fue económica porque cualquier indicador muestra retrocesos en la distribución real del ingreso. Fue política, porque más allá de la existencia o no de algún componente militante, demostró la absoluta incapacidad del Estado para prevenirla, combatirla y, menos aún, vencerla.
    Pero, sin duda alguna, fue moral. Porque se trata del emergente de una pérdida de valores reemplazados por un pretendido relato justificatorio de reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes por parte de quienes gobiernan el país.
    Ese pretendido relato y, sobre todo las acciones que le dan origen, consagran un relativismo moral cuya coronación es la impunidad.
    Para los funcionarios y los gobernantes, la impunidad representa un pasaporte al enriquecimiento personal. Para los amigos de los funcionarios y de los gobernantes significa la posibilidad de convertirse en dueños de buena parte del aparato productivo sin arriesgar capital y hasta sin invertir.
    Hacia abajo, cuando la impunidad se impone, el resultado no es otro que la generalización de la delincuencia y su secuela de inseguridad. De todas las formas y de todas las maneras posibles. Desde el crimen organizado -el narcotráfico o la trata de personas- hasta el mero robo individual.
    A la vez, la impunidad paraliza el aparato del Estado. En todos los estratos. En la prevención, en la represión y en el juzgamiento. Y, cuando ello ocurre, el aparato del Estado se torna cómplice. El delito lo copa. Policías, fuerzas de seguridad y, hasta jueces y fiscales, no solo caen en la impotencia, sino que, en demasiados casos, cambian de bando y coparticipan del delito.
    La impunidad y su correlato delictivo hacen entonces una segunda curva en el gráfico. La primera va de arriba hacia abajo: es la impunidad de los poderosos que sirve de mal ejemplo y de espejo para el resto de la sociedad, en particular los más desmunidos. La segunda, va de abajo hacia arriba, penetra entre quienes deben combatirla y aún entre quienes jamás cometerían un delito de no ser tentados por ese mismo imperio de la impunidad. Valga si no la pena reflexionar sobre quienes concurrían a saquear en vehículos, no todos antiguos ni destartalados.
    Pero el drama no termina allí. La impunidad consagra no solo el delito, sino el delito violento. Es más, aumenta su grado. No se trata solo de apoderarse de lo ajeno, se trata de romper, de destruir, de herir y hasta de matar.
    Siempre y en toda sociedad, el delito existió. Existió, existe y existirá. Sin dudas, suele ser menor cuando la sociedad es rica o cuando adhiere justificadamente a la creencia del asenso social a través de la capacitación y el trabajo. Y, por contrasentido, suele ser mayor cuando la injusticia social, la marginalidad y la pobreza se apoderan de ella o de gran parte de sus componentes.
    La sociedad argentina -pese a los esfuerzos del relato oficial- no es rica, dejó de creer en el esfuerzo y está compuesta por amplios sectores marginales. Como tal, es un caldo de cultivo para el delito.
    No obstante, esas condiciones no alcanzan por sí solas para justificar la propagación del delito cuya máxima expresión fue el saqueo generalizado de los últimos días. Son condiciones necesarias pero no suficientes. El resto lo hace la impunidad.

    Lo político

    Para el Gobierno, la principal preocupación emergente de los saqueos, sino la única, resulta determinar la participación de elementos vinculados a la política, en particular allegados a Hugo Moyano.
    Mientras numerosas localidades del país ardían, Juan Manuel Abal Medina, Luis D’Elía y Edgardo Depetris sólo se preocupaban por localizar a algún integrante del sindicato de camioneros entre los saqueadores. Los intendentes reclamaban detenciones, no por los hechos delictivos en sí, sino para averiguar si quienes los habían cometido reflejaban algún grado de relación con el camionero o sus aliados sindicales. El primer día de saqueos llegaron a decir que los culpables del desmán de Bariloche eran cercanos a la Unión Cívica Radical. En menor medida, culpaban a elementos de la extrema izquierda.
    Resultaba patético. Las víctimas no eran los comerciantes robados. No eran sus empleados aterrorizados frente al tenor de la agresividad. No eran los vecinos atrincherados en sus casas. No eran los camioneros, ni los automovilistas, ni los pasajeros de los buses asaltados. Eran ellos. Todo no era más que una inmensa maniobra llevada a cabo desde una conspiración destituyente.
    Como siempre, anteponían su relato a la realidad. Una realidad que los muestra impotentes, como gobierno, para garantizar -ni siquiera para defender- la integridad física y los bienes de los argentinos.
    La propia Presidenta se encargó, en los hechos, de desmentirlos. En medio de los saqueos se fue a descansar -en día laborable- a El Calafate. ¿Si se trata de una conspiración destituyente, la jefa del Estado antepone su soslayo a la gravedad de la situación? No cierra.
    Dicho sea de paso, aún si el relato de la conspiración es por demás peregrino ¿Qué hace un presidente de la República retirándose de la escena cuando buena parte del país se incendia? Sin dudas, no está a la altura de las circunstancias.
    La actuación del Estado ante el estado de situación, fue propia de su inexistencia como garante del bien común.
    Primero, porque fue sorprendido. Para variar, la Secretaría de Inteligencia, tan apta para intervenir teléfonos de políticos, empresarios y sindicalistas, no fue capaz de advertir cuanto sobrevendría. Dicen que los saqueadores se autocovocaban mediante mensajes de texto ¿Ninguno pudo ser detectado a tiempo? ¿Si los detectaron, no fueron tenidos en cuenta? ¿Para qué sirve la inteligencia del Estado que cuesta millones de dólares al año, sobre los que no se rinden cuentas? ¿Su función no es otra acaso que prevenir el caos interior o el ataque desde el exterior? Que responda su titular, el pingüino Héctor Icazuriaga.
    Segundo, porque fue sobrepasado. Cuando el saqueo comenzó en Bariloche, el Gobierno nacional presuroso despachó 400 gendarmes a cuyo frente se situó el “protagonista” Berni. La Presidenta había dicho que jamás mandaría gendarmes al interior. Borró con el codo cuanto escribió con la mano y lo hizo. Pero, no estuvo mal en hacerlo, en todo caso estuvo mal cuando lo dijo. Claro que ni ella, ni Abal Medina, ni Randazzo -de sugestivo silencio, después de todo es ministro del Interior-, ni Berni previeron que inmediatamente después de Bariloche, estallaban sucesivamente Campana, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Resistencia, Concepción del Uruguay. Y al otro día, San Fernando, Malvinas Argentinas, Cipolletti, Viedma, Comodoro Rivadavia, Trelew, Posadas y Córdoba, por citar sólo los casos de los que se tiene registro.
    Tercero porque fue reducido a la impotencia. Berni echó mano de los gendarmes, a los que hace un mes liquidó mal los sueldos, y las policías provinciales demostraron su absoluta incapacidad para enfrentar los desmanes.
    La conclusión política de los hechos no debe ser, pues, buscar con lupa a algún camionero delincuente, sino internalizar que el Estado K es absolutamente incapaz de asegurar la paz interior.

    Lo económico

    Para el relato, aunque cada vez se lo repite menos, vivimos una etapa de redistribución de la riqueza. Falso, de falsedad absoluta.
    La inflación se come los ingresos de la casi totalidad de la población. Pero, no se trata de la mera inflación. Se trata de una inflación acompañada de un menor y bajo crecimiento. Siempre es mala para los sectores de ingresos fijos. Pero una cosa es una inflación del 20 por ciento con un crecimiento del 8 por ciento anual y otra es una inflación que se acerca al 30 por ciento con un crecimiento que no alcanza al 2 por ciento anual.
    Por tanto, no sólo licúa salarios y subsidios a la indigencia, destruye puestos de trabajo. Hasta los índices del mentiroso INDEC revelan que la desocupación, la subocupación y la pobreza crecen, pese a que esta última la miden frente a la imaginaria inflación del 10 por ciento anual que ni ellos creen.
    No podía ser de otra manera. El injustificado intervencionismo estatal en la economía, producto del inmenso gasto público estatal destinado a mantener el aparato político adicto y los negocios del capitalismo de amigos, se traduce en una caída incesante de las inversiones -3,5 por ciento menos en el último trimestre, 2,2 por ciento menos en el anterior- que redundan en un estancamiento -cuando no en una caída- de la producción con la consiguiente paralización de actividades, muchas veces cierre de empresas -como la industria frigorífica- y pérdida de empleos.
    Pero, como si esto fuese poco, la voracidad fiscal del Gobierno agrega otro ingrediente. Según la Comisión Económica para América Latina -un organismo no precisamente neoliberal- la presión impositiva en la Argentina ya supera a la de los países desarrollados. Alcanza al 38 por ciento de los ingresos de sus habitantes.
    Claro que no sólo es alta, muy alta, además es inútil. No se traduce en mejores caminos, ni en más energía, ni en buen transporte, ni en educación de calidad, ni en salud aceptable, ni en defensa, ni en justicia y mucho menos en seguridad. No representa mejora en la calidad de vida. Todo lo contrario.
    Pero además es regresiva, y aquí llegamos a uno de los elementos que conforman el caldo de cultivo de los saqueos. Mientras el gasto público y la inflación no paran de aumentar, los planes sociales de las cooperativas siguen mantenidos en 1.200 pesos mensuales desde hace tres años, por sólo citar un ejemplo.
    Si antes aseguraban cerca de un sesenta por ciento de las necesidades, ahora alcanzan para cubrir un 20 por ciento.
    Paralelamente, el IVA, el impuesto regresivo por excelencia, se mantiene en un 21 por ciento. Es decir que un beneficiario de un plan social de 1.200 pesos, no sólo adquiere alimentos por el equivalente de algo más 400 pesos de hace tres años, sino que pierde de esos 400 pesos, algo más de 100 en impuestos que, además perversamente, no figuran discriminados en el ticket de compra.
    Con todas las letras, la pobreza y la marginalidad son cada vez mayores en una Argentina que creció mucho -ya no lo hace- pero que benefició a pocos, más allá de la ilusión de un momento.

    Lo social

    Pero, no es casual. Es deliberado. Es el mecanismo del clientelismo político. Nunca se trató seriamente de salir ni de la pobreza, ni de la marginalidad. Ni desde lo económico, ni desde lo político.
    Desde lo económico, porque no se fomentó la inversión y porque en aras del gasto público se pusieron toda clase de trabas a la producción, fundamentalmente cuando fue necesario comenzar a pagar la deuda externa y el Estado ya había perdido irremediablemente el superávit fiscal.
    Desde lo político, porque el clientelismo se nutre de la existencia de una masa de pobres a los que se les da, solamente, algún medio de subsistencia. Y a los que se ajusta, cuando los números no cierran.
    Pero, el clientelismo precisa además de una laxitud en materia de contraprestación. No se trata ni de educar, ni de capacitar. Esos son caminos que llevan a la extinción de las condiciones del clientelismo. Pero, tampoco se trata de exigir esfuerzo a cambio. Es una dádiva, a cambio de nada o casi nada. Es una dádiva que pagan quienes trabajan pero que el Gobierno se atribuye a través de la intermediación de punteros políticos o funcionarios cuya generosidad ajena exige servicios políticos de todo tipo. Desde la casi inocente asistencia a un acto hasta la delictiva conformación de una turba para el apriete.
    Así las cosas, la degradación moral de la sociedad y, en particular, de los sectores más vulnerables aumenta de manera exponencial.
    Es harto probable que quienes participaron de los saqueos generalizados fuesen beneficiarios de planes sociales. Desde ya degradados por el atraso inflacionario pero, a la vez, no comprendidos como un esfuerzo de la sociedad en socorro de los que menos tienen, sino como una dádiva de corruptos que se enriquecen velozmente en el reparto.
    Y así, el resentimiento cunde.
    Un resentimiento al que hay que agregar la conducta equívoca y el relato mentiroso del Gobierno.
    Porque nada se mide desde una escala de valores, ni desde el apego a la ley. Todo vale si está hecho desde un lado de la, además, móvil línea divisoria de la sociedad que traza el Gobierno.
    El vamos por todo de los funcionarios y secuaces del Gobierno se traduce, en la marginalidad, por el saqueo generalizado.

    La degradación

    El doble discurso -o sea la mentira- es, sin duda, el elemento destructor por excelencia de un tejido social. Si su uso es siempre malo, su abuso es la entronización de lo peor.
    Este no es el primer saqueo generalizado que padece el país. Los sufrió en los finales de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa. Para el Gobierno, aquellos no fueron condenables. Este sí.
    Hace, tan sólo una semana, elementos de La Cámpora, destruían bienes públicos en la Casa de Tucumán. Para el Gobierno sólo era una reacción justificada ante un fallo de la justicia tucumana. No hubo detenciones, ni allí, ni en los destrozos del Obelisco. Por el contrario, fue marcada la pasividad policial. Y nadie se encargó de buscar nexos políticos.
    Ahora la violencia es condenable, pero no por la violencia en sí, ni por su accionar delictivo, sino porque se trata de encontrar algún camionero o sindicalista entre los delincuentes.
    La justicia es lenta y, por ende, mala y perversa en el caso Clarín. Pero no lo es cuando no procesa en los numerosos casos de corrupción en los que incurren los funcionarios, pasados o presentes, del Gobierno.
    El predio de la Sociedad Rural debe expropiarse porque fue adquirido a precio vil. Pero, los terrenos de El Calafate comprados a precio irrisorio por la familia presidencial y sus allegados al Estado, son intocables.
    El dinero del ANSES sirve para todo, menos para ser distribuido entre los jubilados.
    Comprar dólares es malo, salvo que lo haga el extinto presidente de la República y los funcionarios.
    Los anuncios proliferan, las obras no.
    Los males y los fracasos siempre son ajenos, jamás propios aunque ya hace nueve años que gobiernan.
    El mundo nos mira con envidia aunque lo único que hacemos es acumular juicios en cuanto tribunal exista.
    Es la mentira que lleva a la degradación moral. Y es la impunidad que conduce a la violencia.
    Nada va a pasar con los delincuentes de los saqueos. Nada, absolutamente nada. Salvo, claro, que entre todos ellos encuentren a un camionero.

    FUENTE : DEMOCRACIA DE JUNIN

  2. Gaston,denunciandolas tampoco logras mucho pues la corrupcion en Matanza es incotrolable,tenes como ejemplo el caso del inspector Eduardo Oscar Rodrigues leg.4322 famoso y llamado por Facundo Pastor (el recaudador)de la noche de Ramos Mijia…Un simple inspector con el mejor Penalista de Matanza(Dr.Racaneli)¿sabes cuanto puede salir una defensa con tan prestigioso abogado?¿cuanto gana un inspector?¿quien pago ese juicio y el que viene?

  3. Gaston yo te doy los nombres y me hago cargo,Arquitecta Edith Viani(directora de fiscalizacion de obras y regulacion catastral)y su complice,la llamo asi por que te puedo mostrar mi exp.del año 1997;Nancy Torre (coord.inspecciones drto.fiscal de obras) nesecitas algun dato mas?tengo los planos retenidos por que pretenden que cambie las medidas de mi terreno con titulo de propiedad de lA PLATA, NO INTIMA A MI VECINO QUE NO CUENTA CON PLANOS Y PRETENDE INTERPRETAR LO YA DISPUESTO EN EL AÑO 2001 POR EL EX.INTENDENTE BALESTRINI QUE QUEDARA FIRME Y CONSENTIDA EN EL AÑO 2003….

  4. No comentamos el nombre de los funcionarios por cuestiones legales, nosotros somos un humilde medio local y cualquier acción judicial nos complica la vida

  5. Y los nombres de las funcionarias por que no lo publican? De esa manera sabremos quienes son y denunciarlas sino es más de lo mismo, no hay solución…me parece a mí, no sé…

  6. EN MI CASO SE ME MULTO CON $8000 Y NO SE ME PERMITE SEGUIR CON LOS PLANOS PERDIENDO ASI LOS SELLADOS EH IMPIDIENDO SU CURSO PRETENDIENDO MODIFICAR MI ESCRITURA POR QUE NO LES GUSTA LO QUE DICE LA MISMA, PUES CAMBIANDO LO PRETENDIDO POR ESTA ARQUITECTA BENEFICIARIA A MI VECINO,PERO SE OLVIDA QUE EL EX.INTENDENTE EN LA RESOLUCION 737 ME RECONOSE CON ESE MISMO TITULO DE PROPIEDAD(DE LA PLATA)CON LOS DERECHOS QUE PRETENDE MODIFICAR ILEGALMENTE INTERCAMBIANDO LAS RESOLUCIONES Y CONTRADICIENDOSE ,PRIMERO DICE QUE LOS BARRETO TIENEN PLANO LO FIRMA Y LUEGO LOS INTIMA AL CERRAMIENTO POR NO CONTAR CON PLANOS,TABIEN FIRMADO POR LA PROFECIONAL,COLOCANDO FOTOS SACADAS CON ANGULOS PARA MODIFICAR LA FACHADA…INRREGULARIDADES O CORRUPCION ENCUBIERTO?

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