Por Ernesto Daniel Alarcón
Secretario Coordinador General
Miembro del Consejo Directivo
Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses y de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Republica Argentina
Tres dirigentes municipales fueron detenidos y privados de su libertad por realizar una asamblea gremial en que se debatía “el despido injustificado de ocho trabajadores comunales”. El hecho fue denunciado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo) que lidera Rubén ‘Cholo’ García, quienes confirmaron que el caso “será llevado a la justicia y denunciado ante organismos nacionales e internacionales”.
Tres dirigentes municipales fueron detenidos por personal de la policía bonaerense en la localidad de Puan mientras realizaban una asamblea en uno de los galpones del corralón municipal. Los trabajadores se encontraban reunidos debatiendo los recientes despidos formalizados por el intendente Facundo Castelli, “Cuando policías bonaerenses, a cargo del Subcomisario Juan Carlos Jaime, ingresaron al lugar exigiendo, por orden del Intendente, la disolución de la asamblea y el alejamiento de los activistas gremiales del lugar”. Ante la negativa de los trabajadores, “Los efectivos policiales procedieron, en forma ilegal, a la detención de los tres compañeros”, denunciaron desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FeSiMuBo) que lidera Rubén ‘Cholo’ García.
Los detenidos fueron: Néstor Batista, miembro del Consejo Directivo de la FeSiMuBo; Sebastián Villasuso, Delegado de personal, integrante del sindicato Asociación de Obreros y Empleados de Púan, entidad afiliada a esa Federación; y Ezequiel Goñi, activista gremial. Los dos últimos detenidos “Fueron cesanteados sin causa que lo justifique, después de 7 y casi 3 años, respectivamente, de desempeño para el municipio”, detallaron.
Desde la organización gremial que nuclea a los trabajadores municipales de la provincia, denunciaron que “La medida adoptada por el Intendente contra los compañeros, es claramente de carácter antisindical y conlleva un cercenamiento a la libertad gremial garantizada por la Constitución Nacional (art. 14 bis), Constitución Provincial (art. 39), convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, y por la ley 23.551″.
Además, desde la FeSiMuBo se remitieron sendas cartas documentos, entre ellas, al Intendente Castelli, exigiendo que “Proceda a reincorporar a los compañeros, y a retirar la denuncia que criminaliza la acción sindical”. También se lo hace responsable “Personalmente por los daños y perjuicios que derivan de su ilegal accionar, pues no será con violencia de la cesantía y de la criminalización del reclamo que solucionará la situación que Ud. ha creado con un salario básico de hambre. Se trata de que remueva las injusticias, no de sancionar a los que ejercen el legitimo derecho de luchar por sus intereses”.
En el mismo tenor, se envió carta documento al Subcomisario notificándolo que: “La apertura de actuaciones [por el personal de esa seccional] denota un proceder intimidatorio e ilegal, razón por la cual, a más de dar intervención a la justicia, procederá esta organización a denunciar su actuación por ante el Ministro Casal”.
También se expidieron cartas denunciando lo sucedido al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos Tomada; al ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar Cuartango; y al ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Casal.
El secretario General de la FeSiMuBo y de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), Rubén ‘Cholo’ García, calificó la decisión del Intendente como “arbitraria e ilegal” y lo acusó de manejar el distrito “Como patrón de estancia”.
“El intendente dice no tener herramientas para combatir el delito y la inseguridad que afecta el distrito, pero sí las tiene para manipular el personal policial y ordenarles disolver una asamblea gremial y detener ilegalmente a los trabajadores”, afirmó dirigente nacional. Aseguró que “Este tipo de actitudes del ejecutivo nos acercan a épocas nefastas de nuestro país que creíamos que dejábamos atrás, donde el estado de derecho era una mera falacia. Todavía hay intendentes nostálgicos que pareciera que añoran esas épocas, y hacen uso y abuso de su poder para ejecutar una cacería de brujas y violentar las leyes y derechos que nos amparan, como dirigentes y como ciudadanos. Al parecer, Castelli no quieren entender que estamos en democracia, y están en vigencia todos los derechos que nos otorga la Constitución Nacional, como por ejemplo, que los trabajadores puedan reunirse en asamblea”.
Por último, el líder de los municipales advirtió que van a “Reclamar y denunciar este atropello en todos los ámbitos disponibles, tanto organismos nacionales como internacionales. No vamos a cejar en defender nuestros derechos, ni vamos a dejar que quede impune esta arbitrariedad. Nuestro equipo jurídico de la Federación ya intervino, y desde la organización sindical realizaremos todas las denuncias y acciones correspondientes”.
¨La fuerza es el derecho de las bestias
¨La fuerza es el derecho de las bestias” decía Cicerón frase que se popularizo en la Argentina a través de un libro escrito por el Gral. Perón que describía un momento particular de nuestro país.
Los hechos acontecidos en estos días en el municipio de Púan, donde se utilizo la fuerza pública para interrumpir una asamblea de los trabajadores municipales y detener a sus dirigentes por expresas ordenes del Intendente local, Castelli, actualizan esa frase, ponen sobre el tapete una vez más la actuación de algunos policías, fiscales y jueces que siempre están prestos a acatar las ordenes del poder político de turno y actuar con eficacia para reprimir lo que a estos les molesta en cualquier ocasión. No es nuevo esto, la actualidad nacional me exime de abundar en detalles.
Lo grave es el silencio de quiénes tienen que controlar la actuación de estas personas investidas de instrumentos legales que le permiten actuar, que no fueron creados para estas arbitrariedades sino para hacer mas eficaz su tarea, y fundamentalmente su tarea es servir a la sociedad que les dio ese poder, no para otra cosa les fue otorgado. Todo lo que esta fuera de eso es abuso de autoridad. Nada hemos escuchado de la Procuradora Dra. Falbo de los fiscales que actuaron a instancias de los intendentes de General Villegas, de Suipacha y otros por la ligereza con que procedían ante denuncias hechas contra los trabajadores municipales de los intendentes, nada hemos escuchado del Ministro de Justicia y Seguridad por lo actuado en estos y otros casos por las fuerzas policiales a su cargo. Esperamos para el caso que nos ocupa, que alguna vez que expresen algo al respecto ya que son los directos responsables.
La actitud de este intendente no es más que la manifestación de impotencia y desprecio por los trabajadores municipales y repite a la de otros que también usan y abusan del poder ilimitado que les dio la ley Duhalde (11.757) a partir de su sanción en 1996. Como no entender la bronca por la injusticia que es llegar a fin de mes y cobrar $ 700 de sueldo básico, eso es saber a ciencia cierta que no se tiene futuro y que su familia tampoco. Esto es lo que viven los trabajadores municipales del Municipio de Púan y es por eso que se genera este conflicto al que responde el intendente, en una muestra más de su falta de imaginación y sensibilidad, con la fuerza.
Mi solidaridad con los compañeros detenidos en particular con el Compañero Batista Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Saavedra y miembro del Consejo Directivo de nuestra federación, que estuvo, esta y estará al lado del trabajadores de Púan y de toda la provincia de Buenos Aires desde su fundación.
No vamos a detener nuestra lucha por la derogación de la nefasta ley 11.757, las paritarias provinciales y por municipio y la restitución del porcentaje por antigüedad; estamos convencidos de ello y actuaremos en consecuencia.
Las situaciones que viven nuestros compañeros de la provincia de buenos aires demuestran cada día que este sistema que regula nuestra actividad se cae a pedazos y arrastra a las administraciones municipales a una debacle de juicios y conflictos que por su gravedad y extensión no tiene precedentes.
