Después de haber sido declarada en varias oportunidades por la intendenta Verónica Magario, la Comisión de Defensa del Usuario y Consumidor se reunirá el miércoles para dar los últimos retoques al proyecto que enviara el ejecutivo, y que contara con el beneplácito de las organizaciones, vecinos y Concejales a excepción de los de CAMBIEMOS que mostraron su apoyo al aumento de tarifas.
El miércoles 9 de mayo en la primer reunión del HCD, sería aprobado un proyecto de resolución con mínimas diferencias al que presentamos hoy a nuestros lectores
VISTO:
Los aumentos incesantes en las tarifas de los servicios públicos esenciales y el consecuente impacto negativo que tiene para la calidad de vida de los vecinos del Partido de La Matanza
CONSIDERANDO:
Que el actual Gobierno Nacional ha aplicado desde el inicio de su gestión, una política de ajuste del mal llamado “gasto del Estado”, cuyo costado más cruel es el aumento incesante e indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos esenciales;
Que el bien llamado “tarifazo” impacta directamente en la calidad de vida de las distintas regiones de nuestro país y, en particular, en los vecinos de La Matanza;
Que el ajuste expresado a través del “tarifazo” apunta también al corazón productivo y comercial del Partido de La Matanza, conformado mayoritariamente por un entramado de pequeñas y medianas empresas, microemprendedores, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y por importantes centros comerciales distribuidos a lo largo y ancho de nuestro distrito, tales como San Justo, Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, Ramos Mejía, San Alberto, Atalaya , Isidro Casanova, Tapiales, La Tablada, Villa Insuperable, González Catán, Lomas del Mirador, entre otros.
Que el incremento tarifario afecta también la vida social de nuestro partido expresada en los cientos de Clubes Deportivos Barriales, Sociedades de Fomento, Centros Culturales y Asociaciones Intermedias de distinto origen, que desarrollan acciones diversas que van desde lo cultural, vecinal y hasta lo deportivo, representando un entramado de relaciones sociales de vital importancia para la vida cotidiana de los vecinos de La Matanza;
Que si tomamos en cuenta los argumentos hasta acá esgrimidos cuesta entender la baja en los índices de los niveles de pobreza anunciados recientemente por el Gobierno Nacional, cuando los aumentos incesantes implementados en servicios esenciales, combustibles y transporte público, representan un porcentual mayor en el costo de la canasta básica de bienes y servicios que se toma como referencia para el cálculo del mencionado índice;
Que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores formales, único instrumento de la clase trabajadora para afrontar los aumentos de los servicios públicos y transporte, evidencia desde diciembre de 2015 una pérdida constante de su capacidad de compra;
Que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, institución creada por el Estado Nacional para regular el Salario Mínimo Vital de los trabajadores no incluidos en los acuerdos paritarios de los distintos sectores del trabajo y la producción, NO es convocado por el Ministerio de Trabajo de la Nación para fijar un aumento de emergencia que permita hacer frente a los aumentos de los servicios públicos y transporte a los trabajadores más vulnerables en su relación laboral;
Que en referencia al “tarifazo” y a la situación del poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y asignaciones no contributivas, tal el caso de los AUH, del sistema de la seguridad social, los cambios realizados en el cálculo de los haberes, por la Ley Nacional 27.426, generan más zozobra y angustia para afrontar el pago de los servicios públicos indispensables, sumado a las dificultades evidenciadas para que estos sectores poblacionales accedan a la tarifa social;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo del 18 de agosto de 2016, resolvió la vigencia de la tarifa social para la provisión de los servicios públicos y que las audiencias públicas son requisito esencial para la adopción de decisiones en materia tarifaria, recomendando que todo reajuste tarifario debe incorporar como condición de validez jurídica el concepto de protección de los intereses económicos de los usuarios, para lo cual el criterio de gradualidad es el camino a seguir ya que favorece la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar;
Que la Intendenta Municipal ha anticipado, desde la implementación de esta política de ajuste, una serie de iniciativas, tal es el caso de los amparos judiciales contra los aumentos de electricidad, gas y agua corriente que se interpusieron desde principio del año 2016, logrando frenar temporalmente la aplicación de las nuevas tarifas y obligando a la reducción de los elevados porcentuales pretendidos por el Estado Nacional, sentando un precedente importante en la lucha contra los aumentos abusivos;
Que el Municipio se ve afectado por los aumentos de los costos de los servicios, que en definitiva perjudica a los ciudadanos de La Matanza, ya que se debe destinar más recursos al pago de las tarifas, por ejemplo en Hospitales, Alumbrado Público, entre otros, y menos recursos a la gestión y a la satisfacción de las necesidades que demandan los ciudadanos del partido;
Que la Intendenta Municipal manifestó en el mensaje de apertura de Sesiones Ordinarias del HCD del año 2018 la necesidad de declarar la Emergencia Tarifaria para el Partido de La Matanza;
PROYECTO DE RESOLUCION
ARTICULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza RESUELVE declarar la Emergencia Social Tarifaria en materia de Servicios Públicos de Electricidad, Gas Natural y Envasado, y Agua Potable y Saneamiento, que garantizan condiciones de vida básica para el pueblo del Partido de La Matanza, por el lapso de un (1) año.
ARTICULO 2º: Establécese el concepto de Emergencia Social Tarifaria en materia de Servicios Públicos de Electricidad, Gas Natural y Envasado, y Agua Potable y Saneamiento, aplicable a:
a.- Las familias cuya sumatoria de ingresos se vea afectado en un (Propuesta 10%) al pago de los servicios de Electricidad, Gas Natural y Envasado, y Agua Potable y Saneamiento.
b.- Empresas PyME, Cooperativas de Trabajo, Entidades Deportivas, Sociales y Comunitarias, sin fines de lucro, reconocidas como tales por el municipio.
ARTICULO 3º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la gestión ante el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, para que se retrotraiga el cuadro tarifario para los servicios de Electricidad, Gas Natural y Envasado, Agua y Saneamiento, a los valores vigentes en el mes de noviembre de 2017, así como la prohibición de nuevos incrementos durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada en el artículo 1º.
ARTICULO 4º: Acompañar al Departamento Ejecutivo Municipal en la utilización de todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios públicos esenciales de Electricidad, Gas Natural y Envasado, Agua y Saneamiento, de todos los habitantes de nuestro distrito en las condiciones de calidad y eficiencia impuestas por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 5º: Acompañar al Departamento Ejecutivo Municipal en la gestión frente a las empresas prestatarias de servicios públicos de Electricidad, Gas Natural y Envasado, Agua y Saneamiento, para obtener el compromiso de abstenerse de interrumpir y/o cortar el servicio a usuarios de dichos servicios, en el plazo que dure la emergencia declarada en el Artículo 1°.
ARTICULO 6º: Queda abierto para unificar criterios de las distintas tarifas de servicios en la TARIFA SOCIAL.
ARTICULO 7º: Coordínese, conjuntamente con el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de la Producción, la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo de La Matanza y las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Defensa del Consumidor del HCD, las acciones necesarias para verificar la aplicación de la tarifa social por parte de las empresas prestatarias de Servicios Públicos, y se realice gestiones de asesoramiento para que los vecinos, Asociaciones Intermedias sin fines de lucro, Sociedades de Fomento, Clubes Deportivos, Centros Culturales, Cooperativas de Trabajo y Microemprendedores del Partido de La Matanza puedan presentar ante las empresas de Servicios Públicos y demás organismos del Estado Nacional y/o Provincial competentes en la materia, los reclamos que correspondan.
ARTICULO 8º: Solicitar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y al Congreso de la Nación la eliminación y/o disminución de los impuestos provinciales y nacionales que gravan las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua.
ARTICULO 9º: Comuníquese al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a los Entes Reguladores correspondiente a los servicios de Electricidad, Gas Natural y Agua Potable y Saneamiento, al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de La Matanza y a los 135 Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 10º: Dése la más amplia difusión en los medios de prensa, redes sociales, sitios oficiales, y toda otra alternativa de comunicación masiva.
