Número de edición 8322
La Matanza

Macri ahora evalúa echar al secretario de Obras Públicas

 

Macri ahora evalúa echar al secretario de Obras Públicas

Macri ahora evalúa echar al secretario de Obras Públicas

La salida de Alfonso Prat Gay del Gobierno Nacional podría no ser la única que decidiría Mauricio Macri mientras descansa en Villa La Angostura. Otro que tendría las horas contadas en la Casa Rosada sería el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, en la órbita del Ministerio del Interior.

El titular de esa cartera, Rogelio Frigerio, está por estas horas en comunicación permanente con Macri. Juntos, evalúan posibles cambios en las secretarías del Ministerio del Interior. El que parece tener todos los números para un recambio es Chain. El periodista Carlos Pagni, en su columna de ayer en La Nación, dio por hecha su salida.

Daniel Chain tiene una mala relación con Frigerio, su jefe directo, que semanas atrás reconoció en el Congreso que la obra pública no arrancaba por problemas de coordinación. El encargado de la coordinación es Chain, por lo que la admisión del ministro no fue casual. Antes, Frigerio había tenido que advertirle a su funcionario que no excluya al Ministerio de Educación de las obras en las escuelas, como reveló LPO.

Es que Chain conoce desde hace años a Macri -fue uno de los gerentes de Socma cuando el actual presidente estuvo a cargo de la empresa de su familia- y cree tener espaldas para ponerse por encima del ministro, una figura clave del Gobierno y encargado de salvarle las papas en los momentos más complejos, como en el caso Ganancias.

Pero más allá de lo que cree Chain, el propio Macri había marginado a Chain de su círculo de decisiones cuando era jefe de Gobierno porteño y le sacó todas las obras importantes al Ministerio de Desarrollo Urbano que conducía. Lo hizo ante la evidente falta de capacidad del ministro para lograr que las obras avancen. Lo insólito es que, como en el caso de Jorge Lemus, una vez presidente Macri le volvió a dar la misma tarea, ahora a nivel nacional.

La opinión que Macri tenía de Daniel Chain cuando era jefe de Gobierno es la misma que ahora tiene todo el sector de la construcción, que ve con furia como el secretario no logra reactivar la obra pública un año después de haber asumido y ya sin las excusas por la pesada herencia. Por eso, como explicó este medio, los empresarios empezaron a reclamar que se cree el Ministerio de Obras Públicas, una forma sutil de sacarse de encima a Chain y volver a un esquema con la toma de decisiones concentrada.

Esto último es así porque además Chain no logró controlar las internas en su área de decisiones. El secretario de Obras Públicas mantiene una disputa durísima por el control de la caja para obras con sus pares de Vivienda, Domingo Amaya; de Hábitat, Marina Klemensiewicz (esposa del vocero de Macri, Iván Pavlovsky); y el subsecretario de Vivienda, Iván Kerr (cercano a Rodríguez Larreta).

Como en el caso de la división del manejo económico, que terminó dinamitando a Prat Gay, aquí también la obsesión de Macri por repartir el manejo de la obra pública y evitar que surjan «superministros» al estilo kirchnerista, empieza a cobrarse las primeras víctimas.

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Cuenca Matanza Riachuelo

El Gobierno pondría a Gladys González al frente de la Acumar

El organismo se encuentra paralizado por las internas entre distintos sectores del oficialismo, por lo que según publicó LPO el gobierno nacional designará en las próximas horas a diputada nacional Gladys González como directora ejecutiva de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), en un intento por sacar al organismo de la parálisis en la que se encuentra desde hace un año.

La designación contaría con el consenso de las tres jurisdicciones que integran el organismo: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Aunque todos son del mismo signo político -el PRO- las diferencias entre los representantes de esos gobiernos terminaron paralizando a Acumar durante todo 2016.

La situación terminó de explotar con la renuncia el mes pasado de Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano de Daniel Chaín. Durante su gestión -en la que fue señalado por su defensa de la dictadura-, Torti no pudo reactivar el organismo y ni siquiera supo elaborar una defensa para una audiencia en la Corte Suprema, que terminó siendo demoledora. A principios de año, ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López, por diferencias con el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

La maniobra de imponer a Gladys González, que también es interventora del Somu, estaría acompañada de un cambio en la estructura del organismo. Así, desaparecería la Dirección Operativa, hoy a cargo de Gabriela Seijo, una funcionaria designada por Horacio Rodríguez Larreta y que reporta a Carlos Grosso.

En la jugada, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pretende ganar influencia en el organismo, que tiene influencia y caja para obras en los 14 municipios de la provincia que conforman la cuenca.

En lo que va del año, de acuerdo al informe que la Acumar presentó a la Corte, la mayoría de las obras del organismo (la ejecución presupuestaria habría sido de apenas el 20%) tuvieron un ínfimo avance, como el traslado del Mercado de Liniers o la construcción, la remoción de basurales o la relocalización de familias. Lo que sí creció fue la planta permanente, que aumentó un 10% desde el cambio de gobierno.

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Ley K

Macri vetó la expropiación del Hotel Bauen

Mauricio Macri vetó la ley que declara de utilidad pública y expropiación del tradicional Hotel Bauen, ubicado sobre la avenida Callao en la zona de Congreso, porque el Estado no tiene el dinero para afrontar el trámite. El Senado había aprobado el 1 de diciembre una ley mediante la cual el Estado nacional expropiaba todas las instalaciones del edificio del Hotel Bauen pese a la resistencia del oficialismo y en medio de un debate caótico.

El proyecto fue convertido en ley por el Congreso en una sesión cuando concluía el período de sesiones ordinarias, con 39 votos a favor y 17 en contra, la mayoría de ellos del interbloque de Cambiemos.

La ley declara «de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen», que desde 2003 es administrado por la cooperativa que organizaron los trabajadores del lugar tras la declaración de quiebra presentada en 2001.

La iniciativa contempla que el Poder Ejecutivo cedería en comodato los bienes expropiados a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada «para la consecución de su objeto social».

El costo económico de la expropiación del icónico hotel ubicado en la Avenida Callao al 300, en la Ciudad de Buenos Aires, quedaría a cargo del Estado nacional y el valor de los bienes deberá ser fijado por el Tribunal de Tasaciones.

En su artículo 4°, la iniciativa dice que la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será cancelada parcial o totalmente con los créditos que el Estado posea contra el titular y/o los titulares de los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación.

Pero el Gobierno consideró ahora que en caso de verificarse la imposibilidad de formalizar el proceso expropiatorio de esa manera, la ley implicaría una erogación presupuestaria muy importante que se estima no debe concretarse en las actuales circunstancias. Los legisladores macristas hablaron de un costo de 30 millones de dólares.

«Su finalidad podría considerarse loable, (pero) la concreción de dicho proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población», dice el veto.

El proyecto de ley había sido impulsado por el misionero Juan Manuel Irrazábal (PJ-FPV), solicitó votar el proyecto para evitar que quedara postergado hasta el año próximo, ante el final del período de sesiones ordinarias.

Además, el Presidente vetó otras dos leyes aprobadas por el Congreso, aunque en estos casos votadas por unanimidad, es decir respaldadas por Cambiemos. Una de las normas volvía a introducir el concepto de salario mínimo profesional en la Ley de Contrato de Trabajo y la otra declaraba de interés nacional la protección de personas con trombofilia.

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