En este salteado y tormentoso derrotero por el que, como puede, transita el glorioso pueblo argentino; desde que nuestra insipiente democracia diera su primer grito desde la garganta esperanzadora de Raúl Alfonsín, y mientras que grandes juristas -yo diría de los mejores- se esforzaran adecuándonos modelos y estructuras en busca de la mejor manera de impartir justicia -lo cual resulta tan relativo-, aparece hoy, en un intento por mejorar los imperfectos mecanismos, un necesario y oportuno proceso de reordenamiento del sistema judicial.
Por supuesto que no se trata de una reforma; ello implicaría cambios sustanciales en la forma de juzgar las relaciones entre las personas y de la aplicación del derecho en todas sus formas.
Por Dr. Alfonso Franzé (*)
Opinión
Y aunque no parezca, es menester formular semejante aclaración, ya que no faltan -es más, sobran- voces detractoras de un proyecto, que, en definitiva, no le va a cambiar la vida a ninguno de nosotros. Podría haberse llamado -y con un nombre más acorde- reforma administrativa de la justicia y quizá pasar un poco más desapercibida. Pero, aun así, siempre estarán al acecho aquellos que nos distorsionan la vida en pos de algún rédito personal o de uno rentado.
Sería interesante, pero aburrido, recorrer aquí los tramos más salientes del proyecto, pero bastará con que los “argentinos de a pie”, los que queremos vivir en una sociedad más justa y segura, sepamos que las instituciones no son figuras que deben permanecer obsoletas como una fotografía color sepia, sino que, por el contrario deben aggiornarse y modificarse conforme la sociedad lo necesita.
Bastará con que sepamos, que al igual que en otros gobiernos democráticos bien intencionados, de lo que se trata hoy es de un reacomodamiento de la justicia federal, aquella que tiene competencia en delitos específicos (tales como el narcotráfico, secuestro extorsivo, trata de personas, tenencia y fabricación de explosivos, lavado de activos, etcétera…) o los que se cometen en el espacio aéreo, naval.
Ahora, dicho ello, lo importante se centra en que la suma de juzgados federales o la división de los mismos para que haya más jueces, como así la especialización por materia que se pretende (hoy un juez federal del interior del país tiene competencia multifuero, es decir que mientras investiga una banda de narcotraficantes, también debe atender y resolver cuestiones menores entre el Estado y los particulares, por ejemplo) no altera en modo alguno preceptos constitucionales que pudieren favorecer o cambiar el curso de investigaciones en causas ya iniciadas.
Las críticas del contenido, podrán o no tener asidero, por eso se trata hasta ahora, de un proyecto de ley, el que deberá ser analizado y elegido por nuestros representantes.
Las críticas circunstanciales, deberán enmarcarse dentro de los límites de discrecionalidad que tienen las facultades de quienes hoy nos gobiernan, y ser lo más objetivas posibles, para permitirnos evolucionar y avanzar en nuestra organización como sociedad.
Esperemos que nuestros representantes decidan, para eso los elegimos. No nos embarquemos en la militancia del anti, porque el resultado será aquel que muchos en este mundo quieren para nosotros, una Argentina en blanco y negro, empobrecida y dividida.
(*) Abogado penalista.
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