N° de Edición 7218
La Matanza

Judiciales: La declaración indagatoria

Por Hugo Lopez Carribero
Abogado penalista

La declaración es un acto de defensa. Esta afirmación no ha sido objeto de discrepancia. Sin embargo, y curiosamente, se han ensayado consecuencias jurídicas de los dichos de los imputados en su descargo procesal.
Así, por ejemplo, se ha dicho con mucha elocuencia que el imputado puede negarse a declarar, pero si declara no le esta permitido mentir; primera inconstitucionalidad.

En efecto, no es constitucionalmente posible imponer al enjuiciado declarar de tal o cual manera. Los que sostienen que el encartado debe decir la verdad cuando no ofrece oposición a declarar, confunde la mendacidad con la declaración, y negar el hecho ilícito que se le imputa, que es el derecho del imputado.

En el Derecho Procesal mendacidad es una característica propia de la falsedad en la que incurre el testigo en su declaración o el perito en su dictamen. Por otra parte, no es posible limitar el derecho de defensa imponiéndole al sospechoso una obligación de decir verdad, simplemente porque el encartado no declara bajo juramento, sino libremente como corresponde a un sano Derecho procesal.

Esta circunstancia y la postura que sostenemos se encuentra avalada por nuestra Carta Magna cuando nos dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (concordancia de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional).

Por tales razones entendemos que constituye una grave inconstitucionalidad la sentencia condenatoria que toma como agravante para la escala penal “la mendacidad del imputado”.

Más aun, deben tenerse presente que, de ser así, la circunstancia agravante no constituye parte del ilícito investigado, pues podrá condenarse al reo por el robo, por el homicidio ó por la estafa, pero no es lógico ni jurídicamente posible condenarlo, además, por haber mentido.
La causa penal llega para su sentencia por la posible comisión de una acción delictiva prevista en la ley penal. Así, no decir la verdad no es delito alguno, sino el derecho del imputado.

El descargo que realiza el imputado en su declaración indagatoria puede ser tomado, para mejorarla, pero jamás para empeorar las cosas en su contra.
Por otra parte, también existe la postura doctrinaria según la cual el imputado debe dar razones de sus dichos o debe ofrecer medios probatorios para acreditar la veracidad de los medios; segunda inconstitucionalidad.
No es posible pretender que el imputado, muchas veces detenido por prisión preventiva que se prolonga por largos meses, pruebe sus dichos exculpatorio. De lo contrario se estaría invirtiendo la carga de la prueba, que debe estar siempre en cabeza de la fiscalía.

Desde otro punto de vista, la prueba que no pueda ofrecer el imputado en su indagatoria se traduciría en un silencio parcial. Pues, así visto el problema, agrava la situación del encartado por su silencio sería una franca contradicción al principio según el cual la negativa a declarar no constituye un elemento en su contra.

Téngase presente para una correcta interpretación de lo expuesto que el silencio del imputado, que la ley garantiza, puede ser total o parcial. Todo este análisis pede desembocar en una inconcebible pretensión de fundar una resolución punitiva (por parte de la fiscalía) o una sentencia condenatoria (por parte del órgano fundamental juridisccional) en el silencio del imputado. No es jurídicamente admisible imponer límites a la
declaración indagatoria.

Así como tampoco es correcto buscar interpretaciones que perjudiquen la situación procesal del imputado cuando se expresa en su descargo.
Un sano consejo fue volcado en el Código Procesal Penal de la Nación cuando, el articulo 295 dice lo siguiente: “El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se la requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargo o reconvenciones tendientes a obtener su confesión…”.

La declaración indagatoria es el acto más sagrado del Derecho Procesal Penal. Como decíamos al principio del presente articulo, la misma es un acto de defensa. Pero debe tenerse presente que los argumentos esgrimidos por el imputado pueden no servirle para mejorar su situación procesal, pero, aun así, no es posible utilizar sus dichos como un bumerang en su contra, cuando durante la sustanciación del proceso se acredita que el procesado habría acomodado la narración de los hechos investigados de tal manera de obtener su absolución; pues cabe concluir que estuvo en su derecho.

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