Magario acusa “discriminan a La Matanza en materia de seguridad”
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, volvió a reclamar enfáticamente a las autoridades nacionales y provinciales de Cambiemos, por lo que considera una flagrante discriminación con los ciudadanos matanceros en materia de seguridad.
En un comunicado, la intendenta peronista pidió que “no se discrimine más al pueblo de La Matanza en materia de seguridad”, y añadió que su distrito “es quizás el municipio que tiene la menor cantidad de policías por habitante en todo el conurbano, sobre todo si nos comparamos con los municipios en los que gobierna Cambiemos”.
Magario aseguró que “La Matanza tiene aproximadamente 4551 efectivos policiales en funciones contando incluso a Gendarmería, para atender a los 2.200.000 vecinos. Eso nos da una tasa de un policía cada 462 habitantes”.
La intendenta comparó la situación de La Matanza con distritos gobernados por Cambiemos y detalló: “En Morón hay 2295 policías activos para custodiar a 500 mil habitantes, por lo que tienen un policía por cada 217 vecinos. En La Plata es todavía más abrumadora la diferencia: allí tienen activos 4049 policías para cubrir a 700 mil habitantes, es decir, tienen un policía por cada 173 vecinos”.
Magario también reclamó que “continúa pendiente la dotación de 1500 chalecos antibalas para el personal, que está prestando el servicio en condiciones no adecuadas de seguridad” porque “todos los chalecos están vencidos”.
“Señora gobernadora, señor Presidente: basta de discriminar a los vecinos de La Matanza. Es hora de que le manden a La Matanza la seguridad que necesita”, concluyó Magario.
Magario acusa “discriminan a La Matanza en materia de seguridad”
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, volvió a reclamar enfáticamente a las autoridades nacionales y provinciales de Cambiemos, por lo que considera una flagrante discriminación con los ciudadanos matanceros en materia de seguridad.
En un comunicado, la intendenta peronista pidió que “no se discrimine más al pueblo de La Matanza en materia de seguridad”, y añadió que su distrito “es quizás el municipio que tiene la menor cantidad de policías por habitante en todo el conurbano, sobre todo si nos comparamos con los municipios en los que gobierna Cambiemos”.
Magario aseguró que “La Matanza tiene aproximadamente 4551 efectivos policiales en funciones contando incluso a Gendarmería, para atender a los 2.200.000 vecinos. Eso nos da una tasa de un policía cada 462 habitantes”.
La intendenta comparó la situación de La Matanza con distritos gobernados por Cambiemos y detalló: “En Morón hay 2295 policías activos para custodiar a 500 mil habitantes, por lo que tienen un policía por cada 217 vecinos. En La Plata es todavía más abrumadora la diferencia: allí tienen activos 4049 policías para cubrir a 700 mil habitantes, es decir, tienen un policía por cada 173 vecinos”.
Magario también reclamó que “continúa pendiente la dotación de 1500 chalecos antibalas para el personal, que está prestando el servicio en condiciones no adecuadas de seguridad” porque “todos los chalecos están vencidos”.
“Señora gobernadora, señor Presidente: basta de discriminar a los vecinos de La Matanza. Es hora de que le manden a La Matanza la seguridad que necesita”, concluyó Magario.
CUANDO SE QUIERE INVESTIGAR A LOS CORRUPTOS Y METERLOS PRESOS SE PUEDE .
TELEFONAZO PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE BURUNDI . QUE SE HACEN LOS BOL….S.
Acorralado por 39 causas de corrupción detuvieron al exintendente Fernández
Fue detenido ayer, en su casa quinta, junto a cuatro exfuncionarios de su administración. Está acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados.
Por Franco Ruiz 0 Comentario(s) Lincoln, 25 de Enero de 2018 09:29
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Como anticipó ayer Democracia –en exclusiva-, el ex intendente de Lincoln Jorge Fernández, del Frente para la Victoria, fue detenido por la presunta comisión de delitos de corrupción junto a cuatro exfuncionarios de su administración.
El dirigente kirchnerista -que condujo la comuna linqueña entre 2003 y 2015- está acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en 39 hechos.
La detención se produjo en el marco de una causa abierta a partir de una denuncia realizada en el 2016 por el actual jefe comunal de Lincoln, el radical Salvador Serenal, de Cambiemos.
Según consignaron a Democracia fuentes judiciales, el exintendente kirchnerista -que se desempeñó durante tres mandatos consecutivos- quedó detenido en una dependencia policial del distrito de General Pinto y hoy se presentaría a declarar ante el fiscal de Junín que investiga el caso, Javier Ochoaizpuro.
Denuncia
El 15 de noviembre de 2016, el actual intendente Serenal denunció a su antecesor por presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En la causa, la Justicia trabaja junto a instructores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración, indicaron las fuentes.
El fiscal también ordenó detener al exfuncionario Walter Fernández, ex contador general; a Mario Ruiz, exsecretario de Hacienda; a Silvia Mazaitis, exempleada de Tesorería; y Marcelo Torto, el exTesorero.
Ochoaizpuro confirmó que «se trata de 39 hechos y aún queda avanzar en otros», y anticipó que hoy le tomará declaración tanto a Fernández como a los demás ex funcionarios comunales detenidos.
Por su parte, el actual jefe comunal confirmó también a este diario la detención de Fernández y otros cuatro exfuncionarios comunales en el marco de la denuncia que él mismo realizara en noviembre del 2016.
«Nosotros hicimos público que encontramos un municipio devastado, a partir de ello se inició una investigación y hoy (por ayer) fuimos notificados de las detenciones», afirmó Salvador Serenal.
En ese marco, expresó su deseo de que «se haga justicia» y subrayó que, quienes ejercen la función pública, tienen «la obligación de denunciar este tipo de delitos» y, si no, se convierten en «cómplices».
«Hay mucho más para investigar ya que hasta el momento hay 80 hechos comprobados y seguimos adjuntado información a la causa», apuntó el actual jefe comunal, perteneciente a Cambiemos.
En este sentido, sostuvo que, en el caso de Fernández, «hubo un enriquecimiento ilícito alevoso» y señaló, entre otras maniobras, que «se inventaban proveedores cuyos nombres existían pero eran de otras provincias y no prestaban ningún servicio a la comuna, para cobrar cheques».
Serenal: “La corrupción mata”
«Estas cosas hicieron daño a quienes más lo necesitan. Cuando decimos que la corrupción mata nos referimos a que por su culpa no hay salud, rutas o viviendas. En muchos casos, quienes llegan al poder perjudican al que más lo necesita diciéndose defensores de los más humildes», sostuvo Serenal.
Un fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense de 2015 y una ampliación posterior le había impuesto al entonces intendente multas de hasta 8 millones de pesos correspondientes al ejercicio de gestión de 2011.
Ese trabajo, no obstante, dejó al descubierto cómo operaban en la gestión de Fernández en la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP, entre otras irregularidades.
En tanto, la denuncia radicada por la gestión de Serenal -basada en una auditoría externa que encargó apenas asumió el cargo, en diciembre del 2015- había dado cuenta también de «la existencia de más de 300 líneas telefónicas móviles de la empresa Movistar pagas por el municipio, y hasta incluso la constitución de un sindicato de trabajadores municipales trucho, que no tenía inscripción».
Así lo había consignado en aquel entonces, en declaraciones a medios locales, el secretario de Legal y Técnica municipal, Diego Corral, quien había indicado además que la investigación se había basado en el incremento patrimonial exhibido por Fernández, quien asumió su cargo en el 2003 con «una situación financiera desastrosa» y finalizó su gestión «con varias propiedades a su nombre».
Declara hoy ante el fiscal
El titular de la UFIJ Nº 2, Javier Ochoaizpuro, recibirá hoy la declaración prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal a los detenidos Jorge Abel Fernández, Walter Daniel Fernández, Mario Enrique Ruiz y Silvia Cristina Mazaitis, en el marco de la IPP 04-00-007452-16-01.
“Fernandez, exintendente del partido de Lincoln, fue detenido en horas de la mañana de ayer, en su domicilio particular, sobre la Ruta Nacional 188, en cercanías del acceso de la mencionada ciudad”, señala el parte de prensa de la Fiscalía.
Y el comunicado oficial agrega que “Walter Fernandez también fue detenido en su domicilio, en la planta urbana, en tanto que Ruiz y Mazaitis fueron apresados en la sede de la Municipalidad de Lincoln, en horario de cumplimiento de sus tareas”.
En el marco de la misma investigación fue ordenada la detención de Marcelo Roberto Porto, quien si bien en un principio no fue ubicado, se entregó más tarde.
“Los autos son un desdoblamiento de la IPP 7452-16, efectuada en el curso del año 2017, como consecuencia de un informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el cual advirtió la posible comisión de delitos de acción pública durante el ejercicio financiero del municipio de Lincoln del año 2011, época en la cual Jorge Fernandez era intendente; Walter Daniel Fernández se desempeñaba como contador municipal; Mario Ruiz, como Secretario de Hacienda y Silvia Mazaitis, empleada con funciones en la Tesorería, mientras que Porto era tesorero municipal”.
“Falsos proveedores”
Según la investigación que lleva a cabo el fiscal, “las maniobras consistían en la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros) se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales. Jorge Fernández, Walter Daniel Fernández y Mario Ruiz se encuentran imputados en treinta y nueve hechos, y los restantes en un número menor, siendo el encuadre legal para todos ellos el de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso de instrumento público ideológicamente falso, y defraudación contra la administración pública, todos ellos en concurso real, en los términos de los artículos 210, 292, 296, 174, inc. 5to, 45 y 55 del Código Penal”.
Cabe agregar que respecto de Jorge Abel Fernández, Walter Fernández y Marcelo Porto, tramita en el marco de la IPP 04-00-007452-16-00 la investigación -avanzada en la actualidad- respecto del delito de enriquecimiento ilícito.
FUENTE : DEMOCRACIA DE JUNIN .