N° de Edición 6670
La Matanza

El macrismo suspendió las pensiones por discapacidad por decreto

El macrismo suspendió las pensiones por discapacidad por decreto.

Es  a partir de la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad  que en su artículo 1 establece, “el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades” para algunas pensiones no contributivas por invalidez, que se suspenden o caducan.

Por Emilio González Larrea

En el mismo decreto le da un plazo de 10 días hábiles administrativos para reclamar a quienes les hayan sacado ese beneficio y demostrar con pruebas (sic) el derecho a mantenerlo.

Este organismo fue creado por un decreto de Macri de setiembre de 2017 y absorbió  las funciones que  desempeñaba la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que además le quitó al Ministerio de Desarrollo Social la competencia de trabajar en políticas orientadas al desarrollo de personas con discapacidad y puso el nuevo organismo en la órbita de la Secretaria General de la Presidencia.

Cabe recordar que el año pasado el Gobierno de Cambiemos, le dio de baja a cerca de 170.000 pensiones por invalidez de las cuales restituyo un poco más de 10.000 después de un fallo de la justicia, precisamente de la Sala de la Sala de Seguridad Social, que por medio de una cautelar intimara la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley a restituirlas.

El fundamento de la política macrista la expresó en forma descarnada- en ese entonces- el funcionario de la anterior Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, al decir que “Una persona con síndrome de Down, por ejemplo, no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

Sobre estos tópicos, Diario NCO conversó con Gustavo Escobar, de la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad de González Catán que funciona en la Región Descentralizada Sur.

Política de ajuste con las pensiones por discapacidad

Gustavo manifiesta de entrada: “Los trabajadores venimos alertando sobre la política de ajuste  que viene llevando el estado nacional  con respecto a las políticas de pensiones por discapacidad, ya que se está produciendo cada vez más demora en el otorgamiento a quienes por derecho las solicitan y  al mismo tiempo  la baja constante de las mismas como sucedió el año pasado que se le dio de baja a cerca de 170.000  pensiones por invalidez, que después de reclamos e intervención de  la justicia se repuso alrededor de un 10% de las mismas”.

“A modo de ejemplo: nosotros atendíamos en la oficina de González Catán  300 personas por día, en este momento estamos en 50 y no porque haya menos necesidad. Se han dejado de hacer los operativos en los barrios donde se detectaban específicamente personas con esas necesidades y se les iniciaba en el lugar el trámite”, dijo.

De este modo, añadió: “A esto se le suma que a partir de ahora se van enviar notificaciones a los domicilios de los beneficiarios menores de edad que le van a dar de baja a ese beneficio. Porque la actual administración toma un decreto de los 90 que establecía que las pensiones debían ser para todos aquellos que tuvieran incapacidad laboral, y por lo tanto como los menores  no tienen la obligación de trabajar, no tienen el derecho  ese beneficio por parte del Estado”.

Hay que estar en estado de indigencia absoluta

El entrevistado indica que se ve este retroceso también en el enlentecimiento de los trámites. Normalmente se demoraba antes del 2015, seis u ocho meses y ahora hay trámites que demoran hasta un año y medio para otorgar el beneficio, siempre y cuando  la respuesta sea positiva.

Y pone como ejemplo el  caso de una solicitante con una enfermedad oncológica que había tenido dos automóviles y constaba en el expediente que los había vendido por necesidad y para seguir el trámite, le pedían explicaciones de cómo había llegado a tener dos automóviles.

“Son tal las exigencias que las personas tienen que estar en la absoluta indigencia para obtener el beneficio. Anteriormente las pensiones eran un reaseguro social para personas que por razones de salud que no accedían al mercado laboral o no tenían edad para jubilarse, podían obtener una ayuda del estado a través de una pensión.

Es decir  con una mirada social el estado se hacía cargo de personas o un grupo familiar que no podía valerse por sí mismo, en un contexto además de crisis económica-social.

Con la actual administración predomina una óptica economicista, donde la persona tiene que estar en la indigencia total  para recibir 5500 pesos de ayuda, que le resuelve poco o nada cuando una familia tipo necesita 21.000 pesos para no ser pobre”.

Funcionarios con falta de conocimiento y empatía con los necesitados

El trabajador cree que  en muchos funcionarios hay falta de conocimiento de la realidad de nuestros vecinos  y empatía con su situación, por las exigencias que le ponen al momento de decidir otorgar las pensiones.

Las evaluaciones de los expedientes son decisiones de escritorios fuera de la realidad y de las posibilidades de las personas de cumplir con algunas exigencias, cuando a veces ellas no tienen ni para el boleto, menos para poder andar de un centro de salud a otro o recorrer oficinas.

El Estado está cada vez más lejos de quienes necesitan

Escobar dice como corolario que, “ahora las pensiones por discapacidad se van a tratar por una ‘ventanilla única’ en el ámbito de la Secretaria de la Presidencia, no va haber un presupuesto autárquico como había antes para la Comisión Nacional  de Pensiones Asistenciales.

Se achica el servicio, por ejemplo en La Matanza había 3 oficinas de este organismo, en Lomas del Mirador, Laferrere y González Catán, a partir de la semana que viene desaparece  la de Laferrere y quedan dos.

Y algo más grave todavía, tenemos la información que en diciembre de este año, desaparecerían todas las oficinas del Conurbano de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo cierto que no dan ninguna información, vivimos en la incertidumbre en cuanto lo que puede pasar; por un lado hay un riesgo latente de perder fuentes de trabajo y por otro lado el estado se aleja cada vez más de las personas que necesitan”.

Convocatoria a una medida de protesta

“Las trabajadoras y trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad vemos el desguace (una vez más) de las políticas sociales que amparan a los sectores menos favorecidos de la población.

En La Matanza peligra la continuidad de los centros de atención local. Ya se ha efectuado el cierre de la oficina de Gregorio de Laferrere. Es incierto el futuro de las otras dos restantes (González Catán y Lomas del Mirador).

No solo peligra la fuente laboral de 30 personas aproximadamente sino también el acceso al derecho por parte de la población, que en épocas de gobernanza neoliberal, se ve castigada con mayor pobreza y exclusión.

 

Es por esto que convocamos a todos los espacios, a todas las colectivas de profesionales, sindicatos y población en general para hacer pública esta situación.

Las y los esperamos el martes 2 de Octubre a las 10 en la Plaza de San Justo”.

 

 

 

 

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