El conflicto; En 1987, tras un reclamo judicial de La Pampa, la Corte ya se había pronunciado: dispuso el carácter interjurisdiccional del Atuel, y había exhortado a ambas partes a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos futuros de sus aguas.
La Pampa promovió en mayo de 2014 una demanda contra Mendoza por la utilización de este río interprovincial, la segunda que presentó la provincia en los últimos años, pero el conflicto por las aguas del Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad y regadío.
Las provincias no se pusieron de acuerdo, y esto dio lugar a la segunda presentación de La Pampa ante la Justicia por las aguas del Río Atuel, que es la que tendrá lugar este miércoles.
De parte de La Pampa, estarán en la audiencia el gobernador Carlos Verna y los ex mandatarios Rubén Hugo Marín y Oscar Mario Jorge, quien inició la segunda demanda contra Mendoza en 2014.
Según se informó desde Mendoza, los oradores de esa provincia serán el gobernador Alfredo Cornejo, el fiscal de Estado, Fernando Simón, y el abogado constitucionalista Alberto Bianchi.
Como amigos del Tribunal del lado mendocino estarán el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli; miembros de la Universidad de Mendoza, y la Federación Agraria Argentina, filial General Alvear, entre otros.
El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, adelantó hoy a Télam que “cualquier acuerdo con Mendoza debe ser con el agua del Atuel escurriendo por el territorio pampeano”.
“La Pampa va a transmitir en la audiencia citada por la Corte Suprema el daño ambiental que ha ocurrido en el oeste de la provincia por la ausencia de un caudal constante de un río que ha sido declarado interprovincial por la justicia”, aseguró.
En tanto, del lado mendocino, desde la Fiscalía de Estado se adelantó que “la respuesta de la provincia ya elevada a la Corte “detalla la ausencia de incumplimientos de Mendoza al deber de negociar”, y critica la posibilidad de un acuerdo que “La Pampa sistemáticamente ignora y pretende que su postura unilateral sea el único parámetro para medir el éxito de la negociación”.
La provincia considera que La Pampa “no acredita de modo alguno la existencia del daño que propone”, y sostiene que la indemnización reclamada es “improcedente”, por no tener razón de ser, pero además, por haber sido estimada en base a cálculos que “resultan gravemente inadecuados en lo técnico, con fuertes falencias metodológicas que desautorizan su definición”.
Desde Mendoza, las autoridades aseguran que desde 1992 “se ha cedido caudales propios ajenos al río interprovincial, para un abastecimiento poblacional que duplica las actuales necesidades” y que, “estando ese caudal disponible, cualquier situación de deficiencia en el acceso al agua es un déficit de políticas públicas pampeanas”.
La audiencia tiene carácter informativo y con la intención de alcanzar un acuerdo conciliatorio, como se estuvo cerca de concretar parcialmente en 1997 y que fue rechazado por la legislatura de Mendoza.
