Un juez de La Matanza dictó ayer la prisión preventiva de ocho personas, entre ellas una abogada, acusadas de integrar una banda que el 30 de abril último ingresó a los tiros a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo para intentar rescatar a un preso e hirió de gravedad a una sargento, informaron fuentes judiciales.
El juez de Garantías Juan Martín Rivera Vázquez acusó a todos de “homicidio agravado por haber sido cometido por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causae, contra un miembro de las fuerzas de seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego en grado de tentativa -reiterado en cuatro oportunidades-, portación ilegal de arma de guerra, y evasión en grado de tentativa.
Los procesados con prisión preventiva son el preso al que iban a rescatar, Leandro David Aranda (22); su novia, Zahira Bustamante (19); el primo de ésta, Damián Postigo Marullo (19); Gonzalo Fabián Dángelo (22), Daniel Alberto Rodríguez (30), Tomás Villamil (27), Tomás Axel Sosa (19), Sebastián Rodríguez (39), todos como coautores, y la abogada Leticia Analía Tortosa (38), como partícipe necesaria.
En su resolución, el juez, a pedido de la fiscal Alejandra Nuñez, dio por acreditado que entre el 18 y 30 de abril últimos, Aranda quien se encontraba detenido por un homicidio agravado, decidió su fuga de su lugar de alojamiento, la cual planificó y comenzó a ejecutar, y para ello contó con la cooperación de Tortosa, su defensora particular.
Rivera Vázquez sostuvo que la abogada, “ejerciendo el rol que le ocupó en la empresa criminal, le entregó ilegítimamente un teléfono celular a Aranda, facilitando así que éste pueda organizar con sus cómplices, su escape”.
Una vez que tuvo el teléfono, el preso “determinó a sus cómplices para llevar adelante su evasión, para la que deberían indefectiblemente terminar con la vida de los efectivos policiales que custodiaban el lugar”, destacó el juez.
De esta manera, planificado ya el escape, el 30 de abril a las 5 de la mañana, la novia de Aranda junto con otros seis cómplices se dirigieron en varios vehículos hasta la comisaría situada en Villegas 2441 de San Justo, vestidos como policías y portando al menos dos armas de fuego.
Para el magistrado, algunos de los miembros de la banda se quedaron afuera de la seccional resguardando la zona, mientras que otros ingresaron y efectuaron disparos contra los cuatro efectivos que se encontraba en la guardia, entre ellos la sargento Rocío Villareal, que resultó gravemente herida de dos balazos.
Debido a que el personal policial repelió la agresión, la banda debió abandonar la seccional policial y se fugó en los mismos rodados con los que arribaron, a excepción de uno de los cómplices, quien en la huida se descartó de una pistola Taurus y parte de su vestimenta.
Seguidamente, otro de ellos radicó una falsa denuncia por el delito de robo de un auto VW Fox que participó en el hecho y prestó una cooperación posterior a los fines de facilitar y ocultar el mismo, indicó la resolución.
Para dictar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta distintas pruebas, entre ellas la declaración de los policías atacados, fotogramas de cámaras municipales, pericias de levantamiento de rastros, de dictado de rostro, y balísticas.
Incluso, un testigo de identidad reservada declaró que Aranda había recibido un celular tres semanas antes y que desde entonces venía planeando su rescate, incluso indicando qué autos debían participar y dónde se debían ubicar.
También manifestó que el mismo día de la fuga, el preso dijo que a la banda “le faltaban balas calibre nueve, pero que la mujer las había conseguido”, en alusión a Zahira, y que uno de los teléfonos que tenía se lo había dado ella y el otro su abogada.
Además, fue fundamental el análisis del teléfono de Aranda, el cual fue secuestrado de su celda de la comisaría tras el intento de copamiento y permitió recuperar las conversaciones que había mantenido vía Whatsapp con su novia y sus cómplices.
“Te vamos a ir a rescatar en el traslado. Cuando aparezca el seba, yo hablé con él. Yo también voy a ir para rescatarte”, le dice la joven a su novio, entre otros mensajes.
Una vez conocida la prisión preventiva, el abogado Jorge Irineo -defensor de Bustamante- adelantó que apelará la decisión judicial y que pedirá la nulidad de la indagatoria, ya que a su entender en el expediente hay tres versiones distintas acerca de cómo se produjo su detención.
Fuente: online-911
HAY POLICIAS Y PATAS NEGRAS CORRUPTOS .
¿ LOS DE LA CUPULA MATANCERA QUE SERAN ?
SEGUN SE DESPRENDE DELA NOTA EL COMISARIO DI CHIARA FUE QUIEN COMANDO LA INVESTIGACION QUE TERMINO CON ESTOS CORRUPTOS .
LEE TRANQUILO Y PRESTA ATENCION . DI CHIARA TIENE COMO DESTINO JUNIN .
CAMBIOS EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Di Chiara, nuevo jefe de la Departamental en Provincia
Asumió al cargo del ex comisario mayor Adrián Manzi quien tenía bajo su órbita a los policías presos por extorsionar comerciantes en el Conurbano: recaudaban dinero de forma ilegal.
Por Redacción Democracia 12 de Junio de 2018 08:46
El Ministerio de Seguridad bonaerense pasó a retiro al Superintendente de Investigaciones en Función Judicial, comisario mayor Adrián Manzi, tras la investigación que detectó una banda mixta de policías y civiles, acusada de recaudar dinero de forma ilegal e ilegítima a través de la extorsión en distintas localidades del Conurbano.
Una fuente de la cartera de seguridad precisó que a Manzi se le objeta no detectar el comportamiento del grupo de los policías y civiles de la Departamental de Investigaciones (DDI) detenidos en la zona sur del Conurbano, en particular Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes.
Por ello, se le inició un sumario en la Dirección de Asuntos Internos y se designó en su reemplazo a Rubén Di Chiara, hasta ahora titular del área de combate al tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado en Junín, quien comandó la investigación.
El vocero detalló que si jefes de las “DDI cayeron en una banda, es lógico que se ponga en análisis la conducta de su superior”, aunque aclararon que “hasta ahora es solo el sumario interno y no está nombrado en la causa judicial, contra los policías”.
Según fuentes de la investigación, que lleva adelante el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, los implicados en la banda están acusados de exigirles dinero a comerciantes para no realizar inspecciones, a delincuentes para «dejarlos trabajar» y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería.
Scalera destacó que durante la investigación se lograron constatar «hechos determinados» de la forma en que actuaban los acusados para obtener dinero, como amenazas y agresiones físicas contra sus víctimas.
La red de recaudación tenía una lista de comerciantes a los que visitaba regularmente para cobrarles una «cuota» y esto sucedía en forma semanal o mensual, dependiendo del «arreglo» que se hubiese hecho previamente.
La organización criminal estaba integrada por personal policial de diversas jerarquías, desde comisarios a cargo de Direcciones Departamentales hasta suboficiales y por civiles que, según se desprendió de la pesquisa, actuaban como si fuesen miembros de la fuerza.
A partir de un trabajo en conjunto de la Policía Bonaerense, Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia, se logró desarticular esta asociación ilícita que recaudaba dinero de forma ilegal e ilegítima a través de la extorsión y operaba en distintas localidades del Conurbano.
Se realizaron en total 22 allanamientos en domicilios de las localidades de Lomas de Zamora, Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield.
Además, se concretaron otros tres allanamientos donde se secuestraron celulares, equipos de computación y documentación de importancia para la causa, informaron fuentes judiciales.
Tras una amplia investigación, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica), dependencias policiales que fueron requisadas en el marco de la causa.
FUENTE : DEMOCRACIA DE JUNIN