En la mañana del miércoles, por teleconferencia, comenzó la etapa de alegatos de la defensa de los 18 imputados en la causa que involucra a militares, policías y civiles por los crímenes de 84 víctimas.
El Tribunal Oral N°1 de La Plata reanudó el juicio contra los represores del centro clandestino de detención Brigada de San Justo este miércoles por la mañana mediante videoconferencia por el contexto actual de pandemia por el Covid-19.
En este sentido, Victoria Moyano Artigas, quien es querellante en la causa y, además, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en el año 1988, explicó en Radio Provincia el rol que tuvo la Brigada de San Justo en el robo de bebés durante la última dictadura cívico militar.
Victoria nació en elcentro clandestino Pozo de Banfield, pero su madre, María Asunción Artigas había sido privada de su libertad y recluida en el año 75 dentro de este centro ilegal de detención, es decir, un año previo al inicio de la dictadura bajo el mando de Jorge Rafael Videla.
“Mis padres fueron detenidos en abril del 75 en este centro, pero junto con ellos fueron detenidos alrededor de 30 personas más.El resto de los detenidos eran todos pertenecientes a la organización MLN, fueron torturados y privados ilegítimamente de su libertad”, relató Moyano.
Posterior a ese momento, una vez que el golpe de Estado militar se impuso en marzo de 1976, los prisioneros“fueron juzgados por la ley antisubversiva y fueron puestos bajo el Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó.
Complicidad de Isabel de Perón
Estos datos que aportó Moyano Artigas son producto de su propia investigación que le tomó años desentrañar y demostró que la Brigada “fue una pieza fundamental en el Plan Cóndor” y que el Gobierno de María Estela Martínez de Perón “ya colaboraba con las dictaduras vecinas”.
“Pudimos demostrar, con documentación que trasladé desde el Uruguay, que en realidad la Brigada de San Justo fue una pieza fundamental en el Plan Cóndor y que, además, jugó un rol fundamental en la apropiación de niños”, aseveró.
Victoria Moyano Artigas nació en el centro Pozo de Banfield, al igual que María José Lavalle Lemos y Paula Logares (primera nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo), pero hay algo que las conecta y devela que la Brigada formaba parte de un circuito mucho más amplio.
“Las tres fuimos apropiadas por el personal de San Justo; María José por el sargento, Paula por el subcomisario y yo por el comisario de San Justo. Sin embargo, en este juicio no se investigó ni se imputó a nadie por apropiación de niños”, manifestó.
Recordemos que en la elevación que hizo el Tribunal Oral se planteó que el centro de detención funcionó como un lugar de registros, “es decir, que los detenidos pasaban por ahí, se los registraba y continuaban su traslado a otro centro clandestino”, amplió.
“Un Tribunal hostil”
Moyano Artigas señaló que, a pesar de las pruebas presentadas, los pedidos que hicieron para que las causas que tienen que ver con lo sucedido en el Pozo de Banfield y en la Brigada de San Justo se unifiquen no tuvieron ningún éxito.
“Durante el juicio pudimos demostrar que El Infierno, La Brigada de San Justo, el Pozo de Banfield actuaban en común, ahí no solo se detenía a las personas y se las torturaba, sino que eran una pieza fundamental en la apropiación de niños”, había manifestado.
Teniendo en cuenta los casos particulares mencionados anteriormente, Moyano insistió en que“por más que hayamos nacido en el pozo de Banfield, fuimos todos apropiados por agentes de la Brigada de San Justo y eso muestra una conexión enorme”.
“Lo que se está investigando en este juicio es un periodo muy corto y lo denunciamos porque deja afuera e impune a gran cantidad de represores y cómplices civiles que no están siendo juzgados porque el Tribunal Oral acota la investigación”, remarcó.
Tras esta negativa, para Moyano están transitando un juico “fragmentado”: “Incluso declararon sobrevivientes de año 75, demostrando cómo habían sido torturadas por personal uruguayo, pero es un tribunal hostil para lo que nosotros buscamos, que es justicia”.
Memoria, Verdad y Justicia
Para la nieta recuperada el juicio va en contra de los preceptos por encontrar la verdad y la justicia por su negativa de “querer investigar” conexiones que resultan evidentes.
“Desde un principio pedíamos la unificación de las causas porque no se puede investigar de manera recortada, pero eso no se aceptó y ahora estamos en un juicio que es completamente fragmentado. Además, pedimos Memoria, Verdad y Justicia y atenta contra todo ello”, enfatizó.
Los imputados en esta causa son 18, entre los que se encuentran integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del Gobierno civil. Ellos son:
Miguel Osvaldo Etchecolatz; Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Área 114. Del Destacamento de Inteligencia 101; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón.
A cargo de la Brigada Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix. Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes participaron directamente en secuestros y torturas.
Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino, que facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Brigada de San Justo se encuentra ubicada en Salta 2450 y, actualmente, allí funciona la sede de la DDI La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
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