N° de Edición 7126
La Matanza

Bolivia: el Gobierno golpista destroza YPFB

Bolivia: el Gobierno golpista destroza YPFB.

Luis Aberto Echazú Alvarado es ingeniero y dirigente político en el hermano país de Bolivia.

Fue  Ministro de Minería y Metalurgia desde el 28 de marzo de 2007 hasta el 23 de enero de 2010 durante el primer gobierno de Evo Morales  y la segunda vez como viceministro de Altas Tecnologías Energéticas desde el 27 de enero de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2019,  momento en que se produce el golpe que derroca el gobierno de Morales e instaura la dictadura de Jeanine Añez.

Desde Bolivia donde reside hizo llegar para el NCO este análisis sobre la entrega de la soberanía energética de su país por el Gobierno golpista de Yañez.

Luis Alberto Echazú Alvarado

“No acabamos de digerir las malas noticias de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), cuando nos llegan otras nuevas, aún peores que las anteriores.

Qué absurdas, qué ridículas se muestran ahora las pretensiones e ignorantes declaraciones del Ministro de Hidrocarburos que hace unos meses señalaba, sin rubor, que convocaba expertos y a todos aquellos vinculados al sector, para diseñar, aprobar y ejecutar la reestructuración de YPFB, así como la elaboración de una estrategia para modernizarla y reencaminarla, para hacerla competitiva en el largo plazo, de modo tal que los gobiernos posteriores la continúen y no puedan modificarla.

La desubicación total, no solo técnica, sino política y del más elemental sentido común. ¿En qué cabeza medianamente ajustada puede caber que un gobierno ilegal y transitorio, en un periodo de tiempo tan corto pueda tener la legitimidad, la pertinencia y la capacidad de acometer una política de largo plazo?

Solo le correspondía al menos mantener las condiciones mínimas de soberanía y beneficio del país en los contratos y sus agregados para la venta de gas a Brasil y Argentina, garantizar la provisión de GLP a la población que no cuenta con redes de gas domiciliario y mantener al personal calificado para garantizar la producción, exportación y provisión de gas, líquidos y urea.

Ni siquiera estas últimas actividades que de si son rutinarias pudo ni puede cumplir YPFB. Con irracional saña y solo por motivos políticos paralizó la producción de urea, lo que constituye un flagrante delito de daño económico al estado, pretendió con anuncio incluido trasladar la planta hasta la frontera con Brasil (Mutún), cual si se tratara de un puesto ambulante.

Al mismo tiempo ejecuta, sin demora ni pausa, el despido masivo de trabajadores y técnicos, que sumadas a las bajas por la pandemia están ocasionando la paralización de las plantas engarrafadoras de GLP (Senkata), con la consecuente escasez del combustible y la generación de colas y bloqueos con garrafas que ya habíamos olvidado.

Pero eso no es todo, Petrobras, ni corta ni perezosa aprovecha la ignorancia, ineptitud y la completa ausencia de patriotismo del gobierno y de YPFB para imponerle condiciones leoninas en sucesivas modificaciones al contrato original.

Se ha denunciado públicamente que un agregado suscrito el 6 de marzo modifica el punto de entrega de gas de Río Grande a Puerto Suárez (Mutún), lo que significa que YPFB corre con los gastos de transporte entre estas dos localidades que distan entre sí 570 kilómetros. Este añadido al contrato entró en vigencia el 11 de marzo.

Esta modificación representa un gasto (pérdida) diario de 178.000 dólares para YPFB, vale decir 5.4 millones de dólares al mes y 52.5 millones de dólares al año. Desde el 11 de marzo hasta el 31 de julio, el país ya perdió por esta infame modificación nada menos que 25.3 millones de dólares. Con este monto se pudo pagar la renta dignidad de más de 580.000 beneficiarios. Con la pérdida anual de 52.5 millones de dólares se pudo pagar esa renta dignidad a 1.218.000 beneficiarios.

Además, en la misma adenda se redujo la exportación de gas, de 30 millones de metros cúbicos por día a solo 24 como máximo y de 20 a 14 millones de metros cúbicos como mínimo, lo que representa una pérdida de 32% en ingresos para el país.

Estás negociaciones demuestran no solo incapacidad e ignorancia supinas, sino algo peor, que es la pérdida de soberanía y muy probablemente un gran negocio para beneficio particular y enorme daño económico al estado y al pueblo boliviano.

Estos aberrantes acuerdos llevan por detrás, como dijimos, la pérdida total de soberanía por la entrega en la conducción gerencial de YPFB al personal, cuya larga trayectoria laboral se desarrolló precisamente en Petrobras.

Una conocida red televisiva ha hecho conocer una larga lista con nombres de las autoridades actuales de YPFB, que trabajaron largos años en Petrobras, entre otros nada menos que el gerente de transporte de hidrocarburos, es decir precisamente el rubro en el cual se modificó el contrato.

Este hecho fuera de ser ilegal y susceptible de proceso penal, es la demostración de la indefensión a la que ha expuesto al país el gobierno golpista, a merced y voluntad de Petrobras.

¿Cómo se podría esperar una negociación beneficiosa para nuestro país, si los negociadores bolivianos son los ex empleados de la empresa con la cual negociamos?

Estos señores han beneficiado a su empresa madre, Petrobras, pero representando a Bolivia. Lo mismo sucede con la conducción general del país, que está en manos de ineptos ministros, que aparecen como ventrílocuos en los medios de comunicación, y en realidad los que gobiernan Bolivia, entre bambalinas, son: Erik Foronda, agente de la CIA y los asesores de la embajada norteamericana en La Paz.

Es indignante que estos hechos que lindan con la traición a la patria no sean titulares de primera plana en todos los medios masivos de comunicación, que cómplices callan y los ocultan y por ello llevarán sobre sus conciencias el estigma de la infamia más vil y artera perpetrada contra su propio país.

Tampoco escuchamos ni leemos las opiniones de los expertos y analistas en hidrocarburos sobre este tema. Su silencio es prueba de su asentimiento y aprobación. Su mentalidad neoliberal puede considerarlos como buenas señales para la iniciativa privada, es decir un preludio de la privatización de YPFB.

El pueblo y sus organizaciones calificarán estos hechos como lo que son: acciones y políticas entreguistas y profundamente antipatrióticas, saqueadoras de nuestros recursos naturales y que se dirigen a la destrucción y quiebra de nuestras empresas estratégicas”.

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