Alicia Sánchez. La diputada provincial, Alicia Sánchez, y actual precandidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral en la alianza “Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo”, manifestó su rechazo y preocupación ante la primera privatización por parte del gobierno nacional, al autorizar la venta ilegal de ARSAT 3, a una empresa de Estados Unidos.
“Es alarmante que este gobierno siga haciendo negocios con nuestras conquistas en materia de ciencia y tecnología y con nuestros recursos naturales”, señaló la legisladora. Asimismo explicó, que “ARSAT representa un emblema de nuestra soberanía satelital. Y es de suma importancia entender que las orbitas geoestacionarias son un recurso estratégico para las comunicaciones de nuestro país, recurso natural limitado y muy valioso, dado que existen restricciones a la cantidad de satélites que pueden ubicarse en dichas orbitas”.
En este sentido, enfatizó “no es casual que -según un informe periodístico que es de público conocimiento- la fusión haya sido aprobada hace unos días en secreto por el director de ARSAT y yerno del ministro Oscar Aguad, Rodrigo De Loredo, y los representantes de Hughes, quienes acordaron crear una nueva empresa”. “Borrando de esta manera, un logro significativo que transformó a la Argentina en el único país americano en lanzar un satélite al espacio, además de Estados Unidos, señaló la legisladora.
Por otra parte, explicó que “la autorización de esta venta es ilegal, dado que la utilización de los recursos de ARSAT no se pueden transferir, ni modificar sin la previa autorización del Congreso porque según la ley 27.208 el desarrollo de la industria satelital se declaró de interés nacional. Y agregó: “cuando hablamos de los recursos de ARSAT nos referimos a las frecuencias asignadas y a los derechos de utilización de orbitas para la colocación de satélites”.
Recordemos que la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, dispone en su artículo 8 que no se pueden ceder los derechos de este nuevo satélite y que, de hacerse cambios, deben ser aprobados por el Congreso, según el artículo 10.
