Los datos se desprendieron de un relevamiento llevado a cabo por la Procuraduría de Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal.
En los últimos días se publicó un documento que analiza la información surgida de las denuncias por casos de trata y delitos conexos, canalizadas a través de la línea telefónica 145 y gestionadas por parte de la Procuraduría de Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal -en adelante PROTEX-1 durante el año 2022.
De acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, «esta línea de atención gratuita que funciona las 24 horas todos los días del año para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas, es administrada por la PROTEX en el marco del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas.
Este fue creado por la ley N°26.842 cuyo funcionamiento se prevé en el marco del Ministerio Público Fiscal (art.23), de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Desde el año 2015, en el marco de las funciones asignadas a la PROTEX, se publican reportes mensuales, anuales, parciales y temáticos sobre la información que arroja dicha gestión, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 23, 24 y 25 de la ley 26.364 (modificada por Ley
N°26.842).
La recopilación anual tiene, centralmente, dos finalidades relacionadas con la comprensión de la trata de personas como una expresión de la delincuencia organizada con cualidades propias muy particulares, diferentes a las de otro tipo de delitos, lo cual implica grandes desafíos para el Estado Nacional con relación a las tareas de investigación como de prevención y persecución.
Por un lado, la necesidad de consolidar y robustecer la política criminal del Ministerio Público Fiscal con la meta de mejorar su respuesta institucional a partir del conocimiento del delito en toda su dimensión.
Por otro, elevar los estándares de eficacia en el combate a este delito, a partir de la revisión permanente de las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en los últimos años.
Ampliación del estudio
La publicidad y transparencia de la información actualizada, se conecta con la obligación de garantizar que la sociedad acceda y conozca los procesos de trabajo y gestión de cada uno de los casos ingresados mediante este sistema sincronizado de denuncias, en particular, y del sistema de administración de justicia, en general.
Para desarrollar esta tarea, la PROTEX, en el marco de la articulación entre la línea nacional de denuncias por casos de trata de personas o delitos conexos y las distintas agencias o dependencias del sistema de administración de justicia penal, elaboró un circuito de actuación y derivación junto al Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (en adelante, “Programa Nacional de Rescate” o PNR).
En ese aspecto, el organismo planteó que «resaltamos la importancia y la consolidación de la línea 145 como canal de denuncia para la población y como puerta de acceso de casos de trata y delitos conexos al sistema de administración de justicia federal y local.
Medidas a tomar
El número de denuncias desde el 2018 a esta parte se mantiene, a grandes rasgos, estable y se conserva también la distribución que se viene dando año a en cuanto a que en primer lugar lo ocupan las denuncias sobre explotación sexual, seguidas por las de explotación laboral y luego por las de captaciones u ofertas laborales engañosas.
En síntesis, el reporte señaló que resulta fundamental que «las víctimas que denuncian de manera anónima también sean informadas de la totalidad de derechos que le asisten incluso la posibilidad de alcanzar una indemnización, a partir del “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364”, mediante el fideicomiso público creado por la ley 27.508 destinado a reparar a las víctimas».
En ese sentido y ya a modo de conclusión, el estudio hizo hincapié en el que «en el marco de la obligación del Estado de que los distintos organismos adopten las medidas necesarias para adecuar las líneas de denuncias, de asistencia y de apoyo teniendo en consideración la situación particular (edad, género y discapacidad) insistimos en la necesidad de promover y fortalecer la accesibilidad de la línea de denuncias tal cual se concluyera en el Informe sobre “Discapacidad y otras condiciones que afectan la salud mental como agravante del delito de trata”.
Fuente fotografía: Télam
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