La superpoblación en los últimos años ha llamado a declarar la emergencia carcelaria en el Servicio Penitenciario argentino, así lo planteó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.
La emergencia carcelaria fue declarada por el término de tres años, y el Organismo consideró la opción de cambiar la trayectoria punitiva para evitar la incrementación de la población carcelaria.
Hugo Lopez Carribero, director del Colegio de Abogados de La Matanza, analizó la situación y determinó que el incremento de la población reclusa y las pésimas condiciones de detención vulneran los derechos humanos y no conceden mayor seguridad. Sostuvo que las detenciones son inadecuadas y es obligación del Estado ajustarse a las garantías procesales.
El especialista en derecho penal aseguró que se lograría un gran avance en esta problemática si se atendieran cuestiones básicas como la resolución del déficit habitacional, la mejoría de las condiciones privativas de libertad y la promoción e implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad, sobre todo en grupos vulnerables.
Mientras las autoridades consideran que la mayor cantidad de internos, es sinónimo de que hay menos delincuentes transitando por las calles, desde el punto de vista legal y de acuerdo a las garantías constitucionales y los Derechos Humanos, esto es una gran falla, e incluso vergonzosa para nuestro sistema carcelario, que se encuentra en paupérrimas condiciones.
Además, para combatir esta problemática, el Servicio Penitenciario optó por agregar camas dobles en celdas individuales y utilizar el espacio de sectores destinados a las actividades recreativas, para que funcionen como celdas de alojamiento. Desde el año 2017 se han dejado de publicar las cifras disponibles de las unidades, brindando solo el cupo disponible en general. Esta manipulación de datos es totalmente ilegítima frente a esta situación de total gravedad, donde se intenta esconder la realidad.
Lopez Carribero manifestó que la sobrepoblación trae aparejado conflictos como la falta de privacidad, el deterioro edilicio y las pésimas condiciones higiénicas. Además impide el acceso al trabajo, la educación, las tareas recreativas, la salud y la alimentación. Todos esos factores, entre otros, constituyen graves vulneraciones a los derechos de los internos, e infringe el objetivo de la reinserción social.
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