N° de Edición 7121
GBA

La violencia de género y la emergencia sanitaria

La violencia de género y la emergencia sanitaria.

Sobre las indicaciones dadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

Por Yamila Viera

La violencia de género y la emergencia sanitaria

“Las situaciones de aislamiento forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género”, alertaba hace algunas horas el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a la par de una seguidilla de anuncios oficiales que obligaban, en algunos casos, y sugerían, en otros, el aislamiento en los hogares como medida preventiva frente al Covid-19 (coronavirus).

Desde las redes sociales, el Ministerio recordó la línea 144 y publicó cuatro imágenes que explican cómo funciona esta vía de comunicación.

El aislamiento y la violencia de género

El femicidio es la última expresión de la violencia de género. El observatorio “Ahora que sí nos ven” contabilizó la cifra de 63 femicidios hasta el 29 de febrero de 2020, es decir, un asesinato cada 23hs, demostrando que en los últimos años la situación continuó e, incluso, se agravó.

Los informes del Observatorio indican que en el 80% de los casos el agresor es la pareja, la expareja o un familiar. La mayoría de las víctimas de femicidios son asesinadas por quienes frecuentan el interior de sus viviendas.

Considerando estos datos, salta a la vista el trasfondo que lleva al Ministerio de las Mujeres a realizar esta declaración. Sin embargo, la publicación no anuncia ninguna otra medida más que llamar a la línea 144.

La responsabilidad de prevenir la violencia de género, incluso en un contexto excepcional, recae, una vez más, en las propias víctimas. El Estado no se obliga a nada y no es una novedad: el Observatorio menciona que, antes de ser asesinadas, un gran porcentaje de esas mujeres había solicitado ayuda en los organismos que el Estado pone a disposición y había realizado denuncias.

Muchas de esas denuncias no fueron efectivizadas, y en muchas que sí lo fueron las búsquedas fueron dilatadas, hubo complicidad estatal, las perimetrales fueron violadas o los violentos quedaban liberados por la impunidad de la Justicia.

Como si la inacción directa del Estado no fuera suficiente, la precariedad laboral y la desocupación agudizan el panorama, pues las mujeres que no cuentan con recursos económicos no pueden irse hacia otra parte (incluso con sus hijos) cuando las casas refugio son casi inexistentes. La dependencia económica aumenta la vulnerabilidad frente a la violencia. De este modo, el Estado es responsable y cómplice de que no haya Ni Una Menos.

Para las mujeres en situación de violencia no es “buen negocio” quedarse en casa

Garantizar la cuarentena frente a una pandemia global es una medida de salud pública que debe cumplirse. Si bien en Argentina no hay cuarentena decretada para todo el país, Alberto Fernández sostuvo que «es buen negocio quedarse en casa. Quiero que los que se puedan quedar, lo intenten”, sugiriendo el aislamiento. Pero quedarse en casa no es un “buen negocio” para las mujeres que están atravesando situaciones de violencia.

Cuando el Estado no les provee las herramientas necesarias, corren peligro dentro de sus domicilios mientras se resguardan de la pandemia. Llamar a la línea 144 es un recurso, pero si este recurso se presenta como el único frente a una medida de salud que el mismo Estado advierte que puede “derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género”, es un recurso que sólo retrata una política incapaz de resolver en lo concreto las problemáticas de las mujeres de la clase trabajadora.

Así como la crisis sanitaria pone en evidencia la desidia estatal sobre las condiciones de trabajo, de transporte público y el estado ruinoso de la salud pública, también manifiesta ese abandono en materia de protección a las mujeres frente a múltiples formas de violencia.

Luego de un multitudinario 9M, el Estado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no anunció ninguna medida para detener el flagelo de la violencia de género y los femicidios, que cuentan más muertes que la pandemia que arribó al país.

Ambos problemas no deberían ser excluyentes, pero necesitamos que se materialicen nuestras demandas para que así sea. Los CIM (Centros Integrales de la Mujer) están desmantelados, las denuncias continúan ignorándose, la injerencia clerical se mantiene en las decisiones del Estado, la precarización laboral, los despidos y la crisis en los hogares se agudizan.

Si el Ministerio de las Mujeres no ha tomado ninguna iniciativa frente a este cuadro es porque, al igual que ocurre con el mísero presupuesto para la salud, no puede. La decisión política de destinar los recursos del Estado hacia otro lugar, al pago de la deuda, impone un límite de acción.

El diseño del presupuesto nacional está atado de manos y entregado a la rapiña de los negociados privados y los intereses imperialistas. Los intereses de la población no son prioridad. No habrá ningún avance de fondo en materia de salud o de erradicación de la violencia de género sino se cuestiona esa decisión política.

Tomemos la iniciativa nosotras también

Las trabajadoras de la obra social de judiciales, el INTI, los Sutebas combativos, los trabajadores portuarios, los del Astillero Río Santiago, los de la mina Veladero, tomaron la iniciativa: la única forma de quebrar los intereses que ponen en riesgo nuestra salud y nuestras vidas es defendiendo los nuestros. Como mujeres de la clase obrera, debemos organizarnos de manera independiente del Estado que, aliado a los dictámenes económicos del FMI y apañando a los patrones, abandonan a las y los trabajadores.

Además de garantizar una efectiva atención a través de la línea 144, exigimos la inmediata creación de Centros Integrales de la Mujer, con recursos y profesionales para atender los casos de violencia.

Para que los organismos de atención no respondan al poder político de turno y a otros intereses que no sean los de las mujeres, constituyamos un Consejo de la Mujer Autónomo, con presupuesto propio y con capacidad de decisión, electo por las mujeres y bajo control de las organizaciones de mujeres, con mandato revocable.

Exigimos también transformar las condiciones materiales de las mujeres de la clase trabajadora: frente a la terciarización laboral, precariedad laboral y el aumento de la desocupación, garantizar el acceso al trabajo genuino, prohibición de despidos, suspensión de la aplicación de los artículos sobre “fuerza mayor” de la ley de contrato de trabajo que recortan el salario, continuidad del pago de salarios íntegro en las licencias, salario igual a la canasta familiar, acceso a la vivienda y a todos los derechos de la salud, insumos de higiene para todos los lugares de estudio y trabajo, ESI laica y científica, separación de la iglesia del Estado, aborto legal, seguro y gratuito. Las exigencias al poder político de medidas urgentes deben ser acompañadas de una fuerte lucha contra el ajuste: ¡no al pago de la deuda!

En medio de una crisis mundial y sanitaria, que las mujeres de la clase obrera no tengamos que elegir entre arriesgar nuestra salud, perder nuestros puestos de trabajo o ser violentadas.

Fuente: Prensa Obrera.

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