N° de Edición 7207
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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley.

La iniciativa por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobó el viernes en la Cámara Baja del Congreso con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras un debate que duró más de 20 horas, en el cual también se dio media sanción al Plan de los mil días con un total de 196 votos a favor, por lo que el proyecto ahora pasará al Senado.

Mientras puertas adentro los diputados de los diferentes partidos políticos brindaban sus argumentos, afuera las mujeres de distintas edades colmaron las calles aledañas e hicieron vigilia durante toda la sesión, tiñendo una vereda de verde esperanza a favor y la otra de celeste vida en contra.

 

El proyecto en esta ocasión fue enviado por el Poder Ejecutivo luego del anuncio que el presidente Alberto Fernández hizo el pasado mes en el que afirmó: “Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley. Me siento el primer abanderado de este reclamo».

“Que el presidente de la Nación mande un proyecto, que reclame su tratamiento y aprobación, que se comprometa públicamente diciendo que esto es necesario para la salud pública argentina y para garantizar la salud de las mujeres y sus derechos me parece que genera un escenario un poco distinto», sostuvo Fernández en declaraciones a Futurock FM.

Voces a favor

Los discursos que ofrecieron los diputados y diputadas, en el periodo de 20 horas que duró el debate, fueron 165 en total divididos entre abortistas y providas, a quienes el presidente del cuerpo Sergio Massa les solicito que respetaran el tiempo acordado para cada uno que era de cinco minutos, pero los argumentos amplios hicieron que la votación se extendiera.

“La igualdad en los derechos que todos disfrutamos le debe mucho a las mujeres que luchan. El aborto existe, los que se oponen a la legalización someten a la clandestinidad a las mujeres y ponen en peligro a la única vida que pueden salvar. Queremos que cualquier mujer, nazca donde nazca, tenga los mismos derechos. Le vamos a devolver a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos”, sostuvo Silvia Lospennato integrante del PRO.

A ello se le sumó el discurso de Carolina Moisés, perteneciente al Frente de Todos de Jujuy, quien enfatizó: “Hoy se pone en duda cuántas son las que mueren, cuántas son las que quedan internadas o cuántas son las que abortan clandestinamente en este país. El número no importa. Son miles de mujeres en la Argentina”.

En la misma línea, la diputada Graciela Ocaña del PRO,planteo:“Al colocar el aborto en la clandestinidad estamos generando un problema de salud pública” y señaló: “Las que puedan pagarán abortos seguros, mientras que las mujeres pobres morirán en lugares no seguros”, remarcando su postura a favor para que el proyecto se convierta en ley.

“Hoy estamos acá para decidir si queremos mantener el aborto en la clandestinidad o incorporarlo al sistema de salud para que sea seguro y no mueran más mujeres. Los abortos existen, las mujeres se mueren, y si no hacemos nada, seremos cómplices de violencia institucional”, destacó Karina Banfi del bloque de la UCR en apoyo al proyecto.

Voces en contra

Las de pañuelo celeste no se quedaron atrás y alzaron su voz en defensa por la lucha a la vida en contraposición de los discursos abortistas, una de sus representantes fue la diputada Graciela Camaño quien criticó la presente ley al expresar: “Retrocedemos 187 años con esta ley. El aborto es el emergente claro de la falta de educación, oportunidades y violencias contra la mujer”, y detalló “El aborto es aborto, sea legal o ilegal. La solución para la decadencia argentina no puede ser nunca el aborto”.

“No usen de excusa a los pobres.Las mujeres pobres tienen también el gran orgullo de ir caminando y, con ellas, muchos hijitos. En el Chaco profundo las mujeres defienden la vida”, destacó Elda Pertile del Frente para Todos y concluyó: “quiero llegar a fin de año celebrando la vida y no el aborto”.

A su vez, la diputada de la UCR Estela Belledone volvió a mostrarse en contra del proyecto al igual que en el año 2018 yaseguró: “Si este proyecto llegara a ser ley, pasaremos a la historia por haber legalizado la muerte del ser en su estado más indefenso”.

La palabra de los hombres

El género masculino también fue partícipe del debate a través del cual expresaron sus opiniones y sus votos, tal es el caso de Maximiliano Ferraro titular del frente que lidera Elisa Carrió quien sostuvo: “El Estado debe proteger el derecho de las mujeres y de los cuerpos gestantes. Les debemos esta ley a las mujeres. Voy a votar a favor de saldar una deuda de la democracia”.

“De aprobarse esta ley sería inconstitucional”, advirtió de manera contraria Jorge Romero del Frente de Todos, ya que según él con dicho proyecto está en juego el derecho a la vida del embrión que está protegido constitucionalmente. En suma, Luis Juez del PRO ratificó también su voto negativo al plantear que se coaliciona el derecho de la mujer con el de la persona en gestación, debido a que no se conquistan derechos quitando otros.

Por su parte, el diputado del PRO, Waldo Wolf expresó: “La mujer es la que decide, sin que le preguntemos si tuvo consentimiento a la hora de tener sexo o no”, y agregó que si se aprueba van a dejar de ser hombres de 1921. También se mostró a favor el referente de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, pero propuso que la ley tenga un límite a la semana 24 de gestación con el objetivo de que no se realicen abortos al séptimo o noveno mes.

¿Qué dice el proyecto?

El mismo establece en su totalidad la despenalización y legalización del aborto, fundamentando en su artículo primero que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir la interrupción del embarazo hasta “La semana 14 inclusive”, según el segundo artículo el cual agrega: “Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

A su vez, contempla que previo a la realización de este se requiere el consentimiento informado y expresado de forma escrita por la persona gestante, pero plantea: “El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia”, y agrega que el personal no podrá negarse a llevar a cabo la práctica de la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

En suma, propone que el Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, para la cual debe establecer políticas activas con el objetivo de promocionar y fortalecer la integridad sexual y reproductiva de toda la población.

Por otro lado, el proyecto de “Plan de los 1000 días”, que también obtuvo media sanción funda una protección integral a la mujer y al niño hasta los primeros tres años de vida, cuyo propósito principal apunta a acompañar, proteger y apoyar íntegramente a las embarazadas y recién nacidos.

El Senado define

Los pañuelos verdes volaron por el aire del festejo tras la aprobación de diputados, mientras que los celestes miraban al cielo rezando de forma desconsolada por la resolución, pero no todo está dicho porque ahora es el turno de la Cámara de Senadores la cual tiene en su poder la última carta.

El proyecto será debatido el 29 de diciembre, ya que desde el Gobierno afirmaron que quieren evitar que el mismo se lleve a cabo previo al periodo navideño en forma de respeto hacia los fieles cristianos y católicos que levantan la bandera “Salvemos las dos vidas”, además de ello es obligatorio dejar transcurrir siete días hábiles entre la emisión del dictamen y el día de la sesión.

La aprobación y sanción por parte de la Cámara Alta requiere una mayoría simple, es decir que debe reunir una cantidad de votos afirmativos superiores a los negativos, motivo por el cual todos los esfuerzos por parte del Gobierno están puestos en que no se repita lo ocurrido en el 2018, en donde el proyecto había sido rechazado con 38 votos en contra y 31 a favor.

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