N° de Edición 6870
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Juicio Brigada de San Justo: El andamiaje represivo que actuó en la última dictadura

Juicio Brigada de San Justo: El andamiaje represivo que actuó en la última dictadura.

En la continuidad del juicio por uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes que la Policía bonaerense estableció en la zona oeste del conurbano en dictadura, se recrean en esta segunda entrega el primer segmento sobre los dichos de la perito de la CPM, Claudia Bellingheri, quien desentramó la estructura policial-militar de la represión. Parte II

El segundo y último testimonio correspondió a Claudia Bellingheri, directora del programa Justicia por delitos de lesa humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que ha prestado relato en varios debates orales por delitos de lesa humanidad y desentramó el andamiaje represivo-burocrático que actuó como herramienta fundamental del genocidio producido por la última dictadura.

La estructura

Bellingeri explicó el origen del fondo documental que custodia, estudia y sistematiza la CPM en los archivos de la ex Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia, que cuenta con más de 4 millones de folios, 200 mil fichas personales, 40 mil fichas temáticas, y registra información de inteligencia sobre la conflictividad social en la provincia producida entre 1930 y 1998.

Para desarrollar una aproximación al entendimiento de la estructura represiva, la perito señaló que “desde 1975 la seguridad interna del país pasó de ser casi exclusivamente de incumbencia policial a estar bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, y que ello se formalizó por medio de los decretos 2770, 2771 y 2772, dictados por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que facilitaron la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos relacionados con la seguridad interior”.

Al respecto indicó que el Decreto 2770/75 constituyó el Consejo de Seguridad Interna, que estuvo integrado por el Presidente de la Nación, los ministros y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Este consejo tuvo a su cargo “la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión”.

También le otorgó mayores facultades al Consejo de Defensa, creado en 1974 por la ley de Ministerios Nº20524, como “asesorar y proponer al Presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar en los distintos ámbitos del quehacer nacional para la lucha contra la subversión; (…) coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión; y conducir las acciones de la lucha contra subversión”.

El decreto 2771/75 estableció que el Consejo de Defensa podía suscribir con los gobiernos provinciales los convenios necesarios para colocar bajo su control operacional al personal y los medios policiales y penitenciarios. Y el 2772/75 determinó que las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, ejercido por el Consejo de Defensa, procedieran a “ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Argumentos para la represión

Motivados por el ataque de la organización Montoneros a una unidad militar en Formosa en octubre del ‘75, estos decretos fueron una cobertura legal que los militares obtuvieron del gobierno peronista para consumar una intervención criminal que en realidad, ya se estaba perpetrando en el país, en 1975 con el llamado “Operativo Independencia” y desde fines de 1974 con el accionar de los grupos paraestatales como la Triple A, la CNU y el Comando Libertadores de América.

Recordemos la ley 20.642 de enero de 1974, que modificaba el Código Penal elevando las penas y volviéndolas más severas que bajo el régimen del onganiato; así como el decreto N°1.302 de abril de 1974 firmado por el propio Perón y su ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, que prescribía las directivas aplicables para los conflictos denominados “graves”, el Nº1 denominado “Topo” y el Nº2 denominado “Yacaré”.

El objetivo era “eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”; o bien la ley 20.840 de Seguridad Nacional de septiembre del mismo año que versaba sobre las “Penas por actividades subversivas en todas sus manifestaciones”; para no mencionar el establecimiento del Estado de Sitio del 6 de noviembre de 1974 en todo el territorio argentino.

En este contexto, Bellingeri afirmó que el accionar represivo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y de Seguridad tuvo como soporte principal un exhaustivo trabajo de inteligencia estatal. El establecimiento de la denominada “Comunidad Informativa”, integrada por las áreas de Inteligencia de las 3 Fuerzas Armadas, más las de las policías provinciales y las fuerzas de seguridad federales, y su accionar conjunto y perfectamente reglado, puede rastrearse en varias directivas.

Una es la descripción de las “Ideas Rectoras” presentes en la Directiva 404/75 del Ejército, que menciona que “la actitud ofensiva a asumir por las Fuerzas Armadas, más los elementos puestos a sus disposición (policía federal, policías provinciales, gendarmería nacional, prefectura, servicios penitenciarios) deben materializarse a través de ejercer una presión constante, en tiempo y espacio, sobre las organizaciones, a través de actividades de inteligencia”.

A un año de producido el golpe y desplegado el genocidio, puede verse a través de la Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N°504/77, en su apartado C, establece que “si durante la ejecución de una misión policial específica se detectase un hecho o actividad subversiva, los elementos policiales ejecutarán por propia iniciativa las acciones para su eliminación, informando inmediatamente al comando operacional del cual dependen”.

Organización territorial

La perito analizó la Directiva 404/75 con la que el Ejército estableció su rol de conducción en la lucha contra la subversión “con responsabilidad primaria el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión”, a la vez que estableció una organización territorial dividida en cinco zonas de defensa numeradas.

Las mismas, según su correspondencia geográfica y jurisdiccional con los 5 cuerpos del Ejército, cada zona dividida en sub-zonas y estas a su vez en áreas, estructura que se denomina “Zonificación militar” de la represión. Y establecido ello, se impone que los hechos que se investigan en este juicio corresponden a la Zona I bajo el mando del 1er Cuerpo de Ejército, en las Sub –Zonas 11 y 16, y las Áreas 114 y 160 a 163.

El Comando de Subzona 11 estaba a cargo de la 10ma Brigada de Infantería, con asiento en La Plata, y tenía jurisdicción en 23 partidos del conurbano sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Plata y La Matanza. En el Área 114 (La Matanza, Marcos Paz, Las Heras, Navarro y Lobos) el Grupo de Artillería Mecanizada, ubicado en Villa Martelli, gestionaba los Centros Clandestinos de Detención “El Banco”, “Sheraton”, Comisaría 2da de La Matanza y la Brigada de Investigaciones de San Justo.

Por su parte, el Comando de la Subzona 16, a cargo de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, actuaba sobre los partidos de Merlo, Moreno y Morón, y gestionaba los CCD “Mansión Seré”, 7ma Brigada Aérea de Castelar, Hospital Posadas, 7ma Brigada Aérea de Morón y “La Casona” en el interior de la 1ra Brigada Aérea de Palomar.

En este debate están imputados el jefe del Área 114 en los años ’75-’76, Hugo Idelbrando Pascarelli, y el subjefe entre ’77-’79, Rodolfo Enrique Godoy. En el acervo de DIPPBA existen documentos que confirman la actuación de efectivos del área 114 en conjunto con la Unidad Regional Morón desde 1975 realizando allanamientos y detenciones. Ya en el año 1976 en adelante varios legajos refieren “enfrentamientos” y “hallazgos de cadáveres”.

El destacamento 101

Respecto al Destacamento 101 del Ejército, ubicado en calle 55 entre 7 y 8 de La Plata y que tiene a 5 de sus integrantes imputados en este debate, Bellingeri destacó que en la estructura represiva los Destacamentos de Inteligencia fueron los órganos que garantizaron el desarrollo del plan sistemático.

El informe de la CPM aportó al TOF 1 de La Plata afirma que la tarea de los Destacamentos “consistió en desplegar una persecución masiva sobre los ciudadanos, tenerlos controlados y proceder a su secuestro en el caso que se considerara necesario”, que “la tarea de inteligencia se completaba en el lugar de detención de las victimas donde la función de los agentes de inteligencia era participar de los interrogatorios (elaborarlos y ejecutarlos) recoger la información extraída a las víctimas para luego volver a planificar (a partir de esa información) otro secuestro”.

Y que “los Jefes de los Destacamentos de Inteligencia actuaban de manera coordinada con los Jefes de Áreas con quienes sistematizaban las acciones operativas de secuestro, ubicación de los secuestrados en el primer CCD, tortura para extraer información, decisión sobre la permanencia o traslado de la víctima a otro destino”.

Los Destacamentos se organizaban a través de las Unidades de Inteligencia que en particular eran las encargadas dedicarse a interrogar, además existía un grupo específico llamado las “tropas capturantes” encargado de la parte operativa y del traslado de las víctimas a los Lugares de Detención Temporaria (LDT).

Dentro de la estructura orgánica del Ejército, el 101 dependía de la Jefatura de Inteligencia (Jef.II) y mantenía de manera simultánea un canal de comunicación orgánica con el Batallón 601 de Inteligencia. A su vez el Jefe de Inteligencia era miembro del estado Mayor del Ejército.

Al Destacamento de Inteligencia 101 le correspondió actuar en casi la totalidad del territorio bonaerense particularmente en la Sub-Zona 11 (Xma Brigada Mecanizada) coordinando con las diversas Jefaturas de Áreas. Para lo que interesa a la zona de los hechos comprendidos en este debate, la coordinación se efectuó con el Jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 (Área 114).

Más sobre el mismo destacamento

A su vez explicó que el Destacamento 101 garantizó la formación de al menos dos “Centros de Reunión de Información” (CRI) dentro del Partido de La Matanza uno ubicado en La Tablada y el otro probablemente en la sede de la Xma Brigada.

Según el informe 2009 del Ministerio de Justicia de Nación sobre el Destacamento 101 cada Comandante “de zona y subzona del país debía construir, bajo su Comando y en todos aquellos lugares de su jurisdicción en que hubiera comunidades Informativas, pequeñas centrales de reunión de Información que satisfacieran sus necesidades y aportaran lo conveniente a la Central de Reunión de Informaciones, organizada por el Batallón de Inteligencia 601”.

La Central de Reunión de Información estaba formada por personal de los servicios de Inteligencia más importantes, como el de Fuerza Aérea, de la Armada, personal del Batallón 601, Institutos Penales, la Superintendencia de Seguridad Federal, Prefectura y SIDE.

Esto hacia arriba, pero a su vez hacia abajo y por la dinámica observable en los archivos de la DIPPBA, el 101 solicitaba la colaboración a la Policía bonaerense, y mantenía comunicación permanente con la DIPPBA, a cuyos jefes les solicitaba información, enviaba información procesada y solicitaba acciones operativas.

Ello se puede observar en la amplia información aportada por la CPM en su informe sobre esta causa, donde queda claro que la responsabilidad represiva de la zona oeste del conurbado bonaerense quedo bajo las órdenes del Grupo de Artillería Mecanizada de Villa Martelli y que bajo esta responsabilidad operativa se encontraba ubicada la Brigada de Investigaciones de San Justo.

Fuente y fotos: HIJOS La Plata

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