La investigación resultó de un trabajo realizado por el Observatorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El acceso a la educación en todos sus niveles se constituye como un derecho para todas las personas y resulta clave que las mismas puedan contar con todas las condiciones necesarias para acceder al sistema educativo.
En ese sentido, se destaca la importancia de establecer medidas y políticas públicas que contemplen las necesidades particulares de algunos grupos de personas para garantizar que puedan recibir formación escolar y universitaria.
En ese aspecto y en relación con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, el Observatorio de la Facultad de Filosofía y Letras (OUBA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un informe sobre políticas de discapacidad y accesibilidad en el ámbito de la educación universitaria.
Precisiones y estadísticas
En lo que respecta a los resultados del informe, el mismo arrojó: «Rl 24 por ciento de las universidades ya habilita el autorreconocimiento de las personas condiscapacidad en sus instrumentos de inscripción promoviendo su visibilidad en los procesos administrativos y de gestión».
La investigación también señaló que «hay otras modalidades de identificación de ingresantes con discapacidad además del 24 por ciento que lo hace a través de alguna pregunta en la planilla de inscripción; 30 por ciento por información de docentes y/o no docentes».
En sintonía con lo planteado, el estudio presentado por el Observatorio agregó: «Hay un 26 por ciento por presentación espontánea por parte del propio estudiante; 11 por ciento vía los centros de estudiantes y 9 por ciento, otro».
En ese punto, el relevamiento también expuso que «un 90 por ciento cuenta con servicios de accesibilidad de materiales pero es importante tener en cuenta que el 25 por ciento no lo brinda de manera sistemática».
Especificaciones y análisis
Por otra parte, y vinculado con las demandas y requerimientos que las universidades consideran prioritarias para ampliar sus capacidades institucionales, el informe apuntó: «El 60 por ciento menciona equipamiento (programas de subtitulado para pasaje de voz a texto, impresoras Braille, aros magnéticos, equipamiento informático, software de lectura, software para lenguaje matemático, impresoras 3D, entre otras)».
«El 53 por ciento la conformación de la figura institucional profesional de intérprete de Lengua de Señas (LSA) y financiamiento para sostener equipos de interpretación; 47 por ciento personal y equipamiento idóneo en biblioteca para la accesibilidad del material bibliográfico», detalló la investigación consultada.
Mientras tanto, ligado a los requerimientos planteados por las universidades, según el estudio «El 40 por ciento señaló la importancia contar con estructura de personal idóneo para institucionalizar la política de discapacidad y accesibilidad; 37 por ciento incorporar la figura de tutor de accesibilidad que transversalice la perspectiva de discapacidad».
El reporte añadió que «27 por ciento refirió la necesidad de contar con señalética accesible en macrotipos y Braille; 23 por ciento infraestructura y mobiliario accesible; 17 por ciento capacitaciones dirigidas a toda la comunidad universitaria y 13 por ciento con talleres de lectocomprensión del español para personas sordas».
Comunidad educativa y profesionales
Cabe mencionar que la investigación realizada por el OUBA también abordó el tema desde el ámbito de la docencia y así arrojó que «el 73 por ciento responden afirmativamente, 23 por ciento negativamente y 4 por ciento no sabe/no contesta en relación a contar con materias vinculadas a la situación de discapacidad».
«En materia de posgrados sobre la temática de discapacidad 41 por ciento responde afirmativamente, 55 por ciento no y el 4 por ciento no sabe/no contesta», amplió el estudio consultado por este medio.
En esta línea, desde el Observatorio hicieron foco en que «los desafíos pueden sintetizarse en la transversalización y la institucionalización de la producción de accesibilidad y las barreras que persisten en las universidades».
Asimismo, el reporte también hizo referencia y subrayó: «Otra cuestión que avanza muy lentamente en las universidades son las políticas de inclusión de personas sordas».
«Otro desafío que desde ya no agota de ninguna manera las transformaciones necesarias en materia de accesibilidad y discapacidad en las universidades es la subtematizada cuestión de las personas con discapacidad ejerciendo la docencia», expuso el análisis.
Además, otra de las conclusiones a las que arribó la investigación remarcó que «la discapacidad en el claustro docente no es contemplada, tanto si se trata de personas con discapacidad que eligen la profesión, ingresan y egresan de trayectorias de formación como las que adquieren una discapacidad en el ejercicio de la misma».
«Resulta fundamental, por tanto, que las universidades asuman este desafío no solo en la lectura de sus propia producción de exclusión y discriminación sino en las políticas de inclusión y respeto de los derechos de todos y todas a estudiar y trabajar en la universidad», concluyó el estudio elaborado por el OUBA.
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