N° de Edición 6688
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Espinoza propone declarar la Emergencia Tarifaria para clubes de barrio

Espinoza propone declarar la Emergencia Tarifaria para clubes de barrio.

El diputado nacional, Fernando Espinoza, presentó un proyecto de ley que también incluyen a las asociaciones civiles sin fines de lucro y fundaciones, con el objetivo de suavizar el impacto de los tarifazos sobre dichas entidades. La iniciativa contempla retrotraer los cuadros tarifarios al 30 de noviembre de 2017 y actualizarlos desde entonces a través del Coeficiente de Variación Salarial, entre otras medidas.

Además, el ex intendente de La Matanza, presentó dos proyectos de resolución para que la Secretaría de Salud informe acerca de la situación de la campaña de vacunación contra el sarampión y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Condiciones

La iniciativa de ley que presentó para declarar la Emergencia Tarifaria por el plazo de veinticuatro meses para los clubes de barrio y de pueblo inscriptos, es conforme a la Ley 27.098 -que es la que regula la actividad de estos actores- o las leyes provinciales correspondientes. Además, propone que la emergencia se extienda a las Asociaciones Civiles sin fines de lucro que prestan servicios comunitarios, simples Asociaciones con idéntica finalidad o Fundaciones con igual objeto.

Para poder acceder a este beneficio, los sujetos mencionados deberán reunir determinadas condiciones, entre las que se destacan: 1) que su patrimonio sea inferior a la suma de $ 60 millones, b) que sus ingresos anuales no superen la suma de $ 15 millones, c) que presten servicios de formación deportiva no profesional o asistencia social.

En relación a lo anterior, el legislador nacional indica que los montos referidos se indexarán anualmente aplicando el índice de precios mayoristas que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por otra parte, el proyecto especifica que la Emergencia Tarifaria es de orden público y alcanza a los servicios de agua, suministro eléctrico y gas prestados en todo el territorio nacional. En igual sentido, subraya que se entenderán como servicios comunitarios “a aquellas actividades deportivas, culturales, sociales, espirituales y afines enderezadas al bien común”.

En cuanto a los beneficios concretos que la iniciativa contempla, durante la Emergencia se retrotraerán al 30 de noviembre de 2017 los cuadros tarifarios de los servicios públicos enumerados en el artículo 1º para los usuarios allí descritos, manteniendo los subsidios, bonificaciones y beneficios existentes. Luego, los cuadros tarifarios recalculados conforme lo establecido se actualizarán desde el 30 de noviembre de 2017 por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Siempre con la intención de proteger a los clubes y asociaciones, el texto establece también que las empresas prestatarias de los distintos servicios mencionados no podrán efectuar cortes en el suministro con causa en la falta de pago de las facturas correspondientes a consumos de los años 2017 y 2018, a excepción que demostraren que el deudor tiene capacidad de pago suficiente sin afectar los servicios sociales que presta ni comprometer el patrimonio de la asociación, club de barrio o pueblo o fundación de que se trate.

Finalmente, el proyecto propone incorporar un inciso al artículo 7 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (23.349), que es el que detalla las actividades que quedan exentas del tributo en cuestión. En esa dirección, plantea agregar a las “Entidades deportivas no profesionales, clubes de barrio o pueblo, asociaciones civiles sin fines de lucro y fundaciones sociales y comunitarias, con patrimonio inferior a pesos sesena millones ($ 60 millones)”.

Argumentos del proyecto

En los fundamentos del texto, Espinoza resalta que “resulta imprescindible declarar la emergencia tarifaria y frenar esta situación derivada de la decisión del gobierno de eliminar los subsidios, generando el empobrecimiento de la población en pos de favorecer la rentabilidad de las empresas energéticas”

En la misma dirección, observa que “actualmente los clubes de barrio se encuentran en una situación de subsistencia, sufriendo el brutal aumento de tarifas impulsadas por el Gobierno actual que ha llevado a varios de ellos a cerrar sus puertas” y destaca que en igual situación se encuentran las fundaciones y las simples asociaciones o asociaciones sin fines de lucro”.

Y también argumenta que el “panorama que se ve agravado si se considera que los aumentos se siguen sucediendo y proyectando “conforme metas de precios y tarifas con miras de resultados financieros de las concesionarias, sin ningún anclaje en la realidad económica y social de los usuarios y su derecho de acceso a los servicios”.

Para el diputado nacional de La Matanza, con esta política el Estado queda relegado a “mero instrumentador de los intereses y necesidades de las empresas”, obviando así la situación de los usuarios, “que demandan el acceso a los servicios públicos como un derecho y no como un privilegio”.

Por otra parte, Espinoza presentó dos proyectos de resolución relacionados con la política del gobierno nacional en el ámbito de la Salud.

En primer término, solicitó a la Secretaría de Salud que informe a la Cámara de Diputados las siguientes cuestiones: ¿cuál es el stock de vacunas contra el sarampión para extender dosis extraordinarias a todo el país?; si ya se licitó la compra de vacunas para la campaña oficial del 1° de octubre de 2018; si hay stock general para cubrir las 19 vacunas del calendario nacional de vacunación; y ¿cuál es el monto previsto para inmunizaciones en el Presupuesto 2019?

El otro pedido a la misma cartera tiene que ver con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, sobre el que se consulta: ¿cuáles son las verdaderas razones por las que se desfinanció al mismo y no se hicieron licitaciones en tiempo y forma para la adquisición de los insumos necesarios?; ¿cuál es el monto previsto para dicho programa en el Presupuesto 2019?

Se trata, en síntesis, de tres proyectos que apuntan a defender la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad en cuestiones tan relevantes como son el derecho a la recreación y a la salud.

 

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