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Conocé más sobre el espionaje ilegal a políticos, jueces y periodistas en CABA

Conocé más sobre el espionaje ilegal a políticos, jueces y periodistas en CABA

Tras una investigación, la Justicia porteña determinó que se realizó un uso indebido del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de la Ciudad de Buenos Aires para acceder a datos biométricos de 7, 5 millones de personas, entre ellos políticos, jueces, empresarios y periodistas.

Por Lucia Amarilla Cardozo

lucia.amarillacardozo@gmail.com

El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires para detectar a personas que se encuentren en las listas de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC) fue usado para obtener información de al menos 7,5 millones de personas, entre abril del 2019 y marzo del 2022, siendo este número ampliamente mayor a la cantidad de personas buscadas.

El SRFP del Ministerio de Seguridad porteño tiene habilitación para solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), siempre que estas se encuentren en la CoNaRC. Actualmente, esta lista la conforman unas 40 mil personas.

No obstante, la investigación llevada a cabo demostró que durante abril del 2019 y marzo del 2022 se hicieron un total de 9 millones de consultas y algunas de las personas, los cuales sus datos fueron vulnerado, son: Alberto Fernández (16 veces), Cristina Fernández de Kirchner (225 veces), Javier Milei (32 veces), Patricia Bullrich (18 veces), Aníbal Fernández (12 veces), Eduardo Feinmann (9 veces), Viviana Canosa (6 veces), entre otros políticos, empresarios, jueces, periodistas y representantes de Derechos Humanos.

El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo determinó que se suspenda el sistema de vigilancia facial, además de ordenar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que secuestre computadoras y dispositivos electrónicos del Centro de Monitoreo Urbano del barrio de Barracas, entre otras medidas, para continuar con la investigación.

Asimismo, intimó al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, a que dé explicaciones, en menos de 48 horas, de cómo se utilizaron los datos biométricos consultados al ReNaPer, de 62 personas específicamente, entre ellas el presidente y la vicepresidenta.

La respuesta del Ministerio de Seguridad de CABA

Tras finalizarse las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, desde el Ministerio de Seguridad porteño se emitió un comunicado acerca de los hechos sucedidos en el cual se aseguraba que no se cometió ninguna irregularidad.

Desde allí, se afirmó que los datos consultados al ReNaPer «responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia”, por lo que no se habría cometido ninguna infracción. También se añadió que los datos biométricos no brindan referencias sobre la ubicación de las personas cuya información fue solicitada, ya que solo «devuelve la foto y los datos del DNI».

Por último, Marcelo D’Alessandro expresó que, a su parecer, estos eventos responden a cuestiones políticas y que la orden de suspensión de la vigilancia facial, por parte del juez Gallardo, fue “maliciosa”. En base a esto, el ministro aseguró que hará una denuncia penal al juez.

Casos de espionajes en el macrismo

 Una de las causas más escandalosas de espionaje ilegal relacionados al macrismo en los últimos años, tuvo que ver con el proyecto “Super Mario Bros” llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia, los cuales fueron realizados durante el gobierno del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

La intervención a la AFI comenzó a fines del 2019 de la mano de la fiscal criminal y correccional, Cristina Caamaño, por orden del presidente Alberto Fernández. Tras meses de investigación se encontraron múltiples espionajes a dirigentes políticos, dentro y fuera del macrismo, periodistas y personalidades públicas.

Según Caamaño, la AFI “era un lugar oscuro que se manejaba con leyes propias, donde la gente cobraba en un sobre en efectivo, todos usaban nombres supuestos, y nosotros, desde la intervención, lo que estuvimos impulsando fue que sea un organismo más del Estado».

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