(Primera parte) El próximo 13 de agosto comienza en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. La causa incluye a 21 represores por los casos de 84 personas, 31 de ellas desaparecidas.
Aquí una breve reseña del derrotero de esta causa, que llega a juicio con varios elementos de clara impunidad acorde a los tiempos que corren.
La actual sede de la Dirección Departamental de Investigaciones de la policía bonaerense en el partido de La Matanza fue en dictadura un centro clandestino de detención y torturas. El próximo 13 de agosto comienza en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en ese lugar, la Brigada de Investigaciones de San Justo.
Según el trabajo del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) entre marzo del ’76 y agosto del ’78 por este CCD pasaron al menos 101 personas identificadas con nombre y apellido, y otras 9 individualizadas solo con nombre de pila o apodo. De esa lista, el juicio se recorta a 84 casos, 31 de los cuales corresponden a personas detenidas-desaparecidas.
El debate incluirá imputaciones a 21 represores, entre los que se cuentan militares de la estructura de mando, oficiales del área de inteligencia militar, el omnipresente director general de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, 4 jefes del CCD, 3 agentes que revistaron allí, 1 médico policial que asistía torturas y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura.
La causa
El derrotero de esta causa comparte con muchas otras una instrucción tardía y fragmentada. En de marzo de 2011 se procesó a un primer grupo de represores, y luego en febrero de 2013 a otra tanda. En julio de 2014 se sumó el procesamiento de Ricardo Luis Von Kyaw, que estaba prófugo y fue capturado en Panamá, y unos meses después se procesó al militar de inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, ambos por fuera del expediente principal.
En agosto de 2015 el juez de instrucción, Ernesto Kreplak elevó la causa a juicio con 23 imputados a saber: Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Rodolfo Enrique Godoy, Miguel Ángel Amigo, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Rodolfo Aníbal Campos, Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luís Baume, Roberto Armando Félix, Rubén Alfredo Boan, Héctor Horacio Carrera, Raúl Carballo, Ricardo Juan García, Jorge Héctor Vidal, Jaime Lamont Smart y Juan María Torino.
En febrero de 2015 murió impune el general Carlos Olivera Rovere. En diciembre de ese año el represor Gamen fue apartado por “incapacidad sobreviniente” al encontrarse supuestamente senil. En mayo de 2016 el genocida Carrera fue apartado por “incapacidad sobreviniente” ya que era paciente psiquiátrico.
En julio de 2016 los fiscales pidieron la elevación a juicio de los casos Von Kyaw e Hidalgo Garzón y su unificación con este expediente. Un mes más tarde el juez Kreplak hizo lugar al pedido. En noviembre del mismo año el represor Alberto Julio Candioti fue extraditado desde Uruguay y antes de que cierre el año procesado en esta causa. Pero por entonces comenzaron a descontarse nombres: En diciembre de 2016 murió impune el represor Campos. En mayo de 2017 el que falleció impune fue Palavezatti, y al siguiente mes Von Kyaw fue apartado por “incapacidad sobreviniente” por tener cáncer terminal que lo llevó a la muerte en noviembre de ese año. Para completar el cuadro, en febrero de este año el genocida Amigo fue apartado por “incapacidad sobreviniente”.
Otros muertos impunes de este expediente son Carlos Guillermo Suárez Mason y Jorge Olivera Róvere (jefe y subjefe del Primer Cuerpo de Ejército de Capital Federal, que tenía a cargo la Zona I), Juan Bautista Sasiaiñ y Jorge Álvarez, (jefes y subjefe de la Brigada de Infantería Mecanizada X de La Plata, a cargo de la Subzona 11), Antonio Fichera y Juan Manuel Costa (jefe y subjefe del Grupo de Artillería Mecanizada N°1 de Ciudadela, que tenía a cargo el Área 114), Alejandro Arias Duval, Ricardo Campoamor y Ricardo Ducrós (jefes y subjefe del Destacamento de Inteligencia 101), Ignacio Oscar García (director general de Investigaciones de la bonaerense en un período de los hechos), Roberto Ramón Bustos, Oscar Penna y José Antonio Raffo (jefes de la Brigada de San Justo).
Así las cosas, de 26 procesados originales, para el debate quedaron 21 represores. De ellos 2 cumplieron funciones en las reparticiones del Ejército que se encontraban a cargo de jurisdicciones que incluía el CCD de la Brigada de San Justo, 8 integraron el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, 1 fue policía que se desempeñó en las dependencias que se ubicaban por sobre la Brigada de San Justo en el esquema represivo, y sólo 8 fueron funcionarios que prestaron funciones en la misma Brigada. Se agregan las responsabilidades del ministro de Gobierno provincial y su subsecretario de Gobierno (por ese entonces a cargo de la Policía Bonaerense).
Pero además 14 represores llegarán en al debate desde sus casas: 9 cumpliendo detención domiciliaria y otros 5 por haberse vencido la prisión preventiva que cumplían.
El chupadero
La Brigada de San Justo estaba ubicada en la calle Salta N° 2450, contiguo a la Comisaría N° 1 de La Matanza. Hoy es la sede de la DDI La Matanza. Era un lugar de registro, ya que fue el primer sitio al que trasladaron a la mayoría de las víctimas que pasaron por ese tras ser secuestradas. El destino de las víctimas que pasaron por la Brigada no fue siempre el mismo: algunos detenidos fueron liberados desde ese mismo lugar, otros fueron traslados a otros centros clandestinos de detención y liberados, otros asesinados en un traslado y otros trasladados con permanencia en otros CCD y que aún permanecen desaparecidos.
La existencia de un centro clandestino de detención en ese edificio de Salta N° 2450 fue acreditada hace 33 años en el “Juicio a las Juntas”. En ese proceso la llamada Causa “44/85” revisó la responsabilidad de un puñado de represores de la Policía Bonaerense que recibieron condenas luego anuladas o morigeradas por las leyes de impunidad y los indultos.
En la sentencia de la “Causa 44” se toma en cuenta los testimonios de varios jefes de la Brigada en dictadura como Alberto Menichini, Roberto Bustos y Oscar Antonio Penna, quienes habían dicho que a comienzos del ’77 y “por orden superior” tuvieron que trasladar a los presos comunes a otros sitios y evacuar parte del edificio, cediéndolo a los militares. Agregaban que ese sector, denominado ‘área restringida’, comprendía la planta baja y los calabozos, al cual tenían acceso solamente personal militar, estándole vedado el ingreso al personal civil y policial. La excusa policial de la exclusividad militar en el acceso a los CCD y la gestión del terror no es nueva: se escuchó en 2012 de boca de los represores de las comisarías de La Plata. Pero no alcanza para refutar que todas las fuerzas eran parte del mismo aparato represor organizado, con responsabilidad concreta sobre las personas detenidas ilegalmente. También el informe “Nunca Más” de la Conadep menciona en su página 387 las características del edificio de la Brigada y describe: “Al descender del vehículo, un patio con pedregullo. Edificio de dos plantas. Acceso de detenidos por una pequeña cocina, contigua a una de las celdas de tortura. Varias celdas con un baño, otras también con duchas. Una más grande, con ganchos en la pared. (…) La Planta alta estaba ocupada por oficinas. Una, con un diagrama en la pared, se usaba para interrogatorios. Dos de ellas estaban alfombradas y tenían camas de madera”.
Pasado un tiempo prudencial de 20 años de impunidad que el Estado se tomó para investigar los hechos, surgieron otros elementos de prueba que permitieron profundizar en la reconstrucción de las características de la Brigada. Fundamentalmente el testimonio de los sobrevivientes como Norberto Ignacio Liwski, médico que integraba una junta vecinal en el Complejo Habitacional N° 17 de La Tablada, donde con otros colegas desarrollaba tareas de atención gratuita al barrio.
En 1978 la mayoría de los integrantes de esa organización barrial, como la familia Araujo, Rodolfo Barberán, Carlos Prietto, y los médicos Francisco García Fernández, Jorge Heuman, Raúl Petruch y el propio Liwski, fueron secuestrados y llevados a la Brigada de San Justo. La experiencia de organización vecinal que significó esa sala de atención médica y la represión que sufrieron la mayoría de sus gestores será uno de los hechos centrales que se ventilarán en el debate a iniciarse ahora. En conjunto se revisarán los casos de muchos militantes sociales, políticos y sindicales que fueron llevados a San Justo como lugar de fichaje y luego trasladados al Pozo de Banfield, desde donde fueron desaparecidos.
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