N° de Edición 7127
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“A nuestros vecinos no los mató el coronavirus, pero sí el cáncer por Klaukol”

“A nuestros vecinos no los mató el coronavirus, pero sí de cáncer por Klaukol”.

Esta es la denuncia de Susana Aranda, vecina de Virrey del Pino, que está realizando una huelga de hambre para mostrar de la forma calamitosa que viven por causa del emplazamiento de la fábrica cementera y de materiales.

En una nueva emisión de Haciendo Radio, que sale de lunes a viernes de 10.30 a 13 por la 2020 Radio NCO (www.diario-nco.com/Radio) la entrevistada reveló que más de 100 vecinos del barrio murieron de cáncer, por causa de la inhalación del aire contaminado por el trabajo constante de la fábrica, lo cual genera un marcado deterioro en la salud de los habitantes.

En el inicio de la entrevista, la vecina remarcó que la fábrica tiene una categorización que no le permite trabajar en zonas urbanas: “Los grandes medios no muestran esto porque es todo negocio. Acá hay muchos vecinos que ya no están porque los mataron. La ley 11459 es clarísima, la fábrica tiene categorización 3 y no puede estar en un barrio”.

En sintonía, añadió que “metieron un parque industrial en un barrio pobre para que la gente muera sin saber qué pasa. Estoy cansada del cáncer. Mi nuera lo tiene, mis vecinos lo tienen, no quiero ver más a mi gente morir como muere”.

“Es un exterminio sistemático y nadie ve nada. Se hizo el peritaje y todo lo que se respira es cancerígeno, no es una suposición ni una sospecha. Lo saben las autoridades municipales. Dónde está nuestro derecho a la vida”, se quejó la entrevistada.

Vecinos muriendo por los tóxicos que desprenden la fábrica

Como ejemplo de lo que provoca en la salud de la población, Aranda contó el caso de un vecino y su penoso estado actual: “Tenemos un vecino trabajador que se está alimentando por sonda. Klaukol inutiliza a los trabajadores y luego los despide. Sin indemnización, sin jubilación, sin nada. Ese hombre está abandonado”.

“La fábrica ahora trabaja 24 horas y a nadie le importa lo que sucede en mi barrio”, reprochó la entrevistada. Es preciso recordar que la fábrica de la cementera se encuentra en el kilómetro 44,500, en la localidad matancera de Virrey del Pino, en el barrio Colonia Las Mercedes.

Según informó la entrevistada, el peritaje toxicológico indicó que el material químico que se desprende de la fábrica puede volar hasta diez kilómetros a la redonda, lo cual logra afectar a muchos vecinos del Distrito y no solo a los más próximos a la cementera.

Autoridades haciendo la vista gorda

En la continuidad de la charla, Aranda remarcó que “nos están flagelando los políticos. Jueces federales amparan la situación. Yo no estoy en contra de la fábrica ni de las industrias, pero que no engañen a la gente de que esto es una fuente de trabajo. Cuando hice una encuesta en 2016, de 70 ex obreros de Klaukol sobrevivieron 12”.

Sobre esta poca expectativa de vida que hay en los habitantes, detalló alguno de los químicos que sobrevuelan el ambiente: “Nadie llegó a jubilarse, y hoy seis vecinos están esperando su desenlace final. A mis vecinos no los mató el coronavirus, pero sí Klaukol. En el aire hay plomo, zinc, arsénico, más de 16 metales pesados que estamos respirando”.

“No es como el Covid que viene y se va, está todo contaminado y queda todo en el aire. Ellos utilizan pesticidas y funguicidas para lavar la arena. Nosotros deberíamos vivir con mascarillas todo el año para que no nos entre eso”, indicó la entrevistada.

Con un tono de voz enojado, Aranda expresó que “hay casas vacías porque murieron mamá, papá y todos los hijos. No voy a claudicar en mi reclamo. No quiero quedarme en mi casa y mendigar un calmante”.

Es preciso recordar que este reclamo de Aranda data desde hace más de diez años, en constante conflicto con las autoridades municipales y las de la empresa. El Diario NCO se ha hecho eco de esta situación desde el año 2015, cuando también Aranda utilizó la huelga de hambre como una forma de protesta frente a las pocas respuestas ofrecidas.

Las leyes que amparan su reclamo

La ley 11459 que mencionó la entrevistada marca que la finalidad del citado Decreto-Ley № 7.229/1966, es reglar aquellos aspectos que hacen a la seguridad, salubridad e higiene de la población, y sin perjuicio de señalar que estos conceptos aparecen estrechos frente a la fórmula general “Protección del medio ambiente y los recursos naturales”.

La misma es utilizada por las legislaciones modernas, haciendo notar que se han dejado de lado otras cuestiones, tales como el impacto económico local o regional, el interés de la comunidad -reflejada a través de las políticas implementadas por el Estado- en la radicación de determinadas industrias en determinadas zonas de la Provincia, poniendo el acento en el plano sanitario y de cuidado de la salud.

Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Nacional expresa que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Es decir, con estos dos señalamientos de leyes, Aranda busca que se aplique la ley y se preserve la vida de los vecinos de esa localidad matancera, poniendo por encima la salud antes que cualquier rédito económico subyacente.

La compañía que ofrece prebendas para seguir trabajando

Sobre la posición que seguirá tomando, la entrevistada fue tajante y afirmó que “ellos juegan al desgaste, que ya se van a morir. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Lo único que pido es que se cumpla la ley. Ellos dicen que yo hago un delito. ¿Es delito pretender que no maten a mi familia y a mis vecinos?”.

“Siempre se mueren los pobres. Nuestra vida cotiza muy poco. Ellos cotizan en grande. Hace 11 años venimos luchando. Hemos llegado hasta la Corte Suprema, pero te cajonean todo, te dicen que no son competentes y lo pasan a la justicia provincial”, complementó la vecina del barrio Colonia Las Mercedes de Virrey del Pino.

Del mismo modo, explicó que han llegado hasta las últimas instancias judiciales para exigir el alejamiento de la fábrica de su barrio: “En la justicia provincial al menos el fiscal general fue muy sincero. Dijo que jamás íbamos a llegar a ningún puerto porque no tenemos poder de dinero para hacer tamaño relevamiento sanitario y epidemiológico”.

Asimismo, recordó las duras palabras que les dijeron los expertos en salud y afirmó que “nos dijeron que el barrio no podía seguir, que nos teníamos que ir ¿Ustedes creen que las autoridades municipales hicieron algo? Te querían callar la boca y darte 20 mil pesos para tu sentencia de muerte los de Klaukol”.

Responsabiliza a las autoridades municipales

En el último tramo de la entrevista, Aranda cargó las tintas de la situación sobre quienes toman las decisiones de permitir el trabajo de la empresa en la zona: “Hago responsable a las autoridades municipales porque ellos dieron la autorización para que trabajen ahí y ellos jamás deberían haberse emplazado ahí y sin embargo lo hicieron. Más de 100 vecinos murieron de cáncer”

“El problema es que vivimos en el patio trasero de La Matanza. Nos sacan fotos, nos persiguen, la policía nos mira de la vereda de enfrente, medio barrio que ya no está, las casas las compró la firma (Klaukol) con otras personas. Los punteros políticos del intendente someten al barrio”, criticó la referente del barrio Colonia Las Mercedes.

Por último, reafirmó la peligrosidad de los punteros antes mencionados y concluyó que “son peligrosos, viven como reyes con casas que les construye Klaukol, pero en verdad es un mausoleo, porque en el barrio no se puede vivir, no es habitable. Esperemos llegar a alguna solución”.

La situación que plantea la entrevistada es preocupante. Según los datos que ha recabado más de 100 vecinos murieron de cáncer producto de los químicos que rondan el aire de la zona y frente a la negativa de las distintas instituciones, deberá seguir en pie de lucha para encontrar alguna respuesta al respecto.

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