N° de Edición 7013
Discapacidad

La Cámara Federal de Seguridad Social frenó el ajuste a las pensiones no contributivas de personas con discapacidad

La Cámara Federal de Seguridad Social frenó el ajuste a las pensiones no contributivas de personas con discapacidad.

La cámara emitió un fallo que declaró inconstitucional el recorte de pensiones por incompatibilidades previamente establecidas.

El fallo suspendió la validez del procedimiento para los titulares de pensiones que debían acreditar que no cumplían con las incompatibilidades supuestamente detectadas en un plazo de solo diez días.

Por Melisa Correa

melisacorrea.prensa@gmail.com

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló esta semana a favor de la acción de amparo presentada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y declaró la inconstitucionalidad de la resolución N° 268/2018, que habilitaba el recorte de las pensiones no contributivas por invalidez, y de algunos artículos del decreto Nº 432/1997 que prevén causales de suspensión y caducidad de este beneficio. Así como también este fallo obliga al estado a pagar las pensiones suspendidas desde 2016.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en septiembre del año anterior en el Boletín Oficial la resolución N° 268/2018, que establecía un procedimiento administrativo mediante el cual los titulares de las pensiones debían acreditar que no cumplían con las incompatibilidades previstas en el Decreto Nº 432/1997 remontado para beneficio del estado y que detalla causales de suspensión y caducidad de este beneficio a titulares de pensiones no contributivas por invalidez.

Según la resolución que fue declarada inconstitucional, los titulares de estas pensiones intimados por irregularidades detectadas debían comunicarse telefónicamente para combinar un turno en la dependencia de ANSeS más cercana a su domicilio, actualizar sus datos personales y presentar su descargo en tan solo un plazo máximo de 10 días, lo que representaba un atropello a los derechos de las personas con discapacidad.

Al respecto y tras las repercusiones suscitadas por el fallo, la abogada apoderada de REDI, Varina Suleiman expresó a los medios que “por ser este artículo violatorio del debido proceso y del derecho de ajuste razonable de procedimiento, el Estado deberá dictar una nueva norma para regir el trámite, que sea respetuosa de los derechos que la anterior violó”,

Asimismo, Suleiman puntualizó que debido a las implicancias de este fallo se da lugar a la suspensión de la exigencia de solicitar turnos telefónicos a la ANCES. Asimismo, es importante remarcar que el fallo de la Cámara también declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 1° incisos “f”, “g” y artículo 5°, inciso “a”, primer párrafo, del Decreto N° 432/97 porque van en contra de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, se debe contemplar que no puede privarse de la pensión a los titulares por las siguientes causales referidas como “a) estar amparado el peticionante o su cónyuge por régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; b) tener parientes que estén obligados legalmente a prestarle alimentos o vivir con familiares o en entidades públicas o privadas que estén en condiciones de asistirlo; c) tener invalidez laboral del 66 por ciento medida exclusivamente con criterios aritméticos. En este sentido, la abogada de REDI añadió que «la medición deberá tener en cuenta los factores complementarios de la incapacidad, apreciados en una forma integral”.

Más logros y repercusiones

Otro de los logros concretados en el fallo para el colectivo, es que el mismo obliga al estado a restablecer las pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016 y anteriormente la sentencia definitiva de primera instancia ordenaba restablecer pensiones desde 2017. Al respecto, en el fallo, los jueces explicaron que “El estado de emergencia económica que pareciera ser endémico en nuestro país, no representa un argumento serio ni de peso para retacear o, lo que sería peor todavía, desbaratar la protección de los derechos sociales de prosapia convencional y constitucional a la que el Estado argentino se comprometió ante la comunidad internacional”.

Este fallo dio lugar a una acción de amparo presentada por REDI y otras organizaciones contra el Ministerio de Desarrollo Social, que había suspendido miles de pensiones, sin previo aviso, y que posteriormente ante el repudio popular expresó que la iniciativa, se trataba de un error. Sin embargo, en 2018, cuando a través de una sentencia la justicia ordenó restituir los beneficios, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley apeló rápidamente el fallo.

Por su parte y con el objetivo de informar a la sociedad sobre los alcances del fallo y los pasos a seguir para lograr el cumplimiento de lo establecido a partir del mismo, la cátedra Discapacidad, Políticas y Ciudadanía REDI habilitó un espacio en el que disertaron la abogada apoderada Varina Suleiman y el presidente de REDI Marcelo Betti en la facultad de Ciencias Sociales, lugar en el que cual posteriormente brindaron una conferencia de prensa para difundir lo charlado y la importancia de esta sentencia.

En la misma línea y al puntualizar sobre la importancia del fallo, sus alcances y las acciones para el cumplimiento, el presidente de REDI, Marcelo Betti en declaraciones exclusivas a Diario NCO y el programa radial sobre discapacidad Sintonía de Inclusión expresó: «Este es un fallo que obliga al estado nacional a restituir la totalidad de las pensiones dadas de baja desde 2016 en adelante. Este fallo es muy importante para el colectivo de las personas con discapacidad, y más aún porque el proceso  judicial que nos permitió llevar a cabo este fallo  ha sido muy complejo. REDI es una organización muy pequeña, con muy pocos recursos económicos, con una sola abogada y de alguna manera ha logrado en este proceso doblegar de alguna manera al estado nacional que tiene un batallón de abogados y todos los recursos”.

“Lo que queda por delante en realidad es un fallo judicial favorable que se obtiene, pero no es el fin del camino, porque sabemos que si esto no se logra efectivizar en la restitución concreta de las pensiones no sirvió de nada. Y para eso necesitamos por supuesto que el conjunto de la sociedad civil acompañe, acompañe que las personas con discapacidad hagan los reclamos correspondientes. Nosotros como organización no poseemos la fuerza ni la capacidad de trabajo que requeriría todo esto, por eso estamos apelando a las defensorías de las distintas provincias, a los trabajadores sociales y a los demás abogados comprometidos con la temática de la discapacidad para que asesoren a las personas con discapacidad», agregó sobre el camino que queda el presidente de la red.

 

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