Daniela Sposato, secretario general de SUTEBA La Matanza se refirió a cómo acciona el gremio frente a situaciones conflictivas que derivan en docentes denunciados penalmente. “Nosotros tenemos que garantizar para esos trabajadores todos los derechos laborales”, declaró. Además, hizo hincapié en que “el abuso sexual en las infancias es real y es mucho. Y hoy somos nosotros quienes estamos pudiendo visibilizarlo y por eso nos toca pasar por estas situaciones”.
Por Soledad Martínez
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La secretaria general de SUTEBA La Matanza, Daniela Sposato, manifestó que la Justicia debe intervenir e investigar las denuncias que recaen sobre docentes por abuso presuntamente ocurridos dentro de un establecimiento escolar, pero pidió además que las familias “conozcan la dinámica escolar, que puedan ver cómo funcionan los baños, cómo funcionan los recreos y que sepan que todo el tiempo hay adultos acompañando esas niñeces”, explicó.
En este sentido, la docente expresó: “no queremos ser solo el ojo de la tormenta” y aclaró: “entendemos es que el abuso sexual en las infancias es real y es mucho. Y hoy somos nosotros quienes estamos pudiendo visibilizarlo y por eso nos toca pasar por estas situaciones”.
Para Sposato es de vital importancia “poner sobre la mesa que la escuela es un espacio con muchos y muchas adultas mirando y observando a esos niños y esas niñas y que además invitamos a otros a acompañarnos en esa tarea”.
Más allá de la denuncia judicial, frente a un hecho que involucra a un docente, en la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires se inicia una investigación administrativa. Esta instancia puede llegar a tener una resolución a nivel local o provincial
Como primera medida la Dirección General de Escuelas determina que ese trabajador cumpla funciones fuera del establecimiento. “Esto no significa que sea culpable, sino que se lo resguarda tanto al docente como a la comunidad y se inicia la investigación”, detalló Sposato.
“Lo que nosotros pudimos hacer en relación a este acuerdo de resguardo y reparación es que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan sus puestos de trabajo y sus garantías laborales en el proceso de la investigación”, amplió la gremialista.
Hay causas que no avanzan porque la Justicia es lenta”
La secretaria general de SUTEBA recalcó que mientras se esté en investigación, “no estamos diciendo que alguien es culpable” y que mientras se aparta al trabajador de su puesto de trabajo “ese docente no está ahí, pero no es que está penado por la Dirección General de Escuelas”.
Una de las dificultades en la resolución de los conflictos es, Según Sposato, los tiempos de las justicia. “Estas investigaciones administrativas pueden durar 3, 5 años y quizás las causas judiciales no avanzan porque la familia entendió que eso no había sucedido, o había sucedido en otro lado o no avanzan porque la justicia es lenta”, explicó.
Esto provoca que el docente esté apartado “por algo que ni siquiera avanza la investigación judicial”, señaló la docente, que además añadió: “lo que planteamos es que hay que tener muchos reparos a la hora de poder tomar esa denuncia”.
Generar espacios de escucha, hacer visitas oculares para poder detectar si esa denuncia es viable, son algunos de los pasos que Sposato considera imprescindibles para abordar la problemática.
Además, la docente pide “responsabilidad del otro lado” ya que “para nosotros implica procesos de quizás 10 años”. Asimismo, Sposato enfatizó: “necesitamos mayor presupuesto para el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Los servicios locales de La Matanza no dan abasto”.
La docente contó que “hay un equipo especializado que trabaja los casos de abusos que son muchos y creemos que esto tiene que ver con un avance de la Educación Sexual Integral, porque los chicos y las chicas pueden poner en palabras qué es lo que sucede al interior de sus casas, qué es lo que sucede cuando quedan al cuidado de otros y de otras”.
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