Recurrentemente se ha planteado el tema de la reconciliación entre los argentinos por parte de distintas expresiones de la derecha. Ahora, como elemento novedoso, se nos propone negociar la verdad por la justicia para reconciliarnos.
Ha sido la UCA la que ha convocado recientemente a una reunión por este motivo, en la que Norma Morandini actuó como representante de las víctimas del terrorismo de estado, Arturo Larraburu como representante de las víctimas de la guerrilla y monseñor Casaretto hizo las veces de reconciliador. Al diario la Nación le ha tocado el papel de propalador, ampliador de este evento e historiador de los hechos que generaron esta “separación entre los argentinos y que ahora demandaría la reconciliación”.
La negociación propuesta enarbola como ejemplo el modelo sudafricano, en donde a partir de una amnistía para los crímenes cometidos por el apartheid, se obtuvo información sobre los mismos. En definitiva la propuesta es cambiar verdad por justicia: los desaparecedores, asesinos y torturadores nos dicen dónde están los niños robados a las madres desaparecidas, dónde los cadáveres de los desaparecidos y nosotros los perdonamos. A este supuesto objetivo de reconciliación adscriben Carrió, Massa, Macri, Sanz, los medios hegemónicos y seguramente un periodista al que lo teníamos “podrido” con la dictadura.
Una pluma de La Nación nos ilustra haciendo paralelismo histórico acerca de la violencia guerrillera “que comenzó con Uturunco”, y los excesos del terrorismo de estado. El periodista debe estar poco informado o debe tener alguna intencionalidad específica, o poca tinta, ya que si deseamos mencionar episodios violentos que podrían haber patentizado profundas divisiones entre los argentinos, podría citarse el fusilamiento de 1500 obreros rurales en la Patagonia, de los que hay una notable recreación histórica en la película “La Patagonia rebelde”, o los fusilamientos de obreros en los talleres Vassena durante la semana trágica en 1921, o los atentados contra el orden constitucional realizados por facciosos de uniforme militar desde el golpe del 30 al del 76; y qué decir del monstruoso bombardeo a Plaza de Mayo, que provocó la muerte de alrededor de 300 civiles y más de 1000 heridos, perpetrado por la aviación naval y sectores de la Fuerza Aérea el 16 de junio de 1955, nuestro Guernica.
La derecha siempre consideró y decretó como violencia a la lucha popular en cualquiera de sus formas: fuera esta protesta gremial o reivindicativa, huelga o pueblada que surgiera como expresión de resistencia a los abusos del poder. Variadas respuestas ante las dictaduras: la instaurada por el golpe del 55, la de Onganía en el 66, continuada por Levingstone y Lanusse y finalmente “el proceso” instaurado en 1976.
Si bien estos planteos reconciliatorios han existido desde hace tiempo, con el objetivo de frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad, es notable que en estos momentos, (recientemente hubo otra reunión del mismo tenor que la de la UCA en la Universidad de San Andrés), los esfuerzos de los “reconciliadores” se han redoblado. Preguntémonos entonces ¿por qué? Y, fundamentalmente ¿para qué?
Como bien se ha dicho en los últimos tiempos, el proceso iniciado a partir del golpe del 76 no fue una dictadura militar, sino una dictadura cívico militar, y debiéramos agregar que todas las dictaduras que hemos sufrido fueron cívico militares, ya que las fuerzas armadas y de seguridad han cumplido el papel de tropa mercenaria a sueldo fijo. Siempre los mandantes han sido los dueños del poder económico y los militares su brazo armado. Hasta ahora los enjuiciados y encarcelados habían sido los militares, los mercenarios, los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad; pero estamos llegando a la etapa del juzgamiento de los autores intelectuales, de los verdaderos y profundos responsables del genocidio y del despojo, y eso los ha puesto muy nerviosos. Después de los militares, policías y guardiacárceles, han llegado al banquillo algunos representantes del poder judicial, cómplices de la tortura y la muerte, mercenarios civiles, empleados al fin; pero también Blaquier, Massot, el fallecido Martínez de Hoz… esos han sido y son los dueños del país, de la riqueza y también lo fueron de nuestras vidas.
Estamos llegando al hueso, y el hueso les duele más, porque finalmente estamos llegando a ellos. No es de extrañar entonces que movilicen todos sus recursos para defenderse.
Hace años, un periodista de la prensa hegemónica, firmemente relacionado a los servicios de inteligencia del ejército durante la dictadura, un año antes del suicidio de Yabrán, escribió en una columna del día domingo que era probable que Yabrán tuviera un mal destino, ya que había quienes decían que su fortuna se debía a que era el testaferro de importante gente del proceso, y estos mandantes habían establecido como condición el bajo perfil de su empleado y al perderse este bajo perfil no estaban dispuestos a que se llegara a ellos. Yabrán era uno. No pueden hacer que todos se suiciden para no llegar a ellos. ¿Tendrán miedo de que el pacto de silencio se rompa?
¡Treinta mil compañeros desaparecidos, cuatrocientos nietos que aún esperan tener una vida con sus verdaderas familias y miles de compañeros sobrevivientes de la tortura hablan, gritan que no hay reconciliación posible! ¡Hay memoria, verdad y justicia! ¡Ese es el clamor!
FUIMOS TORTURADOS, ESTAMOS VIVOS, TENGAMOS MEMORIA. ¡TORTURA NUNCA MÁS!
SOBREVIVIENTES DE LA TORTURA- Asociación Civil Nº 1.893.123 – Exp. IGJ 7.423.824 sobrevivientesdelatortura@gmail.com
