N° de Edición 6805
Breves Matanza

Piden juicio oral por “travesticidio”

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Piden juicio oral por “travesticidio” para uno de los detenidos por el crimen de Diana Sacayán.
Diana Sacayán, líder de la comunidad trans, fue asesinada de trece puñaladas en 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores.

Dos fiscales pidieron que se eleve a juicio oral la causa por el «travesticidio» de la líder trans Diana Sacayán, asesinada de trece puñaladas en 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, informaron hoy fuentes judiciales.

La solicitud fue formulada al juez de instrucción Gustavo Pierretti por el fiscal a cargo de la causa, Matí­as Di Lello, y su colega de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.

Los representantes del Ministerio Público pidieron que sea sometido a juicio Gabriel David Marino (23), en tanto que continúa la investigación respecto de otro imputado en el expediente.

Según informó la página de la Procuración General de la Nación, se imputa a Marino haber asesinado a Sacayán en el interior del departamento de la avenida Rivadavia al 6700 entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015.

El cuerpo de la activista trans fue hallado el 13 de octubre atado de pies y manos y amordazado: en el lugar, se encontró gran cantidad de sangre, un cuchillo con una hoja de 20 centímetros, una tijera y un martillo.

La autopsia fue concluyente: Sacayán recibió 27 lesiones en su cuerpo, trece de las cuales habí­an sido producidas por un arma blanca, además de presentar golpes varios.

En su presentación, Di Lello y Labozzetta consideraron que se trató de un «travesticidio», es decir que Sacayán fue asesinada con un alto grado de violencia «por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI)».

También recordaron que Diana era «impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, lí­der de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)».

Como militante, Sacayán impulsó la sanción de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y en 2012 obtuvo su DNI femenino, otorgado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales establecieron que, tras cometer el crimen y al no encontrar las llaves de la ví­ctima, Marino y su cómplice forzaron la cerradura del departamento, previo a sustraer 20.000 pesos que Diana guardaba en el lugar.

Marino fue detenido dí­as después del crimen junto al otro imputado en la localidad bonaerense de Morón y entre las pruebas relevantes en su contra se pudo rescatar su huella dactilar del dedo medio de la mano derecha en la puerta de ingreso al dormitorio de Sacayán.

Además, el encargado del edificio vio ingresar a los dos hombres, uno a las 20.00 y otro a las 22.30, a su domicilio, y al segundo de ellos la víctima lo recibió con un beso en la boca.

Al ser indagado, Marino manifestó haber conocido a Sacayán en el ex Centro Nacional de Recuperación Social (CENARESO), en el marco de un tratamiento por adicciones, y afirmó que habí­a tenido un par de encuentros sexuales con la ví­ctima.

Sin embargo, negó haberla matado y, en cambio, sostuvo que el dí­a del hecho llegó al departamento de Sacayán y que allí­ se encontraba otro hombre, con el que la ví­ctima habrí­a mantenido una discusión.

 

Marino dijo ver que la líder trans sacaba un cuchillo y que el otro hombre se lo arrebataba, comenzaba a apuñalarla y finalmente la maniataba cuando estaba inconsciente.

Esta versión fue descartada por el juez Pierretti, que procesó a Marino y lo embargó por 600.000 pesos, medida que en diciembre pasado confirmó la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El delito que se le imputa a Marino es el de coautor de «homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado con violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosí­a, en concurso real con robo».

En caso de ser hallado responsable en el juicio oral, la pena prevista es la de prisión o reclusión perpetua.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron profundizar la investigación respecto a otros dos sospechosos, cuyas identidades no trascendieron a fin de preservar la investigación.

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